En una decisión que ha generado controversia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha anunciado su intención de vetar el aumento en los valores catastrales solicitado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. El ajuste propuesto contempla incrementos de hasta un 30%, lo que, según García, sería “desproporcionado” para los regiomontanos. Sin embargo, este rechazo se ve en contraste con la postura tomada en 2021, cuando el gobernador aprobó un aumento similar en los valores catastrales solicitados por el entonces alcalde emecista Luis Donaldo Colosio, sin objeción alguna.
La contradicción en las decisiones del gobernador ha provocado interrogantes sobre si estos cambios de postura se deben a factores políticos o si están basados únicamente en la evaluación técnica de los ajustes. Mientras que en 2021 no se mostró reticente a un incremento que en algunos sectores alcanzó hasta un 50%, en esta ocasión se muestra crítico ante el aumento propuesto por el actual alcalde, quien pertenece al PRI. El contraste ha dejado a muchos especulando sobre si las inclinaciones políticas están influyendo en estas decisiones.
Un veto con sabor a política
El gobernador de Nuevo León ha sido claro al señalar que considera el incremento solicitado por Adrián de la Garza como excesivo. En su declaración, García afirmó que un aumento de hasta el 30% en los valores catastrales impactaría negativamente en los ciudadanos, especialmente en tiempos de dificultades económicas. No obstante, la decisión de vetar este ajuste, aunque aún fuera del plazo establecido para hacerlo, ha levantado críticas y cuestionamientos. Los opositores señalan que el gobernador está adoptando una postura inconsistente al haber aprobado, sin reservas, un aumento más elevado en 2021.
En 2021, la administración de Colosio solicitó un aumento promedio del 19% en los valores catastrales, que en algunas zonas de la ciudad llegó hasta un 50%. A pesar de la magnitud de estos incrementos, el gobierno estatal no puso objeciones y permitió que se publicara el ajuste en el Periódico Oficial del Estado. Este aumento, que afectó directamente al pago del predial en Monterrey, fue aprobado por el Congreso local y no recibió ningún rechazo del ejecutivo.
La diferencia en el trato de los incrementos de 2021 y 2023 ha llevado a la especulación de que las decisiones del gobernador pueden estar influenciadas por la afiliación política de los involucrados. Mientras que Luis Donaldo Colosio es miembro de Movimiento Ciudadano (MC) y cercano al gobernador, Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, pertenece al PRI. Esta diferencia política podría estar pesando en la decisión de García, lo que ha generado un debate sobre la objetividad de sus acciones.
La política detrás del veto: ¿criterios técnicos o afinidades políticas?
El rechazo del gobernador a la propuesta de aumento catastral en Monterrey, al mismo tiempo que aprobó un ajuste similar en 2021, ha abierto una brecha de dudas sobre si los criterios que está utilizando para tomar estas decisiones están basados en análisis técnicos o si, en cambio, responden a sus afinidades políticas. En 2021, García aprobó sin reservas el aumento solicitado por Colosio, lo que en algunas zonas implicó incrementos de hasta el 50% en los valores catastrales.
La justificación de García para vetar el aumento actual ha sido que considera los ajustes “desproporcionados”. Sin embargo, al no poner objeciones al alza de 2021, que fue aún mayor en algunas zonas de la ciudad, muchos se preguntan si este veto tiene un trasfondo político que involucra la relación entre el gobernador y el alcalde de Monterrey. Mientras que Colosio y García comparten afinidades dentro del mismo partido, el PRI de Adrián de la Garza se encuentra en la oposición, lo que podría estar influyendo en las decisiones de García.
Además, el hecho de que el plazo para vetar el aumento ya haya vencido, plantea aún más interrogantes sobre la necesidad de tomar una acción tardía. Los críticos del gobernador señalan que, si la decisión fuera verdaderamente técnica, debería haberse tomado dentro del marco de tiempo permitido para evitar la sensación de que la motivación es política.
El conflicto entre el gobernador y el alcalde de Monterrey ha dejado en evidencia las tensiones políticas en Nuevo León. Aunque ambos comparten la responsabilidad de administrar el estado y la ciudad, sus diferencias partidistas podrían estar influyendo en las decisiones clave que afectan a los regiomontanos. La gestión del predial y los valores catastrales son solo un ejemplo de cómo las políticas públicas se ven moldeadas por la dinámica política, lo que puede generar incertidumbre entre los ciudadanos. Mientras tanto, los vecinos de Monterrey continúan observando con atención el desarrollo de este conflicto y esperan que se resuelva de manera transparente y justa para todos los implicados.
