El reciente encuentro entre el gobernador Samuel García y 16 alcaldes de Nuevo León ha reabierto el diálogo sobre la situación fiscal del estado, pero no sin tensiones. Los líderes del Congreso local están demandando que el Ejecutivo presente un Paquete Fiscal 2025 completo y detallado. Mientras tanto, han dejado claro que no apoyarán el Paquete Fiscal 2024, el cual consideran demasiado cargado de deuda.
Postura del Congreso y el gobernador
Las críticas hacia el Paquete Fiscal 2024 han sido contundentes. Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso, expresó que el documento no ha sido revisado en profundidad, ya que no está dispuesto a respaldar un presupuesto que conlleve una deuda de 15,000 millones de pesos. Este rechazo se fundamenta en la necesidad de un análisis más detallado sobre cómo este endeudamiento podría impactar negativamente la economía del estado.
Los legisladores han subrayado la importancia de una gestión fiscal responsable y transparente. Están buscando un Paquete Fiscal 2025 que no solo cumpla con las necesidades de los ciudadanos, sino que también sea sostenible a largo plazo. La reciente decisión de no aprobar el Paquete Fiscal 2024 refleja un compromiso de los representantes para defender los intereses económicos de sus electores.
El panorama político de 2024 y 2025
La necesidad de un diálogo constructivo se hace evidente, ya que todos los partidos políticos representados en el Congreso han manifestado su disposición a colaborar, pero con la condición de que el Ejecutivo cumpla con sus demandas. Heriberto Treviño, del PRI, y Anylú Bendición Hernández, de Morena, han coincidido en que es esencial revisar el presupuesto para el siguiente año y trabajar juntos en soluciones que beneficien a la población.
Mientras tanto, la urgencia por una nueva convocatoria para discutir el Paquete Fiscal 2025 aumenta, especialmente con un plazo límite de negociación fijado para el 15 de octubre. Este marco temporal presiona a los legisladores y al Ejecutivo a llegar a un consenso que respete tanto la responsabilidad fiscal como las necesidades de inversión pública.
