El gobierno estatal de Samuel García ha decidido tomar un camino desconcertante en su lucha contra los baches, y parece que están eligiendo la ruta más desacertada.
En su último movimiento, el gobierno estatal decidió otorgar un contrato millonario a una empresa novata para abastecerse de asfalto. La empresa en cuestión, Constructora Ahucatlán, con sede en Puebla, apenas tiene experiencia como proveedora para dependencias públicas.
Historial Dudoso
Para ser justos, los antecedentes de Constructora Ahucatlán como proveedora de servicios públicos son prácticamente inexistentes fuera de su estado de origen. En Nuevo León, esta empresa es un completo desconocido. ¿Entonces por qué el gobierno decidió apostar por ella?
Sin Competencia, Sin Preguntas
Lo más alarmante es que esta asignación millonaria se realizó sin competencia alguna. En la licitación para adquirir mil toneladas de mezcla asfáltica, Constructora Ahucatlán fue la única participante. ¿Acaso no hay otras empresas más calificadas en el mercado?
Elecciones a la Vista
¿Qué tiene que ver todo esto con las elecciones que se avecinan? Resulta curioso que este repentino interés en tapar baches coincida con la campaña electoral, donde la esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, busca la alcaldía de Monterrey con Movimiento Ciudadano. ¿Es esta una jugada política más que una solución efectiva para los problemas viales?
Más Preguntas que Respuestas
El proyecto piloto previo ya había mostrado preferencia por una mezcla asfáltica con aditivo de PET, pero parece que esta lección se ha olvidado en el proceso de licitación. ¿Por qué se ignoraron los resultados previos?
¿Solución o Problema?
En lugar de ofrecer una solución efectiva y transparente, el gobierno estatal parece haberse embarcado en una aventura llena de incertidumbres y preguntas sin respuesta. ¿Este es el tipo de gestión que los ciudadanos merecen?
Es hora de que el gobierno de Samuel García rinda cuentas y explique por qué ha tomado decisiones tan cuestionables. Los ciudadanos merecen transparencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, no improvisaciones políticas disfrazadas de soluciones.
