En Nuevo León, una asociación privada dedicada a la reforestación ha recibido millones de pesos de recursos provenientes de aportaciones por impacto ambiental. Sin embargo, estos fondos no son auditados por el Estado ni están sujetos a mecanismos de transparencia o licitación pública.
Se trata de Reforestación Extrema, organización que desde 2023 mantiene un convenio con el Gobierno estatal, lo que le ha permitido recibir montos millonarios que no pasan por las arcas públicas. La situación ha despertado inquietudes entre expertos en gestión pública y ciudadanos que cuestionan la opacidad en el uso del dinero destinado a mitigar el daño ambiental provocado por empresas y proyectos de construcción.
Uno de los puntos más alarmantes del caso es el fuerte aumento en los recursos disponibles para los llamados “gastos internos” de la asociación, los cuales crecieron más de cinco veces en apenas un año, sin que exista información detallada sobre su uso.
Crecen recursos para gastos internos
En 2024, Reforestación Extrema obtuvo 17.8 millones de pesos exclusivamente para su operación administrativa. Esto representa un incremento del 536% con respecto al año anterior, cuando disponía de 2.8 millones para el mismo fin. A esta cifra aún habría que sumar lo correspondiente al mes de diciembre, por lo que el total podría ser incluso mayor.
Este dinero proviene de aportaciones económicas realizadas por empresas y particulares que, por ley, deben compensar el impacto ambiental derivado de sus actividades. Lo preocupante es que, una vez entregados, esos recursos no son canalizados a través del Gobierno, sino que llegan directamente a las cuentas bancarias de la asociación civil.
La Secretaría de Medio Ambiente del estado fue quien firmó el convenio que permite este esquema. Según lo estipulado, Reforestación Extrema puede quedarse con hasta un 10% del total recibido para cubrir sus gastos operativos, cuando antes solo se permitía un 3%.
Entre los conceptos que cubren estos recursos están el pago de sueldos, alquiler de bodegas, vehículos, pipas, seguros, herramientas, uniformes y otros gastos que no necesariamente están vinculados de forma directa con la siembra de árboles. Tampoco hay obligación de hacer licitaciones públicas ni rendir cuentas bajo la Ley de Transparencia.
Convenio permite operar sin control
El modelo bajo el que opera esta asociación se consolidó durante la gestión de Félix Arratia como titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Fue él quien, en marzo de 2023, autorizó que las aportaciones por impacto ambiental fueran canalizadas directamente a Reforestación Extrema.
Desde entonces, la organización ha recibido más de 270 millones de pesos en total, una cifra que incluye los ingresos por aportaciones y por su margen administrativo. Solo en 2024, el monto recibido por la asociación supera los 178 millones de pesos, lo que representa una parte significativa del total recaudado por ese concepto.
El acuerdo, calificado por críticos como una “privatización encubierta” de los recursos ambientales, ha generado preguntas sobre la forma en la que se toman decisiones sobre el uso del dinero público indirecto. Aunque no se trata de fondos fiscales tradicionales, el origen del dinero es obligatorio para quienes desarrollan proyectos que generan impacto ambiental, y debería contar con vigilancia institucional.
El hecho de que la organización no esté sujeta a procesos de revisión financiera por parte del Gobierno estatal complica la posibilidad de evaluar si los fondos se usan eficientemente o si hay irregularidades. Además, no existen informes detallados disponibles al público sobre el número de árboles plantados, su mantenimiento, o las zonas intervenidas.
¿Dónde están los resultados?
A pesar de los montos crecientes que ha recibido Reforestación Extrema, no se han presentado informes públicos claros que respalden con resultados concretos el destino de los recursos. Se desconoce, por ejemplo, si los árboles que han sido plantados sobreviven al paso del tiempo, qué áreas han sido reforestadas, o cuál ha sido el impacto ecológico real del programa.
La ciudadanía ha comenzado a cuestionar si el crecimiento del presupuesto operativo se traduce en beneficios tangibles para el medio ambiente o si, por el contrario, se trata de una estructura costosa con escaso impacto verificable.
Además, existe el riesgo de que otras asociaciones o empresas busquen replicar este modelo, abriendo la puerta a una gestión cada vez más opaca de fondos vinculados a temas ambientales, los cuales deberían ser manejados con rigurosidad y evaluación técnica constante.
Mientras tanto, la falta de mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación mantiene en duda la eficiencia de este esquema. Expertos en políticas públicas han advertido que, si bien los convenios con organizaciones civiles pueden ser positivos cuando están bien estructurados, no pueden sustituir la función del Estado como garante del bien común ni como administrador responsable de los recursos.
El caso de Reforestación Extrema ilustra cómo decisiones administrativas pueden tener efectos duraderos en la estructura de gasto ambiental del estado. También revela la urgencia de establecer controles independientes y mecanismos de fiscalización ciudadana para cualquier convenio que implique el manejo de recursos públicos o de aportaciones obligatorias.
Exponen red de facturación
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado un escándalo de desfalco que involucra al gobierno de Nuevo León por un monto presunto de 2,235 millones de pesos. Este hallazgo fue producto de una serie de auditorías realizadas a los recursos transferidos por la Federación al estado, a través de las Participaciones Federales. La irregularidad, que afecta a diversas dependencias gubernamentales, se encuentra enmarcada por una serie de pagos irregulares, contratos inconsistentes y compras sin justificación. Este informe no solo expone serios problemas de corrupción dentro de la administración estatal, sino que también pone en duda la capacidad del gobierno de Samuel García para gestionar adecuadamente los recursos públicos destinados al bienestar de los ciudadanos.
Este desfalco ha generado una ola de reacciones tanto a nivel estatal como nacional, ya que los recursos involucrados son parte de las contribuciones federales, cuyo fin es mejorar la infraestructura y los servicios públicos del estado. Sin embargo, según las investigaciones, los fondos no solo fueron mal administrados, sino que también fueron desviados hacia actividades fraudulentas, lo que deja al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.
Anomalías detectadas en las auditorías
La Auditoría Superior de la Federación encontró una serie de anomalías que van desde pagos a trabajadores fantasma hasta despensas que no fueron entregadas, pasando por adquisiciones de medicinas que no fueron justificadas. Uno de los hallazgos más alarmantes fue que 201 empleados continuaron recibiendo salarios a pesar de haber sido dados de baja, lo que equivale a un desfalco de 154.4 millones de pesos. Además, se identificaron gastos no comprobados por un monto de 5.5 millones de pesos, relacionados con despensas que nunca llegaron a sus destinatarios.
En total, las irregularidades fueron detectadas en 18 dependencias estatales, entre ellas el DIF y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León (CECyTE). Las investigaciones también revelaron que hubo violaciones a las leyes de contabilidad y adquisiciones públicas, lo que pone en evidencia no solo un mal manejo de los recursos, sino una falta de control y transparencia dentro de las estructuras gubernamentales encargadas de velar por el buen uso de los fondos públicos.
El impacto político y las implicaciones para Samuel García
El escándalo de desfalco afecta directamente la imagen del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ha sido señalado por su vinculación con estas irregularidades. Esta situación no solo resalta la falta de controles internos en el gobierno estatal, sino que también cuestiona la integridad de las instituciones que deberían ser las encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos. A pesar de que el gobernador ha defendido la administración de los fondos y ha prometido que se esclarecerán las irregularidades, la presión sobre su administración ha aumentado significativamente.
Este caso se suma a los antecedentes de Samuel García, quien ha estado vinculado previamente a situaciones de corrupción, como el escándalo de la “joya de la corona”, una propiedad adquirida por 700 millones de pesos que ha sido objeto de críticas por el origen de los fondos utilizados. Ahora, con la revelación de un presunto desfalco de 2,235 millones de pesos, las dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos por parte del gobernador se incrementan. El gobierno tiene 60 días para aclarar las irregularidades, o de lo contrario, el caso será llevado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La situación ha puesto a Movimiento Ciudadano en una posición difícil, especialmente en un contexto electoral donde la imagen del partido está siendo seriamente afectada. Mientras algunos actores políticos como los dirigentes del PAN y PRI exigen explicaciones y responsabilizan a Samuel García por el desvío millonario, la administración estatal enfrenta un reto difícil para recuperar la confianza de la ciudadanía y justificar el manejo de los fondos públicos. Los opositores han señalado que este tipo de prácticas corruptas pueden tener consecuencias devastadoras para la estabilidad política del estado, especialmente a medida que se acercan las elecciones.
El hecho de que la Auditoría Superior de la Federación haya detectado tales irregularidades en el manejo de los recursos federales plantea serias preguntas sobre la integridad de la administración actual y su capacidad para garantizar el buen uso de los fondos destinados al desarrollo del estado.
Las repercusiones para el gobierno estatal
El desfalco detectado por la ASF tiene implicaciones profundas tanto para la administración de Samuel García como para la administración pública en Nuevo León en general. A pesar de las políticas de transparencia que se han implementado, los hallazgos en las auditorías evidencian que las instituciones encargadas de velar por la correcta asignación de los recursos no han funcionado como deberían. Este escándalo podría significar un golpe mortal para la credibilidad del gobierno estatal, especialmente si no se logran esclarecer todas las irregularidades en el plazo otorgado por la ASF.
El proceso de investigación y aclaración que se llevará a cabo en los próximos 60 días será crucial para determinar las consecuencias para los responsables de este desfalco. Si el caso no se resuelve a favor de la transparencia y la justicia, el impacto en la imagen de Samuel García y su partido podría ser irreparable. Además, si se comprueba que existió un desvío de recursos a gran escala, las consecuencias legales para los implicados podrían ser severas, con consecuencias a nivel personal y político.
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