Una indagación periodística realizada por el periódico ‘Reforma’ ha sacado a la luz un presunto esquema de desvío de fondos públicos que involucra a Samuel García, gobernador de Nuevo León. El reporte detalla cómo más de 200 millones de pesos habrían terminado en una de las empresas vinculadas a García, desencadenando un escándalo político en la entidad.
Trasfondo de la Investigación
De acuerdo con las averiguaciones, Suministros MYR, una empresa que ha obtenido contratos millonarios con el gobierno estatal para proporcionar servicios de alimentación en instituciones penitenciarias y otras entidades públicas, transfirió aproximadamente 237 millones de pesos a Productos Mexicanos JACE, una empresa relacionada. Posteriormente, esta última habría depositado cerca de 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal de Abogados, un bufete fundado por la familia García.
Alegaciones y Desvinculaciones
Ante estas acusaciones, Samuel García ha negado cualquier tipo de participación en actividades ilícitas a través de sus redes sociales. Insiste en que su gobierno es “incorruptible” y que las acusaciones en su contra son un “montaje”. Según su versión, Suministros MYR ya tenía contratos con el gobierno de Nuevo León desde antes de que él asumiera el cargo de gobernador en 2021. Además, señala que su despacho jurídico ha prestado servicios a Productos Mexicanos JACE desde 2017, mucho antes de que él ocupara el cargo gubernamental.
Contexto Político
Esta no es la primera vez que Samuel García se ve envuelto en polémica. En 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) lo multó con 448,000 pesos por un presunto esquema de triangulación de recursos durante su campaña para la gubernatura. Sin embargo, García y su familia han negado estas acusaciones, argumentando que se trató de donativos y no de un desvío de fondos.
Respuesta y Acusaciones
García ha arremetido contra el periódico ‘Reforma’, calificando la investigación como un “montaje” y acusando a la Fiscalía del Estado de filtrar información para difamarlo. Asimismo, ha señalado a la “vieja política” como responsable de obstaculizar sus aspiraciones políticas, destacando las tensiones con el Congreso de Nuevo León durante su breve periodo como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.
El escándalo en torno a Samuel García pone de manifiesto los desafíos éticos y políticos a los que se enfrenta el gobierno de Nuevo León. Mientras el gobernador continúa defendiendo su inocencia, las investigaciones y las reacciones públicas seguirán arrojando luz sobre la presunta corrupción en la entidad.