Los vínculos del Gobernador Samuel García han desatado un escándalo en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este órgano será el encargado de resolver la impugnación presentada por su esposa, Mariana Rodríguez, ex candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey. A través de la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Samuel García ha tejido una red de influencias que se extiende desde el Gobierno estatal hasta las entrañas del partido.
Contrataciones Sospechosas y Favores Cruzados
Documentos de la plataforma nacional de transparencia revelan que Héctor Alejandro Loya de la Garza, hijo de la magistrada De la Garza, fue contratado en enero de 2021 en la Sala Regional como profesional operativo y actualmente ocupa el puesto de actuario. Un mes después, Andrés Camacho Ochoa, hermano del magistrado de la Sala Regional Ernesto Camacho Ochoa, fue contratado en el TEE como coordinador de Archivo. Estas contrataciones cruzadas sugieren un intercambio de favores entre los magistrados.
Influencia en la Impugnación de Mariana Rodríguez
La impugnación de Mariana Rodríguez por los resultados de la elección de la Alcaldía de Monterrey será resuelta en primera instancia por el TEE y luego podría llegar a la Sala Regional del TEPJF. Si alguna de las partes no está conforme, el caso será decidido por la Sala Superior del Tribunal Electoral. La conexión de Samuel García con los magistrados del TEE y la Sala Regional pone en duda la imparcialidad del proceso.
El TEE Bajo Sospecha
EL NORTE ha revelado que dos de los tres magistrados del TEE, Claudia de la Garza y Fernando Galindo Escobedo, son conocidos por favorecer a Movimiento Ciudadano con sus votaciones. Además, De la Garza tiene a tres allegados trabajando en la administración estatal y como representantes de Movimiento Ciudadano ante órganos electorales.
¡Exigimos Transparencia y Justicia!
La revelación de estas conexiones y favoritismos pone en peligro la integridad del sistema electoral en Nuevo León. Es urgente que se exija justicia y transparencia para asegurar la legitimidad de nuestras instituciones. ¿Hasta cuándo permitiremos estos abusos de poder? ¡La ciudadanía merece respuestas y acciones contundentes contra la corrupción!
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