En un periodo de solo cuatro meses, el gobernador Samuel García se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra una serie de transacciones financieras sospechosas y acusaciones de desvío de fondos. Las investigaciones han revelado una serie de prácticas cuestionables, incluyendo la triangulación de recursos estatales y la adquisición de bienes de gran valor, que han suscitado serias preocupaciones sobre la integridad del gobernador y su administración.
Triangulación de Fondos Estatales
Las acusaciones contra Samuel García se centran en un complejo esquema de triangulación financiera que ha involucrado grandes sumas de dinero. Según los informes, el gobernador habría utilizado su influencia para canalizar fondos estatales hacia empresas asociadas con él y su familia. Un caso destacado es el de la empresa Suministro MYR, que transfirió 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF), un despacho dirigido por García y su padre. Este acto ha levantado serias dudas sobre la transparencia de los contratos y las licitaciones en el gobierno estatal.
Adicionalmente, el medio Latinus ha documentado pagos de 4.6 millones de pesos de Don Cacahuato y 40 millones de pesos de PILSA a FJyF. Ambos contratos, que estaban destinados a proveedores del gobierno, han sido cuestionados por la falta de claridad en la asignación y el uso de los fondos. Estos pagos han sido interpretados como un intento de desviar recursos públicos hacia empresas vinculadas directamente con el círculo cercano del gobernador.
Compra de Terreno Millonario en San Pedro por Samuel García
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la adquisición de un terreno de 700 millones de pesos en San Pedro, una de las zonas más exclusivas y caras de Nuevo León. La compra de este terreno ha sido criticada como un claro ejemplo de la opulencia y el derroche asociado con la administración de García. El uso de fondos públicos para adquirir propiedades privadas de alto valor plantea preguntas sobre la motivación del gobernador y su compromiso con las necesidades de la ciudadanía.
La compra de esta megamansión no solo refleja un alto nivel de lujo y extravagancia, sino que también ha generado preocupaciones sobre cómo se han financiado estos activos. La falta de transparencia en la procedencia del dinero utilizado para esta transacción es un tema central en las investigaciones actuales. Las críticas se han centrado en que, en lugar de invertir en mejoras para la comunidad o en proyectos de infraestructura necesarios, el gobernador parece priorizar su enriquecimiento personal.
Desvío de Recursos del DIF y Obras Públicas
La corrupción también ha afectado al sistema de bienestar social en el estado. Se ha reportado que García desvió cerca de 5 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a su propio despacho legal. Este acto ha sido visto como un grave abuso de poder, dado que los recursos del DIF estaban destinados a programas de apoyo social y no a enriquecer a los asociados del gobernador.
Asimismo, se ha documentado la desviación de 40 millones de pesos destinados a la construcción y mantenimiento de carreteras. Estos fondos, que deberían haber sido utilizados para mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los ciudadanos, fueron desviados hacia otras áreas, presumiblemente relacionadas con intereses personales y familiares del gobernador.
