El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, prepara la contratación de un nuevo endeudamiento por 10 mil 500 millones de pesos, a través de un mecanismo que le permitiría evadir la aprobación del Congreso local. Esta operación financiera se realizaría mediante la Red Estatal de Autopistas (REA), un organismo público descentralizado que ahora será utilizado como vía para adquirir pasivos sin rendición directa de cuentas al Legislativo.
Según fuentes cercanas a la administración estatal, la propuesta fue aprobada en una sesión privada del Consejo de Administración de la REA, donde los principales puestos están ocupados por funcionarios del propio gobierno. La justificación para esta deuda es supuestamente el financiamiento de obras del Metro, un argumento que ha sido utilizado con frecuencia para respaldar grandes préstamos. Sin embargo, la manera en la que se está estructurando esta nueva deuda ha desatado cuestionamientos sobre la falta de transparencia, el uso discrecional de recursos públicos y el creciente endeudamiento del estado.
Se dispara la deuda de la REA
La estrategia de utilizar la Red Estatal de Autopistas para contratar deuda no es nueva, pero ahora se intensifica. De acuerdo con los reportes, el endeudamiento total de la REA pasará de 15 mil 193 millones de pesos a 25 mil 739 millones, lo que representa un incremento del 69 por ciento. Este aumento drástico tiene como garantía los ingresos provenientes del Periférico, es decir, se hipotecarán los flujos que generan estas vialidades para pagar el nuevo crédito durante una década.
Este tipo de maniobras ha sido cuestionado anteriormente por legisladores y organismos civiles, ya que, al realizarse mediante organismos descentralizados, no se requiere la misma vigilancia ni rendición de cuentas que con las finanzas del Poder Ejecutivo. Es decir, aunque se trate de dinero público y deuda que afecta al estado en general, no se somete al mismo nivel de revisión que si fuera una solicitud directa del Gobierno ante el Congreso.
Además, el monto propuesto se suma a otro endeudamiento ya aprobado por el Congreso local en 2024, también de más de 10 mil millones de pesos, lo que indica que el gobierno duplicará el nivel de pasivos programados en un solo año. Este comportamiento ha encendido las alertas entre analistas financieros y actores políticos que acusan un uso irresponsable del crédito público, sin un plan de pago claro ni resultados palpables en términos de obra o infraestructura.
Sin claridad en el destino del dinero
Aunque el argumento central del Gobierno es que este crédito será utilizado para financiar la expansión del sistema de transporte colectivo Metro, hasta el momento no se han presentado proyectos ejecutivos, cronogramas de obra, ni estudios financieros que respalden la necesidad y viabilidad de dicha inversión.
La falta de información concreta ha generado escepticismo. Aún no se sabe exactamente qué líneas del Metro serían intervenidas, qué tramos se construirían ni qué empresas estarían involucradas en el proceso. Tampoco se han realizado foros ciudadanos ni sesiones públicas donde se escuche a especialistas y usuarios sobre las prioridades en materia de movilidad.
Además, el historial de proyectos inconclusos en el estado, como la Línea 3 del Metro —que tardó más de una década en completarse y sigue presentando deficiencias—, refuerza la preocupación de que este nuevo endeudamiento termine siendo otro compromiso financiero sin resultados tangibles para la población.
Por otra parte, la falta de transparencia en la administración de Samuel García se ha vuelto un patrón preocupante. Las decisiones clave se toman en círculos cerrados, sin pasar por mecanismos de revisión o contrapeso, lo que debilita la confianza ciudadana y vulnera principios de legalidad.
Preocupa lentitud en obras
Durante el gobierno de Samuel García, las obras en Nuevo León han avanzado a un ritmo mucho más lento de lo esperado, debido a diversos factores que han obstaculizado el progreso de los proyectos clave. Uno de los principales factores es la decisión de bloquear recursos a nivel municipal, lo que ha retrasado muchos de los proyectos importantes. A esto se suma la constante reducción de las ambiciosas propuestas de infraestructura, especialmente en el proyecto del metro, que ha sufrido recortes significativos desde la eliminación de la Línea 5 hasta la drástica reducción de la Línea 6 en un 50%.

Bloqueo de recursos y falta de apoyo municipal
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de obras en Nuevo León ha sido la decisión del gobierno de Samuel García de bloquear los recursos destinados a los municipios, lo que ha afectado la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar proyectos en sus respectivas localidades. Este enfoque ha generado fricciones con los alcaldes, quienes se han visto limitados en su capacidad para realizar mejoras en áreas esenciales como la infraestructura vial, la seguridad y los servicios públicos.
El gobierno estatal ha justificado estas acciones con el argumento de que es necesario centralizar los recursos para garantizar su uso eficiente y evitar malas gestiones a nivel municipal. Sin embargo, esta centralización ha tenido efectos negativos en el avance de obras que se requieren con urgencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en diversas regiones del estado. Los municipios, al no contar con los recursos necesarios, se han visto obligados a reducir o posponer proyectos que ya estaban en marcha, lo que ha generado frustración entre los habitantes y ha afectado directamente su bienestar.
El metro: un proyecto que se hace cada vez más pequeño
El proyecto del metro en Monterrey, que prometía ser una de las soluciones clave para mejorar la movilidad en la ciudad, ha sufrido múltiples recortes desde que Samuel García asumió la gobernatura. El proyecto original, que incluía la construcción de nuevas líneas y la expansión de la red existente, ha pasado por una serie de ajustes que han reducido considerablemente su alcance. Uno de los primeros golpes al proyecto fue la eliminación de la Línea 5, una propuesta que había sido considerada esencial para conectar áreas de gran densidad poblacional y aliviar la congestión vehicular en la ciudad. Esta eliminación, debido a la falta de consenso con los vecinos y la oposición a la construcción de la línea, marcó un retroceso importante en las promesas de modernización del sistema de transporte público.
Pero la reducción en el alcance del metro no terminó ahí. La Línea 6, que originalmente debía ser una de las líneas más importantes del sistema, ha sufrido una reducción del 50%. El tramo que iba a conectar más áreas del área metropolitana ahora se ve limitado a un tramo mucho más pequeño, lo que afectará directamente la capacidad de la línea para satisfacer la demanda de transporte de los ciudadanos. Este recorte en la Línea 6 es un ejemplo claro de cómo el proyecto del metro ha ido perdiendo fuerza, a medida que se reducen los recursos y se ajustan las metas en un esfuerzo por cumplir con los plazos establecidos.
Impacto de la reducción de proyectos en Monterrey
La disminución del alcance de proyectos como el metro y el bloqueo de recursos a nivel municipal han tenido un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Monterrey y el área metropolitana. La falta de inversión en infraestructura clave ha generado un estancamiento en el desarrollo urbano, que se ve reflejado en un aumento del tráfico, la congestión vial y la falta de servicios adecuados en diversas zonas. Los ciudadanos de Nuevo León han tenido que enfrentarse a un panorama de promesas incumplidas, en el que los proyectos que se habían presentado como soluciones definitivas ahora parecen cada vez más lejanos.
El hecho de que el metro haya sufrido recortes tan significativos, junto con la paralización de obras municipales debido a la falta de recursos, refleja una tendencia preocupante en la administración de Samuel García. Aunque el gobierno ha seguido adelante con algunas iniciativas, los resultados han sido insuficientes para resolver los problemas de infraestructura que afectan a la población. Los ciudadanos de Nuevo León se encuentran atrapados en un ciclo de deudas crecientes, proyectos reducidos y una falta de avances tangibles en las áreas más críticas.
La deuda y la falta de resultados concretos
Otro factor que ha afectado el progreso de las obras en Nuevo León es la creciente deuda pública del estado. A pesar de que el gobierno ha contratado préstamos para financiar diversos proyectos, la deuda de 73,000 millones de pesos acumulada durante la administración de Samuel García ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. La deuda sigue creciendo, y las obras que se prometieron para mejorar la infraestructura del estado continúan detenidas o avanzando a un ritmo mucho más lento de lo previsto.
La falta de resultados concretos, a pesar de la creciente deuda, ha generado desconfianza en la gestión de recursos del gobierno estatal. A medida que las finanzas del estado se deterioran, se hace más difícil justificar el endeudamiento masivo si los proyectos no se llevan a cabo de manera eficiente. En lugar de ver avances en la infraestructura de transporte, los ciudadanos de Nuevo León se enfrentan a un panorama de estancamiento, con promesas incumplidas y proyectos que no llegan a la etapa de finalización.
¿Te gustaría saber cómo la deuda está afectando el desarrollo de Monterrey? Lee el siguiente artículo.
En conclusión, los avances en las obras públicas en Nuevo León bajo la administración de Samuel García han sido lentos y están marcados por una serie de recortes y bloqueos que han reducido el alcance de proyectos clave, como el metro. La eliminación de la Línea 5 y la reducción de la Línea 6 en un 50% son ejemplos de cómo los proyectos de infraestructura que se presentaron como soluciones para la ciudad han ido perdiendo fuerza. Además, el bloqueo de recursos a nivel municipal ha dificultado aún más la ejecución de proyectos esenciales en diversas áreas del estado. La falta de resultados concretos, sumada al aumento de la deuda, pone en duda la capacidad del gobierno para transformar realmente la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León.
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