La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una queja presentada por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, para detener un juicio político en su contra por el incumplimiento en la entrega del Presupuesto 2023. Con este fallo, el Congreso local podrá reactivar el proceso, aunque requerirá una mayoría calificada para proceder.
Juicio Político Reactivado Tras Fallo de la Corte; Congreso Avanzará En Proceso Contra Samuel García
El juicio político contra el Gobernador Samuel García, que había estado suspendido desde junio, podrá continuar luego de que la Suprema Corte desechara la queja presentada por el mandatario. Este recurso alegaba que los legisladores no podían iniciar el juicio mientras estaba pendiente el engrose de una controversia constitucional promovida por el Ejecutivo aunque ya la Sala Superior hubiera resuelto las sentencias.
La resolución, emitida por mayoría en la Segunda Sala, determinó que los argumentos del Gobernador eran infundados. Con ello, el Congreso estatal tiene vía libre para someter a votación en el pleno la continuidad del juicio político, según explicó un asesor legislativo en temas de constitucionalidad.
El proceso tiene su origen en el incumplimiento del Gobernador al no presentar en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de 2023, una obligación establecida en la Constitución. Según la oposición, este incumplimiento constituye una falta grave que justifica el juicio político.
Congreso Necesita 28 Votos A Favor
A pesar del fallo favorable, el Congreso enfrenta el desafío de reunir los 28 votos necesarios para que proceda el juicio político. Actualmente, el bloque de la oposición cuenta con 21 legisladores, por lo que requerirá el respaldo de otros grupos políticos para alcanzar la mayoría calificada.
Por su parte, el partido del Gobernador cuenta con 10 diputados, mientras que otros partidos minoritarios suman 11 legisladores. Esta composición legislativa convierte el proceso en un reto político para la oposición, que deberá negociar alianzas para avanzar en el procedimiento.
Además de este caso, el Congreso contempla iniciar otros tres juicios políticos contra el mandatario, relacionados con el incumplimiento de 17 sentencias emitidas por órganos electorales. Esto refuerza el clima de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo en Nuevo León, una tensión que se ha intensificado en los últimos meses.
Implicaciones Políticas del Juicio
El avance del juicio político no solo representa un desafío legislativo, sino que también tiene importantes implicaciones políticas para el estado. De proceder, el Gobernador podría enfrentar sanciones que van desde la inhabilitación hasta la destitución del cargo. Sin embargo, el desenlace dependerá de las negociaciones políticas y de la capacidad de los legisladores para construir acuerdos.
Por otro lado, el Gobernador y su equipo han calificado el proceso como un intento de desestabilización política, argumentando que el Congreso utiliza el juicio como una herramienta para bloquear sus proyectos de gobierno. Esta narrativa ha sido respaldada por sus aliados, quienes han cuestionado la imparcialidad del Legislativo.
Mientras tanto, los ciudadanos observan con atención el desarrollo de los acontecimientos. El caso pone en el centro del debate la responsabilidad de los servidores públicos y la capacidad de las instituciones para aplicar la ley sin sesgos políticos. El Congreso deberá demostrar que el juicio político se lleva a cabo con apego a la legalidad y no como una herramienta de presión política.
¿Cuál Es El Proceso Legislativo en el Juicio Político?
Con el fallo de la Suprema Corte, el Congreso tiene la responsabilidad de reactivar el juicio político y someterlo a votación. Esto implica una serie de pasos legislativos, que incluyen la elaboración de dictámenes y la realización de debates en comisiones y en el pleno.
En paralelo, el Gobernador podría recurrir a otros mecanismos legales para intentar frenar el proceso, lo que prolongaría aún más el conflicto. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que el juicio debe resolverse antes del cierre del actual periodo legislativo.
