Gobierno de Samuel García e Instituto de Movilidad y Accesibilidad Dan Contrato Millonario a Ego Móvil, Empresa con 19 Años de Inoperatividad
El gobierno de NL, dirigido por Samuel García, otorgó un contrato de 3,307 millones de pesos al consorcio Ego Móvil, una empresa que estuvo inactiva por 19 años. El acuerdo, destinado al arrendamiento de 600 camiones, enfrenta cuestionamientos por su falta de experiencia y la entrega de solo el 55% de las unidades comprometidas. Este caso resalta irregularidades en la gestión del transporte en Nuevo León.
Irregularidades en la Adjudicación del Contrato
Ego Móvil fue creada en Querétaro en 2004 y permaneció inactiva hasta 2023, cuando se modificó su giro empresarial días antes de una licitación pública, entre el 6 y el 7 de marzo del 2023 cuando celebró las asambleas extraordinarias para modificar su giro y los poderes de sus accionistas. Originalmente, Ego Móvil se centraba en la comercialización de equipos electrónicos. Sin embargo, se adaptó para incluir actividades relacionadas con el transporte y la movilidad.
La empresa ganó el contrato en mayo de 2023 junto con Poliuretanos y Plásticos Reforzados. Este acuerdo, tipo “full service”, incluía el mantenimiento de 600 camiones chinos, además de otros servicios. De acuerdo a la resolución del gobierno de Samuel García, aunque la convocatoria tuvo 15 participantes, solo tres presentaron propuestas y, de esos, Ego Móvil fue el único candidato que cumplía con requisitos técnicos.
La falta de antecedentes operativos y las condiciones del contrato ponen en entredicho la legitimidad del contrato. El domicilio fiscal registrado es una casa en Querétaro, y la dirección aportada para el contrato corresponde a una bodega en García, Nuevo León, sin señas de actividad empresarial visible.
Las Tres I’s: Irregular, Incumplimiento e Ingresos de Ego Móvil
Hasta el día de hoy, noviembre 2024, Ego Móvil solo ha entregado 328 de los 600 camiones prometidos, siendo que tenía como fecha límite 31 de octubre de 2023. Según la Auditoría Superior del Estado, esta cifra representa apenas el 55% del total. A pesar de los retrasos, la empresa ya facturó más de 1,312 millones de pesos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA).
Ingresos de Ego Móvil en 2023
El contrato incluye una vigencia hasta 2027 y estipula la realización de inspecciones mensuales, mantenimiento preventivo y correctivo, así como inventarios de refacciones. Sin embargo, la poca experiencia de Ego Móvil y su incumplimiento con entregas plantea seria preguntas sobre la legitimidad de la adjudicación de este contrato.
Además, copias de declaraciones fiscales de los últimos años demuestran que la compañía no tuvo ingresos en un periodo de de cuatro años (del 2019 al 2022) y que la renovación de sus ingresos fue hasta la asignación de contrato estatal en el 2023: 570.3 millones de pesos en septiembre, 220.9 millones en octubre y 240.7 millones en diciembre del 2023.
Además, su socio, Poliuretanos y Plásticos Reforzados, también tiene antecedentes empresariales diversos que no están relacionados con el transporte.
El representante legal de Ego Móvil, Édgar Eduardo Rosales, posee otras compañías en el giro inmobiliario, mientras que uno de sus accionistas, José Luis Salas Sánchez, figura en múltiples empresas de sectores variados. Estos antecedentes han incrementado las sospechas sobre la legitimidad del proceso.
Impacto en la Crisis de Transporte
La asignación de este contrato millonario pone en evidencia los problemas que enfrenta el sistema de transporte en Nuevo León. El gobierno justificó la elección de Ego Móvil como la opción más viable, pero los retrasos y las irregularidades cuestionan esta decisión. Por ejemplo, Volvo Group México solicitó más tiempo para presentar una propuesta durante la licitación, pero su petición fue rechazada, lo que dejó fuera a un posible competidor de mayor experiencia.
La situación agrava los retos ya existentes en movilidad estatal. Usuarios y expertos señalan que la falta de cumplimiento en contratos como este afecta directamente la calidad del servicio. Además, plantea interrogantes sobre los criterios empleados para adjudicar recursos públicos a empresas con antecedentes dudosos.