El Gobierno de Nuevo León asegura haber plantado casi 700 mil árboles como parte de su ambicioso plan de reforestación. Sin embargo, la falta de datos claros sobre el destino de los 270 millones de pesos entregados a asociaciones privadas ha encendido las alarmas entre ciudadanos, colectivos ambientales y voces críticas de la gestión estatal. La opacidad en torno al programa, lejos de generar confianza, ha sembrado más dudas que árboles.
Aunque las autoridades afirman que la meta sexenal es plantar un millón de ejemplares, lo cierto es que hasta ahora ni se han detallado los mecanismos de fiscalización del dinero ejercido, ni se ha transparentado con precisión cuántos árboles ha sembrado cada asociación participante.
Faltan datos y sobran promesas
La controversia sobre el programa estatal de reforestación se intensificó luego de que el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, intentara defender públicamente el esquema, sin ofrecer cifras verificables ni documentos que sustenten los resultados anunciados. En una conferencia de prensa, el funcionario mencionó que en el proyecto participan tanto la asociación Reforestación Extrema como el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), pero sin detallar cuántos recursos ha recibido cada organización ni cómo están obligadas a rendir cuentas.
Hasta ahora, Reforestación Extrema —una agrupación liderada por Cosijoopii Montero— era la única asociación públicamente relacionada con el programa. De acuerdo con registros del SAT, esta organización habría recibido al menos 270 millones de pesos hasta noviembre del año pasado, una cifra significativa que, sin embargo, no se acompaña de informes públicos ni auditorías accesibles sobre el uso del dinero.
A pesar de esta falta de claridad, Martínez defendió la legalidad y legitimidad del esquema, señalando que las asociaciones involucradas supuestamente operan con auditorías privadas y que sus resultados han sido positivos. No obstante, se abstuvo de presentar evidencia concreta que respalde esas afirmaciones.
En la misma conferencia, el secretario también habló de convenios con otras organizaciones como Pronatura Noreste —para operar un vivero en zonas de sierra— y con Supera —para trabajos de regeneración en el río Pesquería—, pero sin precisar si estas instituciones operan bajo las mismas condiciones que Reforestación Extrema y el FAMM.
Un programa difícil de verificar
Una de las principales inconsistencias señaladas por diversos actores es la falta de delimitación sobre las funciones de cada organización participante. Según datos proporcionados por el propio Martínez, del total de árboles supuestamente plantados (686,709), cerca del 86 por ciento —es decir, más de 592 mil ejemplares— habrían sido sembrados por el FAMM en áreas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, un territorio montañoso que no forma parte del área metropolitana a la que se dirige formalmente el programa “Bosques Ciudadanos”.
Por otro lado, se afirma que Reforestación Extrema ha liderado los esfuerzos en zonas urbanas, con la plantación de cerca de 94 mil árboles. Sin embargo, esta cifra también carece de verificación independiente, y el propio secretario admitió que no hay desglose detallado de cuántos árboles se han sembrado específicamente en cada zona ni los costos asociados.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente no ha divulgado información cartográfica precisa ni estudios técnicos que permitan confirmar la ubicación y el estado de las plantaciones realizadas. Ante esta situación, Martínez ofreció que se podría compartir un mapa con dicha información, pero no dio fecha ni comprometió una publicación formal y abierta para consulta ciudadana.
Sin obligación de rendir cuentas
El núcleo de la polémica gira en torno al mecanismo de financiamiento del programa. Según lo explicado, la asociación Reforestación Extrema fue autorizada mediante un convenio firmado el 30 de marzo de 2023 con la Secretaría de Medio Ambiente para recibir directamente los recursos que el Estado exige a empresas privadas como compensación por los impactos ambientales de sus obras y desarrollos inmobiliarios.
Este esquema ha sido criticado por abrir una zona gris en la fiscalización del gasto público. Al recibir el dinero directamente de los particulares —aunque por obligación impuesta por el Gobierno—, las autoridades estatales argumentan que no se trata de recursos públicos. Por lo tanto, aseguran que no están sujetos a las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas que otras partidas presupuestales.
Así, los millones asignados a Reforestación Extrema no pasan por el escrutinio de órganos de control ni por los procesos de licitación pública. Aún cuando se trata de recursos derivados de una obligación establecida por el Estado, no existe una instancia ciudadana o legislativa que supervise su ejercicio.
Cuando se le cuestionó directamente sobre cuánto dinero se ha entregado a cada organización, el secretario Martínez admitió no tener la información precisa. Dijo que la mayor parte de los recursos ha sido canalizada al FAMM y, en segundo lugar, a Reforestación Extrema. No obstante, insistió en que “los árboles se han plantado” y que los proyectos han sido revisados por la Secretaría.
Lo preocupante, sin embargo, es que esta revisión no parece estar respaldada por reportes técnicos o auditorías disponibles públicamente. Y mientras tanto, la cifra de 270 millones de pesos entregados a una sola asociación sigue flotando sin respaldo documental ni resultados verificables ante la ciudadanía.
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