La administración del gobernador Samuel García se ve envuelta en un escándalo de proporciones gigantescas. La empresa TICSA, encargada de proveer 800 camiones urbanos por un monto astronómico de 3 mil 936 millones de pesos, no solo ha fallado en entregar los vehículos, sino que además está acusada de canalizar parte de ese dinero a través de empresas “factureras” vinculadas con redes criminales de evasión fiscal.
Dinero Público, Destinos Oscuros
Investigaciones revelan que TICSA ha movido ingentes sumas de dinero del estado hacia empresas con antecedentes cuestionables. En 2022, la empresa desvió más de 500 millones de pesos que debían destinarse a mejorar el transporte urbano. En su lugar, los fondos acabaron en manos de proveedores fantasma, algunos localizados en domicilios fachada de Nuevo León, verdaderos epicentros de la corrupción.
Descubrimientos Escandalosos en Visitas Sorpresa
Reporteros de EL NORTE, en una serie de visitas sin avisar a los domicilios fiscales de los proveedores de TICSA, encontraron escenas que parecen sacadas de una película de suspense: domicilios abandonados, personas desconocidas que niegan cualquier actividad comercial y oficinas que son poco más que cubículos vacíos.
Las Redes de Corrupción de Samuel Expuestas
Empresas como Sistemas Bosnol y Proyectos y Construcciones Avlin, que facturaron millones a TICSA, resultaron ser eslabones de una cadena de fraudes que incluyen operaciones simuladas y evasión fiscal. Estos grupos han sido identificados y marcados por el SAT pero siguen operando, protegidos por una tela de araña burocrática y conexiones políticas.
A pesar de los múltiples indicios de corrupción y las críticas durante el proceso de licitación, el gobierno estatal dirigido por Samuel García ha mostrado una tolerancia preocupante hacia los incumplimientos y las irregularidades de TICSA. Esto ha levantado sospechas de complicidad al más alto nivel, mientras los ciudadanos siguen esperando los camiones prometidos.
Un Teatro de Corrupción que Requiere Acción Inmediata
Este caso no es solo un asunto de camiones no entregados; es un símbolo del abuso de poder y del manejo desvergonzado de los recursos públicos. Los ciudadanos de Nuevo León merecen respuestas y acciones concretas que pongan fin a esta saga de corrupción y desfalco. ¿Hasta cuándo seguirán esperando justicia y transparencia? El tiempo para la rendición de cuentas es ahora.
