Cinco meses después de un trágico incidente ocurrido en un mitin del Movimiento Ciudadano (MC) en San Pedro, la investigación avanza con la recepción del peritaje del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Este evento dejó un saldo devastador de diez vidas perdidas y cientos de personas lesionadas. La Fiscalía General de Justicia ahora se prepara para presentar las imputaciones penales correspondientes a quienes fueron responsables del montaje y supervisión del escenario que se derrumbó.
La tragedia que marcó a San Pedro
El trágico suceso tuvo lugar el pasado 22 de mayo, durante un evento político que buscaba cerrar la campaña electoral de los candidatos de MC. La actividad se estaba llevando a cabo en la Colonia El Obispo y contaba con la participación de la abanderada a la Alcaldía, Lorenia Canavati, así como del presidenciable Jorge Álvarez Máynez. El evento, que prometía ser una celebración, se convirtió en una escena de horror cuando ráfagas de viento derribaron el escenario improvisado. En medio del caos, diez personas perdieron la vida y 246 más resultaron hospitalizadas, de las cuales 63 sufrieron lesiones que han dejado secuelas permanentes.
La magnitud de esta tragedia ha sido tal que ha generado un gran impacto en la comunidad de San Pedro y más allá. La Administración estatal, encabezada por el gobernador Samuel García, ha asumido los costos relacionados con el evento, a pesar de que este era un acto partidista. Durante los cinco meses transcurridos desde la tragedia, la información sobre el evento ha sido escasa, lo que ha generado preocupación y descontento entre las víctimas y sus familias, quienes claman por justicia y una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Resultados del peritaje y avances en la investigación
Recientemente, fuentes cercanas a la investigación revelaron que la Fiscalía de Justicia ha recibido las conclusiones del peritaje realizado por el Instituto de Ingeniería Civil de la UANL. Con estas nuevas evidencias en mano, se espera que el Ministerio Público lleve a cabo las diligencias necesarias para completar la carpeta de investigación y definir las responsabilidades. El informe sugiere que las imputaciones no solo recaerán en quienes montaron el escenario, sino también en aquellos encargados de supervisar el evento, que pudieron haber evitado la tragedia.
El proceso de investigación se encuentra en una fase crítica, y se han planteado diligencias adicionales que deberán realizarse en los próximos días. Entre estas tareas pendientes está la actualización de los dictámenes médicos de los lesionados, lo que permitirá verificar la evolución de su salud y documentar el impacto que la tragedia ha tenido en sus vidas. Con la recolección de esta información, el Ministerio Público estará en condiciones de formular posibles imputaciones a los involucrados.
Vidas marcadas por el dolor y la lucha
La tragedia del 22 de mayo no solo se ha reflejado en las estadísticas de fallecimientos y lesiones, sino que ha dejado una huella profunda en la vida de las víctimas y sus familias. Benita Vargas y su esposo Fernando Leija son solo dos de los muchos afectados que han tenido que enfrentar una dura realidad tras el derrumbe. Ambos se encontraban en el evento y fueron arrastrados por la estampida de personas que intentaron huir del peligro. En el caos, acabaron en el suelo, donde sufrieron lesiones devastadoras.
Benita sufrió múltiples fracturas, incluyendo una en la cadera, un hombro y una rodilla, mientras que Fernando experimentó fracturas en la columna, tibia, peroné y clavícula. Tras varias cirugías y un intenso proceso de rehabilitación, ambos han comenzado a dar sus primeros pasos hacia la recuperación. Sin embargo, el recuerdo de aquella trágica tarde persiste en sus memorias, y el miedo aún los acompaña.
Benita, en un acto de valentía y vulnerabilidad, comparte sus sentimientos: “Yo soy bien chillona, yo platico y lloro. Aparte, no me puedo reponer, porque yo sí vi todo. Mi esposo no vio nada, pero yo sí vi todo”. Su lucha por salir adelante incluye el asistir a terapias físicas, donde ha encontrado apoyo para mejorar su movilidad. Aunque admite que no podrá volver a trabajar, se siente agradecida por poder salir de casa y retomar contacto con sus amigas.
Fernando, por su parte, ha comenzado a manejar nuevamente, un pequeño pero significativo paso hacia su recuperación. Reconoce que la experiencia ha sido difícil y que no se siente como antes. “Se cansa uno. Ya no es lo mismo que traiga uno los fierros y lo que trae; se afloja uno y se cansa”, expresa, refiriéndose a las limitaciones físicas que ahora enfrenta.
El llamado a la justicia y la búsqueda de respuestas
El incidente ha dejado a muchas familias en una búsqueda constante de respuestas y justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas sienten que su dolor ha sido minimizado, y que el seguimiento de la investigación ha sido lento y complicado. Las comparecencias de funcionarios como los directores de Protección Civil del Estado y de San Pedro han sido esenciales para entender qué salió mal y quiénes deben ser responsabilizados.
La comunidad de San Pedro continúa esperando que se tomen acciones decisivas y que la justicia prevalezca para aquellos que perdieron la vida y para quienes siguen lidiando con las secuelas físicas y emocionales de la tragedia. La atención pública sobre el caso es vital para mantener la presión sobre las autoridades y garantizar que se realicen todas las diligencias necesarias.
En resumen, el operativo de investigación en curso no solo busca aclarar las responsabilidades del derrumbe del escenario, sino que también representa un rayo de esperanza para las víctimas y sus familias. Al mismo tiempo, pone de relieve la importancia de la seguridad en eventos públicos, y la necesidad de que las autoridades actúen con responsabilidad y diligencia para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. La comunidad de San Pedro, marcada por la pérdida y el sufrimiento, espera justicia y la garantía de un entorno más seguro para todos.
