La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente una nueva ley que regula el uso de drones dentro del territorio nacional. Esta ley fue impulsada por el presidente Daniel Ortega con el objetivo de prevenir lo que él considera “injerencia extranjera” en los asuntos internos del país. En virtud de esta normativa, todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que posean drones deberán entregarlos a las autoridades en un plazo de 30 días. Esta acción ha generado un amplio debate sobre el control de tecnologías no tripuladas y su impacto en la seguridad y soberanía del país.
Nueva Ley Regula Uso de Drones
La nueva legislación, denominada “Ley para la regulación y empleo de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados”, fue aprobada por el Parlamento nicaragüense en una sesión especial celebrada el miércoles en el municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas, en la frontera con Costa Rica. El proyecto fue presentado por el presidente Ortega y tiene como finalidad regular el uso de drones con el fin de evitar que estos sean utilizados para actividades que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad del país. Durante la sesión, la ley fue aprobada por unanimidad, con los legisladores a favor de garantizar que el uso de estas tecnologías no afecte la soberanía de Nicaragua.
El objetivo principal de la ley es garantizar que los drones no sean utilizados para fines que puedan amenazar la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial de Nicaragua. Según el presidente Ortega, el uso inadecuado de drones podría poner en riesgo la seguridad nacional, por lo que se han tomado medidas estrictas para regularlos de manera más efectiva.
Implementación y Restricciones de la Ley
Con el fin de asegurar la aplicación de la ley, las personas que actualmente poseen drones tendrán 30 días para entregarlos a la Autoridad de Aplicación, un organismo que trabajará bajo la coordinación del Ministerio del Interior. La Presidencia de la República será la única entidad autorizada para autorizar la entrada y el uso de drones, permitiéndolos solo para fines específicos, como estudios científicos, tareas de búsqueda y rescate, así como en eventos turísticos, recreativos, deportivos y culturales. Esto se considera esencial para asegurar que no haya un uso indebido de la tecnología en áreas que pudieran vulnerar la seguridad del país.
El Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior también estarán autorizados para utilizar drones con fines de seguridad y defensa nacional. Estas medidas aseguran que solo las instituciones pertinentes tengan acceso a esta tecnología, limitando su uso a la protección del país y la seguridad de los ciudadanos.
Este paso hacia una mayor regulación de los medios no tripulados responde a una creciente preocupación sobre las posibles amenazas externas que pudieran estar relacionadas con el uso no autorizado de drones en territorio nicaragüense. Con esta ley, el gobierno busca fortalecer su control sobre los recursos aéreos y evitar que las actividades de otras naciones puedan afectar su soberanía y bienestar.
La ley también establece que la Dirección General de Servicios Aduaneros deberá presentar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la normativa, un registro completo de los drones que hayan ingresado al país, cumpliendo con las regulaciones aduaneras. Las personas o entidades que no cumplan con esta disposición serán penalizadas administrativamente, aunque las sanciones específicas aún no han sido detalladas.
Este esfuerzo por regular los drones se enmarca en la estrategia del gobierno nicaragüense para proteger lo que consideran sus derechos constitucionales y la paz interna del país. De acuerdo con Ortega, cualquier intento de “injerencia extranjera” en los asuntos internos de Nicaragua pone en peligro la vida del pueblo y atenta contra la soberanía del país.
En resumen, Nicaragua ha tomado medidas drásticas para controlar el uso de drones en su territorio. Si bien estas medidas están diseñadas para proteger la soberanía nacional, también han generado cuestionamientos sobre el grado de control gubernamental sobre las tecnologías emergentes y su impacto en la libertad individual. Con un plazo de 30 días para entregar los drones a las autoridades, el país da un paso más en su estrategia para garantizar que las nuevas tecnologías se utilicen de manera responsable y en beneficio de la seguridad nacional.
