El Gobierno de Nuevo León, a través del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), propone aumentar la “tarifa de castigo” a 20 pesos para los pasajeros que paguen en efectivo en el transporte urbano.
Esto se suma al incremento de la tarifa general, que subirá a 17 pesos para aquellos que utilicen pagos electrónicos. Este ajuste afecta principalmente a los usuarios que aún prefieren el pago en efectivo, que, según las autoridades, representan alrededor del 90% de los pasajeros.
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Medios electrónicos impulsados por el Gobierno estatal
La medida tiene como objetivo incentivar el uso de pagos electrónicos, como la tarjeta o la aplicación Urbani. El Secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, había argumentado previamente que el impacto del aumento sería mínimo, ya que una gran mayoría de los usuarios paga en efectivo.
La nueva propuesta del IMA plantea que la “tarifa de castigo” se incremente a 20 pesos, buscando reducir aún más el pago en efectivo, con el objetivo de limitarlo a solo el 10% de los usuarios.
Proceso de aprobación de la nueva tarifa
El Comité Técnico del IMA presentará la propuesta para la aprobación del Consejo Consultivo, un órgano compuesto por ciudadanos y representantes de diferentes sectores. Sin embargo, esta entidad solo podrá hacer recomendaciones, y la aprobación final dependerá de la Junta de Gobierno del IMA, donde los funcionarios estatales tienen mayoría.
Este ajuste en las tarifas tiene como fecha de implementación enero de 2025, y ya se aplicó un aumento en noviembre del 2024, con la reclasificación de rutas urbanas que incrementaron el costo de 12 y 13 pesos a 15, para pagos en efectivo.
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Posible violación a la Ley de Movilidad
De acuerdo con los colectivos ciudadanos y algunos legisladores, el proceso de actualización tarifaria debería pasar por varias etapas antes de ser aprobado. Estas incluyen la presentación de un estudio técnico ante la Comisión de Tarifas, su discusión en el Consejo Consultivo y, finalmente, la validación en la Junta de Gobierno de Movilidad. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los estudios que justifiquen el incremento, lo que para los críticos representa un proceso opaco e irregular.
En respuesta, diputados del Congreso anunciaron su rechazo a la medida y solicitaron que se revise el procedimiento con base en la Ley de Movilidad, evitando que se apruebe un incremento que carezca de fundamentos sólidos. Rocío Montalvo, representante legislativa en el Consejo Consultivo, adelantó que votará en contra del aumento debido a la falta de transparencia. “No se puede imponer un tarifazo sin cumplir con lo que establece la ley. Se deben respetar los procesos y garantizar que haya un análisis claro que respalde esta decisión”, señaló.
Además, los legisladores advirtieron que el aumento afectaría especialmente a las personas con menores ingresos, quienes dependen diariamente del transporte público como su principal medio de movilidad. Al no haberse presentado mejoras significativas en la calidad del servicio, como la modernización de unidades y la frecuencia de las rutas, consideran que el ajuste tarifario es injustificado y únicamente representa una carga adicional para los ciudadanos.
