Nuevo León enfrenta un grave problema de seguridad, pues actualmente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de extorsión, un delito que sigue creciendo de manera alarmante en la entidad. Según datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante los primeros cinco meses de 2025 se han registrado 412 denuncias formales, lo que equivale a un promedio de 1.3 personas estafadas cada hora.
El panorama refleja no solo el incremento sostenido en este delito, sino también la incapacidad de las autoridades para contenerlo. La cifra total de denuncias representa un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 384 casos. Aunque a simple vista podría parecer un cambio menor, el crecimiento sostenido en los últimos años evidencia que la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la tranquilidad de los ciudadanos en el estado.
De acuerdo con el informe oficial, el Estado de México lidera la lista con 1,248 casos, seguido por Guanajuato (675), Ciudad de México (511) y finalmente Veracruz (374), completando los primeros cinco lugares junto con Nuevo León. Este ranking ubica a la entidad en un foco rojo que no puede ignorarse.
Se desmorona la seguridad… NL ocupa el cuarto lugar en extorsiones a nivel nacional, con 1.3 personas estafadas cada hora en 2025. De enero a mayo se registraron 412 casos, y especialistas advierten que no se denuncia por miedo. El problema crece.
— Glen Facturero MC (@GlenFactureroMC) July 2, 2025
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Miedo a denunciar agrava la situación
Uno de los principales factores que alimenta este problema es el miedo de las víctimas a denunciar, derivado de posibles represalias por parte de los delincuentes. Según especialistas en seguridad consultados, existe un subregistro muy elevado, lo que significa que la cifra real podría ser mucho mayor a la reportada oficialmente. Se estima que hasta el 90 por ciento de los casos podrían no ser denunciados, conformando lo que se conoce como “cifra negra”.
El temor no es infundado: las organizaciones criminales han encontrado en la extorsión una vía rápida y efectiva para obtener ingresos, muchas veces utilizando métodos poco arriesgados como llamadas telefónicas o mensajes digitales. La facilidad para cometer este delito y la baja probabilidad de ser detenidos alimentan un círculo vicioso que mantiene en constante zozobra a las familias y negocios de la entidad.
Además, la falta de resultados palpables y la carencia de estrategias claras por parte de las autoridades estatales han generado una creciente desconfianza ciudadana. La percepción de impunidad refuerza el miedo y disminuye aún más la disposición a denunciar, lo que impide un combate frontal al problema.
El aumento constante de extorsión en los últimos años
Analizando el comportamiento histórico, se observa que en los últimos seis años el número de casos de extorsión en Nuevo León ha mostrado un crecimiento constante, con excepción de 2020, cuando la pandemia obligó a reducir actividades y se reportó una disminución temporal en varios delitos. Sin embargo, esta caída fue solo momentánea y no significó un cambio estructural.
Después de 2020, los casos retomaron su tendencia al alza. De hecho, durante 2024 Nuevo León ya había figurado entre los primeros cinco lugares a nivel nacional en materia de extorsión, acumulando 384 denuncias de enero a mayo. Ahora, con 412 casos en el mismo periodo de 2025, la entidad confirma una preocupante tendencia ascendente.
Especialistas advierten que si no se implementan medidas concretas y eficaces, el problema podría escalar aún más, afectando directamente a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes. Los métodos son cada vez más sofisticados, incluyendo el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales para intimidar y exigir pagos, ampliando el alcance de los delincuentes y reduciendo los riesgos para ellos.
¿Nuevo León preparado para responder?
A pesar de la gravedad del problema, no se perciben esfuerzos claros y contundentes por parte del gobierno estatal encabezado por Samuel García. La estrategia de seguridad ha sido fuertemente criticada por falta de resultados y por centrarse más en discursos públicos que en acciones efectivas en el terreno.
El incremento de extorsiones pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de investigación, mejorar los canales de denuncia anónima y proteger a las víctimas para que se sientan seguras al acudir a las autoridades. Sin un plan integral, las cifras seguirán creciendo y la percepción de inseguridad se profundizará.
Además, la falta de coordinación con instancias federales y municipales dificulta una respuesta unificada, lo que termina beneficiando a los grupos criminales. La presión social y política sobre el gobierno estatal aumenta cada día, mientras las extorsiones continúan afectando la vida diaria y el desarrollo económico local.
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