La empresa TICSA, encargada por la administración del Gobernador Samuel García de adquirir 800 camiones urbanos por un total de 3 mil 936 millones de pesos, se encuentra en el ojo del huracán. No solo ha fallado en cumplir con las fechas de entrega estipuladas, sino que además, ha sido vinculada al uso de empresas “factureras” para sus operaciones, algunas de las cuales están ligadas a redes de firmas señaladas por el SAT como facturadoras de operaciones simuladas (EFOS).
Investigaciones y Hallazgos
Reportes de EL NORTE indican que, a lo largo de 2022, TICSA facturó al menos 526.8 millones de pesos principalmente al Instituto de Movilidad, organismo responsable de la compra de los camiones. Curiosamente, una parte significativa de estos fondos, específicamente 446.1 millones de pesos, fueron destinados a Jeca Mobility y otros 74.3 millones a presuntas empresas factureras, muchas de ellas con sede en Nuevo León.
Visitas a Domicilios Fiscales y Descubrimientos Alarmantes
En un trabajo de campo, EL NORTE visitó varios domicilios fiscales de empresas y socios relacionados con este entramado en Nuevo León. Se descubrió que muchos de estos lugares pertenecen a personas totalmente ajenas a las operaciones comerciales declaradas, evidenciando el posible uso de identidades y domicilios para actividades ilícitas.
Redes de Corrupción y Conexiones Peligrosas
Empresas como Sistemas Bosnol y Proyectos y Construcciones Avlin, facturaron a TICSA por servicios que van desde telecomunicaciones hasta transporte, pero en la práctica, estas compañías comparten domicilios y personal limitado, lo cual levanta sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones. Estas firmas están, además, conectadas con redes amplias ya identificadas por el SAT como EFOS, las cuales han sido utilizadas en otros escándalos de corrupción a nivel estatal y federal.
Respuestas y Medidas del Gobierno Estatal
Ante estos descubrimientos, la administración actual ha calificado estos actos como corrupción, y aunque casos como el de los hermanos Flores Martínez han sido denunciados penalmente, aún queda mucho por hacer para limpiar la red de contrataciones públicas del estado. TICSA, a pesar de las irregularidades, sigue adelante con el contrato de los 800 camiones urbanos, incluso con plazos extendidos de entrega.
Urgencia de Transparencia y Rendición de Cuentas
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas. La ciudadanía demanda que se atiendan y resuelvan estas prácticas corruptas que no solo malgastan recursos públicos sino que también minan la confianza en las instituciones gubernamentales. Es imperativo que se tomen medidas enérgicas para limpiar y optimizar los procesos de adquisición y contratación para evitar futuros fraudes e ilegalidades que afecten al estado y sus habitantes.
