Morras Feministas Presentan Queja Contra Samuel García y Mariana Rodríguez
Integrantes de la colectiva Morras Feministas presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), acusando al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa, Mariana Rodríguez, de difamar y levantar falsos en su contra. La denuncia se deriva de una publicación en redes sociales, donde ambos figuras públicas aseguraron que las manifestantes que participaron en una protesta contra el aumento de las tarifas de transporte en Monterrey el 6 de enero, habían sido enviadas por un partido político opositor a Movimiento Ciudadano.
La representante de Morras Feministas, explicó que la publicación de Mariana Rodríguez en Instagram no solo hizo falsas acusaciones sobre la manifestación, sino que también compartió fotografías y nombres completos de las participantes, lo que consideraron una vulneración a su derecho a la libertad de expresión y a la protección de sus datos personales. También detalló que, debido a esta exposición, muchas de las integrantes del movimiento han experimentado problemas psicológicos y de ansiedad, temiendo por su seguridad.
La denuncia contra Samuel y Mariana y sus repercusiones en la seguridad de las activistas
En su declaración ante la CEDH, la representante lamentó que la difusión de información personal, como los nombres y las imágenes de las feministas, haya causado tanto miedo entre ellas.
“Nos sentimos muy lastimadas con esta situación. Hemos tenido problemas psicológicos, de pánico por la difusión de nuestros nombres completos, nuestras caras, y las mentiras que se están diciendo”, afirmó la activista.
Esta situación ha provocado que las manifestantes se sientan inseguras e incluso temerosas de salir a la calle, dado que, según afirman, podrían ser atacadas o agredidas por los simpatizantes del Movimiento Ciudadano.
Además de las acusaciones de difamación, la colectiva de Morras Feministas sostuvo que la publicación de Rodríguez en redes sociales, apoyada por Samuel García, forma parte de un patrón de agresiones que buscan desacreditar su lucha. De acuerdo con las feministas, la difusión de la información fue parte de una campaña orquestada desde una página vinculada al actual partido político en el poder, Movimiento Ciudadano. La situación ha llevado a un creciente temor entre las manifestantes, quienes aseguran que incluso temen por su integridad física.
Llamado a las autoridades para garantizar derechos y libertad de expresión
La denuncia no solo fue un reclamo contra la difusión de datos personales y la desinformación, sino también un llamado urgente a las autoridades para que se respete el derecho constitucional a la libre manifestación y expresión. Las feministas subrayaron que, más allá de las mentiras que les fueron imputadas, el problema radica en la falta de respeto a los derechos humanos de quienes se oponen a las políticas gubernamentales.
La activista destacó que este tipo de actos no solo afectan a las integrantes de Morras Feministas, sino que tienen un impacto generalizado sobre todas las personas que desean ejercer su derecho a la protesta.
“Es fundamental que las autoridades respeten la libertad de expresión de todas y todos. No podemos permitir que se criminalice a quienes levantan la voz”, señaló.
La colectividad también hizo un llamado a la CEDH y otras instituciones del gobierno estatal para que investiguen el caso contra Samuel García, y tomen medidas que eviten futuras agresiones contra activistas. La denuncia presentada refleja un creciente malestar sobre la criminalización de la protesta social, especialmente en un contexto donde las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, son vistas por algunos sectores como amenazas al poder político vigente.
El incidente pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de garantizar un entorno seguro para las y los activistas en Nuevo León, así como la urgencia de que se respeten los derechos de quienes luchan por una sociedad más justa e igualitaria. La resolución de esta queja podría sentar un precedente importante en la protección de la libertad de expresión y en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que participan activamente en la vida política del estado.
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