El reciente conflicto entre el Gobernador Samuel García y el Congreso local de Nuevo León ha derivado en la suspensión de más de 100 millones de pesos destinados a organizaciones civiles. La Secretaría de Igualdad e Inclusión, responsable del manejo de estos recursos, anunció la medida, justificándola por la falta de un Presupuesto 2025 aprobado. Sin embargo, la decisión ha generado críticas tanto de las organizaciones afectadas como de legisladores, quienes acusan al Gobierno estatal de politizar los recursos sociales.
Decenas de organizaciones afectadas por la suspensión
La convocatoria suspendida había sido clave para 197 organizaciones civiles en Nuevo León, que ofrecen servicios esenciales a comunidades vulnerables. Instituciones como Cáritas de Monterrey, Casa Monarca y Cruz Rosa dependen de estos recursos para continuar operando y brindando apoyo a sectores como migrantes, mujeres con cáncer y familias en situación de pobreza extrema.
El director de Casa Monarca, Luis Eduardo Zavala, expresó su preocupación por el impacto de esta decisión. “Es inadmisible que los apoyos destinados a las organizaciones civiles se utilicen como parte de un conflicto político. Estas acciones afectan directamente a quienes más lo necesitan”, afirmó. Zavala añadió que, sin estos fondos, muchas instituciones podrían enfrentar serios problemas para seguir funcionando.
El Instituto Nuevo Amanecer, otra de las organizaciones afectadas, señaló que los recursos suspendidos eran vitales para mantener sus programas. “El impacto no solo será económico, sino también humano. Estamos hablando de miles de personas que dependen de estos apoyos para su bienestar”, indicó Marco Antonio Amaya, director de la institución.
Gobernador y Congreso enfrentados por el presupuesto
La raíz del problema está en el conflicto entre el Gobernador y el Congreso local, que ha retrasado la aprobación del Presupuesto 2025. Mientras el Congreso, dominado por los partidos PRI y PAN, asegura que ya se aprobó el presupuesto con modificaciones para limitar el endeudamiento estatal, el Gobernador Samuel García lo ha rechazado y devuelto para su revisión, exigiendo mayor flexibilidad en la adquisición de deuda.
La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, explicó que la incertidumbre generada por la falta de un presupuesto aprobado obligó a la dependencia a suspender la convocatoria. “Estamos actuando con responsabilidad, dado que no hay claridad sobre los recursos que tendremos disponibles para 2025”, señaló Herrera.
Por su parte, legisladores como Rebeca Clouthier han señalado que esta suspensión es un acto de presión política. “Es indignante que las organizaciones civiles y sus beneficiarios sean utilizados como rehenes en un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo”, criticó.
Organizaciones demandan una solución inmediata
Frente a esta situación, las organizaciones civiles afectadas han alzado la voz para exigir una pronta resolución al conflicto. “Estos recursos no pueden depender de vaivenes políticos. Necesitamos que se priorice el bienestar de las personas vulnerables”, expresó Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder.
Las organizaciones han pedido al Gobierno estatal que reconsidere la suspensión y que garantice los recursos necesarios para continuar con sus labores. Además, han instado al Congreso y al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo que desbloquee el presupuesto y permita normalizar el apoyo a los programas sociales.
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