Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, pidió a través de sus redes sociales donativos en especie para regalar a los niños y niñas del DIF Capullos esta Navidad. La solicitud surge, según sus declaraciones, porque el organismo estatal no cuenta con recursos, lo que generó una ola de críticas y cuestionamientos entre los ciudadanos.
Mariana Rodríguez: DIF Capullos Sin Dinero, Pero Con Lista de Regalos con Dirección en San Pedro
Rodríguez compartió una lista de deseos en Amazon que suma 4,312 regalos. Si bien la acción parece motivada por un interés altruista, pone bajo el escrutinio público no solo a la influencer, sino también a la administración estatal. Es difícil desvincular las acciones de Rodríguez del gobierno de su esposo, especialmente cuando asegura que el DIF Capullos no cuenta con recursos.
La situación fue evidenciada por la creadora de contenido Claudia Ferriño, quien destacó en sus redes sociales que, según lo estipulado en una modificación a la Ley de Egresos publicada en enero, los ingresos del Instituto de Control Vehicular (ICV) debieron haberse destinado íntegramente al DIF Capullos. Esto incluye recursos provenientes de licencias, replaqueos, refrendos y multas. Ante este contexto, surge la interrogante: ¿qué pasó con el dinero que debería haber llegado al organismo?
Ingresos Etiquetados para el DIF
La Ley de Egresos reconducida establece dos disposiciones claras relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes. El Artículo 8 asigna más de 23 millones de pesos para apoyar a familias de acogimiento certificadas. Mientras tanto, el Artículo 51 contempla un presupuesto total de 15,134 millones de pesos destinado a 13 programas enfocados en menores de edad, administrados por siete dependencias gubernamentales.
Además, el ICV recibió autorización para refinanciar créditos por más de 5,000 millones de pesos, con el objetivo de pagar compromisos adquiridos. Sin embargo, esta estrategia financiera parece estar desvinculada de los recursos que deberían beneficiar directamente a la niñez.
La pregunta crucial: ¿dónde está el dinero?
La controversia creció al conocerse que los regalos solicitados por Rodríguez debían ser enviados a su domicilio en San Pedro, un detalle que reavivó críticas sobre su falta de transparencia. Este tipo de acciones plantean dudas sobre la gestión estatal y resaltan la dependencia del DIF Capullos a la caridad ciudadana y empresarial, cuando debería contar con el respaldo financiero del Gobierno.
Expertos y ciudadanos cuestionan por qué un organismo público, encargado de proteger a las poblaciones más vulnerables, recurre a estrategias de donativos en lugar de ser plenamente financiado por el Estado. Las acciones de Rodríguez, lejos de resolver la problemática estructural, exponen las fallas en la administración de recursos y la incapacidad del gobierno para garantizar el bienestar infantil.
La falla estructural detrás del DIF
Aunque los llamados de Mariana Rodríguez pueden parecer bienintencionados, evidencian una realidad alarmante: la dependencia de un organismo público a iniciativas privadas para cumplir con su labor. Esto deja en claro que las infancias en situación de vulnerabilidad no deberían depender de la buena voluntad de figuras públicas o empresas, sino de un Estado que cumpla con su obligación de proteger y proveer los recursos necesarios.
El manejo del DIF Capullos refleja problemas más profundos, como desvíos de recursos, falta de transparencia y negligencia en la administración pública. Las acciones de Rodríguez y el gobierno estatal no solo fallan en resolver estas problemáticas, sino que perpetúan un modelo que deja en la incertidumbre a los más vulnerables.
¿Qué sigue para el DIF Capullos?
La situación demanda una revisión exhaustiva de los recursos destinados al DIF estatal y una rendición de cuentas clara por parte del gobierno. La atención a la niñez y adolescencia no puede depender de campañas mediáticas ni de la caridad ocasional. En un sistema ideal, los fondos etiquetados para organismos como el DIF Capullos deben ser administrados con transparencia, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan.
