La implementación del llamado “cobro verde” en Nuevo León, una medida fiscal que buscaba generar recursos para combatir la contaminación, ha generado controversia debido a la distribución de los recursos recaudados. Aunque el Gobernador Samuel García había prometido que los fondos obtenidos a través de este impuesto serían utilizados para la protección ambiental, la realidad es que solo el 5% de lo recaudado se destinará a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Este hecho ha causado críticas entre especialistas y ciudadanos que exigen mayor transparencia y un uso más eficiente de los fondos destinados a mejorar las condiciones ecológicas de la región.
Con el cobro de impuestos ecológicos proyectado para alcanzar los 2,936.6 millones de pesos en 2025, la Secretaría de Medio Ambiente recibirá solo 147.52 millones de pesos, un monto que representa una fracción mínima de lo recaudado. Este presupuesto coloca a la Secretaría en una posición secundaria, ocupando el lugar número 14 en el listado de prioridades de gasto del gobierno estatal para el próximo año. A pesar de las promesas de cambio y acción en el ámbito ambiental, este hecho resalta una desconexión entre las políticas fiscales y las necesidades reales de inversión para enfrentar la crisis medioambiental.
Proporción de fondos para Medio Ambiente es mínima
El presupuesto proyectado para 2025 muestra que el Gobierno de Nuevo León ha decidido asignar solo una pequeña fracción de los recursos del “cobro verde” a la Secretaría de Medio Ambiente, limitando así la capacidad de esta dependencia para enfrentar los desafíos ambientales de la región. Con una recaudación total esperada de casi 3 mil millones de pesos, solo una pequeña parte se destinará a proyectos de reforestación, conservación de recursos naturales y reducción de la contaminación. La asignación de apenas el 5% de los fondos no parece suficiente para cumplir con las ambiciosas promesas realizadas por el Gobernador.
Este bajo porcentaje de asignación ha generado desconfianza y ha suscitado preocupaciones sobre la eficacia de los “impuestos verdes” como una medida real para combatir los problemas ambientales en Nuevo León. Especialistas en la materia han señalado que esta falta de recursos podría limitar seriamente la implementación de políticas públicas eficaces en áreas como la gestión de residuos, la protección de los cuerpos de agua y la reducción de emisiones contaminantes. Además, algunos sectores cuestionan el destino del resto de los fondos recaudados, ya que no se ha detallado claramente cómo se distribuirán el resto de los recursos.
Transparencia y mayor inversión en programas ambientales
Ante la falta de claridad sobre el uso de los recursos del “cobro verde”, tanto expertos como ciudadanos han solicitado mayor transparencia en la administración de estos fondos. La Secretaría de Medio Ambiente debería tener un papel central en la utilización de los impuestos recaudados, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la calidad del aire y el manejo de los recursos naturales en la entidad. Los críticos de la medida han expresado que si el gobierno realmente desea combatir la contaminación, debería destinar mayores cantidades de dinero a programas de sensibilización y educación ambiental, así como a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que adopten prácticas más sostenibles.
Las iniciativas de reforestación, el tratamiento de aguas residuales y la promoción de energías limpias son áreas clave que requieren inversión para abordar la crisis ambiental de Nuevo León. Sin embargo, con el presupuesto actual asignado a la Secretaría de Medio Ambiente, parece que el gobierno no está comprometido de manera integral con el bienestar ecológico de la región. Los expertos consideran que el sector ambiental necesita un enfoque más robusto, que no solo dependa de los impuestos verdes, sino también de un compromiso real por parte del gobierno para invertir en soluciones sostenibles a largo plazo.
El impacto de la contaminación en Nuevo León, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey, es evidente. La calidad del aire sigue siendo un problema crítico, con niveles de partículas contaminantes que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si el gobierno no aumenta la asignación de recursos a las políticas ambientales, el futuro de la calidad de vida en la región podría verse seriamente afectado.
Críticas al uso de los recursos y falta de claridad
La falta de una distribución clara de los recursos recaudados ha generado una serie de cuestionamientos entre los ciudadanos. Muchos se preguntan por qué el gobierno no destina una mayor parte de los ingresos del “cobro verde” a proyectos directamente relacionados con la protección del medio ambiente. La baja asignación a la Secretaría de Medio Ambiente, que se encuentra en el lugar número 14 en cuanto a presupuesto estatal, refleja una falta de prioridad en los temas ecológicos dentro de la administración estatal.
La transparencia en el uso de los recursos públicos es esencial para mantener la confianza de la ciudadanía en las políticas gubernamentales. Si bien los impuestos verdes han sido presentados como una solución para financiar proyectos ambientales, la falta de una estrategia clara y de una distribución eficiente de los fondos ha generado escepticismo. Los ciudadanos esperan que los fondos recaudados no solo se utilicen para la creación de nuevas burocracias o para el mantenimiento de proyectos ineficaces, sino para iniciativas concretas que realmente mejoren la calidad del medio ambiente en el estado.
La administración pública tiene la responsabilidad de asegurarse de que los recursos que provienen de los impuestos ecológicos se utilicen de manera efectiva y transparente. Sin embargo, en este caso, el bajo porcentaje de asignación y la falta de detalles sobre el destino del resto de los fondos han puesto en duda el verdadero compromiso del gobierno con el medio ambiente.
¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar?
Es evidente que se necesita un enfoque más integral y un presupuesto mayor para abordar los problemas medioambientales de Nuevo León. Algunos sugieren que el gobierno podría aumentar la proporción de los impuestos verdes destinados al sector ambiental, especialmente en áreas clave como la reforestación, la limpieza de ríos y la gestión de residuos. También se podría fomentar una mayor colaboración con organizaciones no gubernamentales y con el sector privado para implementar soluciones innovadoras en la gestión ambiental.
Además, la creación de programas educativos y de sensibilización es crucial para involucrar a la población en la protección del medio ambiente. La adopción de prácticas más sostenibles por parte de los ciudadanos y las empresas podría tener un impacto significativo en la mejora de la calidad del aire y la reducción de la contaminación.
En conclusión, la asignación del 5% de los impuestos verdes a la Secretaría de Medio Ambiente en 2025 plantea serias dudas sobre el compromiso real del gobierno de Nuevo León con la lucha contra la contaminación. Mientras se siguen recaudando millones de pesos por medio de estos impuestos, la falta de un uso claro y eficiente de los fondos limita su efectividad. Es necesario un cambio en la manera en que se gestionan estos recursos y una mayor transparencia para que los ciudadanos confíen en que realmente se están tomando acciones significativas para mejorar el entorno ecológico de la región.
