Dos personas que trabajaban en la Tesorería del Estado están siendo investigadas por su posible vinculación con el hackeo a la Fiscalía General de Justicia ocurrido en febrero de este año. Ambos exfuncionarios ya tienen órdenes de aprehensión en su contra, según informó Pedro Arce, encargado del Despacho de la Entidad.
Detectan comportamiento inusual en el sistema de la Fiscalía
En marzo de 2023, el área de Informática de la Fiscalía detectó un “comportamiento inusual” en el sistema de la institución, lo que dio inicio a una investigación. Durante la indagatoria, las autoridades descubrieron un dispositivo Raspberry Pi 5 conectado al sistema de servidores, específicamente en el Piso 7 del edificio de la Tesorería estatal. Este área alberga las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción.
El dispositivo pudo haber permitido el robo de información
Según especialistas en ciberseguridad, el dispositivo pudo haber sido utilizado para acceder a la red de la Fiscalía y sustraer información de manera remota. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a los dos involucrados en el hackeo, quienes ingresaron a la zona de servidores del edificio. Uno de ellos renunció a su cargo en la Tesorería en febrero, mientras que el otro lo hizo en octubre del mismo año.
Posible robo de información confidencial
Aunque se hablaba de un posible robo de 960 carpetas de investigación y 13,000 archivos, la Fiscalía aún no ha confirmado un número exacto de los documentos comprometidos.
Investigación en curso y aclaraciones sobre posibles implicaciones
Ismael Suárez Treviño, Vicefiscal del Ministerio Público, indicó que están trabajando para identificar si más personas están involucradas en el incidente. Aclaró, además, que Paul Cortez Suárez, director de Inteligencia de la Fiscalía, no está siendo investigado en relación con el hackeo.
Conflictos con la Fiscalía Anticorrupción
En un contexto más amplio, el 28 de noviembre de 2022, el Gobierno estatal solicitó a la Fiscalía Anticorrupción desalojar las oficinas que ocupaba en los pisos 4 y 7 del edificio. Posteriormente, el 13 de marzo de 2023, funcionarios estatales impidieron el acceso a José Facundo Bustos Banda, quien había sido designado como Encargado de Despacho de la Fiscalía Anticorrupción tras la salida de Javier Garza y Garza.
Este caso sigue bajo investigación mientras las autoridades intentan esclarecer la magnitud del hackeo y las posibles conexiones con los exfuncionarios de la Tesorería estatal.
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