En el tejido de la administración pública de Nuevo León, un contrato por 128 millones de pesos otorgado en junio por la Secretaría de Planeación y Movilidad Urbana ha desatado un escándalo de proporciones impactantes. Este contrato, concedido a Proyectos de Infraestructura de la Laguna SA de CV, revela una intrincada red de relaciones empresariales que vinculan directamente a Samuel Orlando García Mascorro, padre del actual gobernador Samuel García.
Depósitos Millonarios que Conducen a la Familia de García
La trama se complica aún más con los depósitos por 38 millones 487 mil 90 pesos realizados por Proyectos de Infraestructura de la Laguna a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, firma fundada por el mismo Samuel Orlando García Mascorro. Este flujo de dinero plantea preguntas cruciales sobre la legalidad de las transacciones y ha llevado la atención de la Fiscalía General de la República hacia la familia del gobernador.
Samuel ante la Lupa de la FGR
Funcionarios de la Fiscalía General de la República confirman que el gobernador Samuel García ha comparecido en relación con una investigación en curso que indaga presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran a su familia. Este encuentro con la justicia señala un capítulo crucial en el escándalo, planteando la pregunta inevitable: ¿Enfrentará prisión el gobernador de Nuevo León?
Las Firmas Responsables y su Conexión con la Corrupción
El contrato en cuestión, identificado como 23-06-001, fue firmado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibarguengoytia Borrego. Este contrato benefició a Proyectos de Infraestructura de la Laguna SA de CV, una empresa propiedad de los hermanos Leobardo Arturo, Ricardo David y Claudia Elena Flores Leal. La complejidad de las relaciones empresariales en juego destaca la necesidad de una investigación minuciosa.
