La Lucha por el Control de Brechas en el Sur de Nuevo León

Ante el cierre de rutas en el norte de Nuevo León debido al fortalecimiento de la seguridad militar, los grupos delictivos han redirigido sus esfuerzos hacia las brechas y caminos rurales del sur del estado, específicamente en la región citrícola. Estos caminos se han convertido en puntos estratégicos para su operación, ya que conectan con Tamaulipas y permiten evitar controles carreteros.

Según fuentes cercanas a los municipios de Montemorelos y Linares, cuatro importantes cárteles están presentes en esta zona: el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, estas organizaciones continúan operando, lo que subraya la necesidad de una intervención coordinada entre Fuerza Civil, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial.

Retos en las brechas citrícolas

La disputa por el control de las brechas no es un fenómeno nuevo en Nuevo León. Según Julio Ernesto González, integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, esta situación recuerda la lucha que existía en el norte del estado hasta hace un año, cuando los cárteles se enfrentaban por el paso en la brecha de El Niño. González destacó que el campo es el principal objetivo de estos grupos, ya que permite movimientos discretos y evita enfrentamientos directos en áreas urbanas.

La vigilancia en estas zonas requiere recursos especializados, como drones y helicópteros, para monitorear caminos de terracería y rutas clandestinas. Sin embargo, los expertos coinciden en que la clave para frenar estas actividades está en fortalecer el conocimiento y la presencia de las fuerzas de seguridad en el área.

Fuerza Civil refuerza la seguridad carretera

En respuesta a esta problemática, el gobierno de Nuevo León anunció en noviembre pasado la creación de una nueva división de Fuerza Civil enfocada en la vigilancia de autopistas y carreteras. Esta división, que cuenta con más de 600 elementos y nuevas patrullas, trabaja en coordinación con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en vías como las carreteras a Reynosa, Nuevo Laredo y Matehuala. Aunque estas medidas son positivas, no están diseñadas específicamente para atender las brechas rurales que utilizan los grupos delictivos.

Julio Ernesto González enfatizó la necesidad de que los cuarteles de Fuerza Civil en municipios como Juárez, General Bravo y Cerralvo funcionen de manera eficiente para combatir a los delincuentes. Asimismo, subrayó la importancia de extender estos esfuerzos hacia la zona sur del estado, que ha recibido menos inversión y atención en comparación con el norte.

La lucha por el control de brechas en el Sur de Nuevo León.

Abandono de las policías municipales de las brechas

Otro factor que dificulta la lucha contra el crimen organizado es la precariedad de las corporaciones policiacas municipales. Los bajos sueldos, la falta de armamento y la escasez de personal son problemas recurrentes que dejan a los municipios en una posición de desventaja frente a los grupos delictivos.

“Lo que hace falta es el apoyo a los municipios en seguridad. Con la eliminación de subsidios federales y la falta de participaciones destinadas a seguridad pública, los oficiales trabajan en condiciones muy desfavorables”, comentó González.

Este panorama desincentiva a las personas a integrarse a las filas policiacas, lo que agrava la situación.

Una región en busca de soluciones

La región citrícola y el sur de Nuevo León enfrentan un desafío significativo. La presencia de grupos delictivos en las brechas y caminos rurales afecta tanto la seguridad como el desarrollo de estas comunidades. Aunque la creación de la Fuerza Policiaca de Caminos es un paso en la dirección correcta, es necesario redoblar los esfuerzos y coordinar recursos entre los distintos niveles de gobierno.

La lucha por el control de las brechas en Nuevo León es un recordatorio de que la seguridad pública requiere no solo estrategias inmediatas, sino también inversiones sostenidas y un enfoque integral que considere las necesidades específicas de cada región del estado.

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