El derecho al medio ambiente sano en México ha enfrentado una serie de obstáculos que dificultan su cumplimiento efectivo, lo que genera una brecha entre lo establecido en la Constitución y la realidad vivida por millones de ciudadanos. A pesar de que este derecho está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen diversas problemáticas que impiden que la mayoría de la población acceda a un entorno libre de contaminación y con una adecuada gestión de los recursos naturales. Esta situación se agrava con los vacíos legislativos y la falta de políticas públicas actualizadas para enfrentar los desafíos ambientales del país.
El incumplimiento y las deficiencias legales
El derecho al medio ambiente sano, uno de los pilares fundamentales para la calidad de vida de los mexicanos, sigue siendo un desafío en el ámbito jurídico y legislativo. Si bien la Constitución mexicana establece que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, la realidad muestra una falta de implementación de políticas efectivas y la ausencia de reformas cruciales en leyes clave. Un informe reciente realizado por Saúl Arellano, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que las disposiciones legales en áreas como el agua, el suelo, los residuos, los bosques y la atmósfera aún requieren reformas profundas.
Uno de los problemas más serios es que la Ley de Aguas Nacionales no ha sido modificada desde 1992, lo que impide que se aborden de manera adecuada los nuevos escenarios de escasez y contaminación hídrica que enfrenta el país. En cuanto al suelo, la falta de reformas en los artículos constitucionales 27 y 115 limita la capacidad del gobierno para regular adecuadamente el uso del suelo y frenar la deforestación y el desarrollo urbano desmedido. Además, las leyes relacionadas con la gestión de residuos también están desactualizadas, lo que complica la solución de problemas como la acumulación de basura y la contaminación en muchas ciudades.
La situación es igualmente alarmante en el área de los bosques, donde la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es reciente, pero aún carece de la implementación efectiva que permita detener la deforestación masiva y promover la reforestación. En cuanto a la atmósfera, el país no cuenta con una legislación específica que regule las emisiones contaminantes de industrias y vehículos, lo que ha contribuido a una grave crisis de calidad del aire en diversas regiones.
La falta de áreas verdes y servicios públicos adecuados
A pesar de que la Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, los datos sobre la disponibilidad de áreas verdes y la satisfacción de la población con los servicios públicos son preocupantes. Según los indicadores más recientes, en México hay un promedio de 15.2 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante, lo que parece ser una cifra insuficiente cuando se compara con los estándares internacionales de calidad de vida. De hecho, sólo el 40% de la población está satisfecha con los servicios de parques y jardines públicos.
Un dato alarmante es que una de cada cinco personas que vive en zonas urbanas no tiene acceso a un solo árbol en su entorno cercano, lo que genera una sensación de hacinamiento y falta de bienestar. La carencia de espacios naturales adecuados afecta la salud física y mental de las personas, ya que las áreas verdes contribuyen al bienestar general, la calidad del aire y el control de la temperatura en las ciudades.
La desigualdad en el cumplimiento del derecho en los estados
El cumplimiento del derecho al medio ambiente varía significativamente en todo el territorio nacional. Según el informe de Arellano, hay estados que presentan un cumplimiento ejemplar de los derechos ambientales, mientras que otros enfrentan una grave crisis en este sentido. Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Jalisco se encuentran entre los estados con mejores indicadores, mientras que Guerrero, Tabasco, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Nuevo León, Puebla y Morelos se encuentran entre los peores.
En cuanto al Índice de Conservación de la Biodiversidad, elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), los estados más comprometidos con la sustentabilidad son Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Durango, Sonora, Colima y Campeche. Por el contrario, entidades como Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes presentan una menor sustentabilidad y enfrentan serios retos ambientales.
La caída de la inversión pública en protección ambiental
Un factor crucial para el cumplimiento de los derechos ambientales es la inversión pública, que en los últimos años ha mostrado una caída significativa. En los últimos cuatro años, la inversión pública per cápita para la protección ambiental ha disminuido en un 23%, lo que refleja la falta de compromiso y recursos destinados a combatir la crisis ecológica. Esta reducción en el financiamiento afecta directamente a la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas en áreas como la reforestación, la gestión de residuos y la calidad del aire.
La escasez de fondos también ha repercutido en el tratamiento de aguas residuales, que en 2021 registró un retroceso a niveles de 2015. Este retroceso en el tratamiento de aguas pone en riesgo la salud de millones de mexicanos, especialmente en áreas donde el acceso al agua limpia es limitado.
Reformas necesarias y la intersección con otros derechos
La crisis ambiental en México no puede ser resuelta sin un enfoque integral que considere la intersección del derecho al medio ambiente con otros derechos humanos fundamentales, como el derecho al agua, la salud, la alimentación y la vivienda digna. Como señala el informe de Arellano, se requieren reformas culturales, económicas y legislativas para garantizar que todos los mexicanos puedan disfrutar de un medio ambiente sano.
Este derecho está profundamente conectado con la protección de la biodiversidad, el acceso a alimentos saludables, el derecho a la salud y el acceso a una vivienda adecuada. De hecho, la falta de un entorno saludable afecta directamente la calidad de vida de las personas, generando enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por el agua, y problemas de salud mental debido al estrés y la falta de acceso a la naturaleza.
El papel de la ciencia y la tecnología en la solución
El filósofo Jaime Fisher, en su obra “El hombre y la técnica”, plantea interrogantes sobre los beneficios de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida humana. Fisher advierte sobre la necesidad de cuestionar constantemente los avances científicos y tecnológicos, un ejercicio que también debe aplicarse al ámbito ambiental. Las políticas públicas en materia ambiental deben ser evaluadas y ajustadas continuamente para garantizar que su implementación conduzca al bienestar colectivo y a la sostenibilidad del planeta. Las reformas necesarias deben ir más allá de los intereses económicos y tecnológicos, y centrarse en el bienestar de la población y el respeto por el entorno natural.
¿Quieres saber más sobre el tema? Lee el siguiente artículo.
La vulnerabilidad del derecho al medio ambiente en México sigue siendo una preocupación central, y aunque existen marcos legales y esfuerzos internacionales, es fundamental que se fortalezcan las políticas públicas, se actualicen las leyes y se prioricen inversiones en la protección ambiental. Con un compromiso real por parte de las autoridades y la participación activa de la sociedad, México tiene el potencial de lograr avances significativos en la preservación de su medio ambiente y en la garantía de un futuro más saludable para las generaciones venideras.
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