Proveedores Cuestionan Presupuesto de Movilidad
El pasado 3 de octubre, se llevó a cabo una Junta de Aclaraciones organizada por el Comité de Adquisiciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) del Estado. Este evento reunió a diversos proveedores, quienes plantearon importantes interrogantes respecto al proyecto de arrendamiento de unidades por un período de seis años. Entre las preocupaciones destacadas se encontraba la viabilidad del documento presupuestario asociado al proyecto y su protección jurídica.
Los representantes de consorcios prominentes, como Volvo Grupo México, Integra Arrenda y LDR Solutions, solicitaron información sobre la existencia de un fideicomiso destinado a garantizar el pago del arrendamiento. Este punto es crucial, dado que un acuerdo de arrendamiento a largo plazo requiere de certeza financiera para asegurar su cumplimiento a lo largo de los años.
Preocupaciones de proveedores
Una de las preguntas más apremiantes planteadas durante la junta fue: “¿Cómo se puede garantizar que el presupuesto existe y es suficiente para la duración del contrato de arrendamiento de seis años, y que la obligación de pago de la unidad convocante siempre existirá?” Esta inquietud fue expresada por Integra Arrenda, una de las empresas que participa en el proceso de licitación. La naturaleza a largo plazo del contrato de arrendamiento genera incertidumbre sobre la disponibilidad continua de fondos, especialmente en un entorno fiscal cambiante.
Además, se cuestionó la sostenibilidad del documento presupuestario. “¿El documento presupuestario para este proyecto es sostenible y está protegido jurídicamente? Si el presupuesto no puede aprobarse o es insuficiente en un año determinado, ¿se rescindirá sin más el contrato de servicios?”, preguntaron los proveedores. La posibilidad de rescisión del contrato en caso de insuficiencia presupuestaria plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad del acuerdo.
Relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso
Los proveedores también manifestaron su preocupación sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local, así como las dificultades que enfrentan para aprobar los paquetes fiscales anuales. “Con sólo tres años restantes en el actual mandato gubernamental y siendo el contrato de arrendamiento por seis años, el presupuesto debe ser aprobado anualmente por el Congreso estatal”, argumentaron.
Este contexto crea un ambiente de incertidumbre respecto a la continuidad del financiamiento del arrendamiento, dado que un cambio en la administración o en la composición del Congreso podría impactar la aprobación del presupuesto necesario para cumplir con las obligaciones del contrato.
Los proveedores expresaron su inquietud sobre cómo se garantizará que los pagos durante el período de seis años no se vean afectados por un posible cambio de gobierno. Esta es una cuestión clave, dado que el futuro político de la región es incierto y podría influir directamente en la ejecución del proyecto.
Respuestas del Instituto
En respuesta a las preguntas planteadas, el Estado se limitó a informar que la contratación se llevará a cabo mediante la modalidad de proyecto autofinanciable, tal como lo establece la Ley de Administración Financiera para el Estado. Sin embargo, esta respuesta fue considerada insuficiente por los proveedores, quienes buscan garantías más concretas respecto a la viabilidad financiera del proyecto.
El representante de Volvo Grupo México también hizo hincapié en la necesidad de contar con una garantía de pago a través de un fideicomiso que asegure la amortización del arrendamiento de los camiones. Esta solicitud es razonable, dado que la administración actual del Gobierno estatal concluirá en tres años, mientras que la licitación se extiende por seis. La discrepancia entre la duración del contrato y el tiempo restante en la administración actual genera dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con los pagos a largo plazo.
A pesar de las diferentes inquietudes expuestas, el Instituto mantuvo una postura similar en sus respuestas. Al ser cuestionados de nuevo, el IMA finalmente confirmó la existencia de un fideicomiso de administración y pago, aunque esta afirmación no disipó por completo las dudas de los proveedores sobre la garantía de los pagos futuros.
Volvo Grupo México, por su parte, reiteró su inquietud acerca de cómo se garantizará el cumplimiento de los pagos durante la próxima administración. La falta de claridad sobre este aspecto crítico pone de manifiesto la necesidad de un marco contractual sólido que brinde seguridad a todas las partes involucradas.