El Congreso de Nuevo León ha exigido que se investigue el arrendamiento de 600 camiones chinos por parte del Instituto de Movilidad, tras descubrirse que la empresa contratada, Ego Móvil, realizó pagos a compañías con características de empresas pantalla o factureras. El contrato, valuado en 3,307 millones de pesos, ha generado preocupación entre los legisladores y la ciudadanía, motivando la intervención de diversas autoridades federales y estatales para esclarecer el caso.
Con 24 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el Congreso aprobó la creación de una comisión especial para dar seguimiento al caso y pidió informes detallados al titular del Instituto de Movilidad sobre la localización física de cada una de las unidades arrendadas. Además, se solicitó la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras instancias para garantizar una investigación exhaustiva.
Congreso exige esclarecer uso de empresas pantalla
El detonante de esta polémica fue un reportaje publicado esta semana que reveló cómo el Estado asignó un contrato millonario a Ego Móvil, empresa que a su vez pagó a compañías señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como posibles factureras. Este esquema ha despertado dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso de contratación, llevando a los legisladores a actuar rápidamente para evitar posibles actos de corrupción.
La diputada local del PRI, Armida Serrato, fue quien presentó la propuesta al Pleno, subrayando la importancia de proteger los recursos públicos y garantizar que las adquisiciones gubernamentales se realicen conforme a la ley. “No podemos permitir que el dinero de los ciudadanos sea mal utilizado en operaciones opacas o que beneficien a terceros de manera ilícita”, declaró Serrato durante la sesión.
Además de solicitar la intervención de la FGR y la UIF, el Congreso también pidió a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública sumarse a la investigación, asegurando así un análisis integral que contemple tanto el origen de los recursos como el destino final de los camiones adquiridos.
Informe detallado sobre los camiones
Una de las demandas clave del Congreso es que el titular del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, entregue un informe completo sobre la ubicación de cada uno de los 600 camiones arrendados. Este informe deberá incluir detalles sobre las condiciones actuales de las unidades, así como evidencia de que efectivamente se encuentran en operación.
La creación de una comisión especial también permitirá inspecciones directas a las unidades para verificar su estado y uso. Esta medida busca despejar cualquier duda sobre el paradero de los camiones, especialmente después de que se cuestionara si todas las unidades realmente llegaron al estado o si se encuentran en funcionamiento.
“La ciudadanía merece saber qué ocurrió con estos recursos y por qué se eligió a una empresa cuyos antecedentes generan sospechas”, comentó un legislador durante el debate.
Reacciones y posibles implicaciones en Nuevo León
El caso ha generado una fuerte respuesta entre diversos sectores de la sociedad. Mientras algunos consideran que esta investigación podría revelar irregularidades graves en la administración estatal, otros señalan que las denuncias podrían estar motivadas por intereses políticos.
Especialistas en derecho y administración pública han señalado que, de confirmarse las irregularidades, este caso podría derivar en sanciones severas para los responsables, incluyendo a funcionarios que hayan participado en la adjudicación del contrato.
Por otro lado, este escándalo llega en un momento políticamente delicado para el gobierno estatal, que ya enfrenta cuestionamientos en otras áreas de su administración. La oposición ha aprovechado la coyuntura para criticar duramente al Ejecutivo, argumentando que este caso es solo uno más de una serie de manejos opacos y cuestionables.
La solicitud de intervención de entidades federales como la FGR y la UIF también podría tener implicaciones significativas a nivel nacional, ya que estos organismos podrían detectar redes más amplias de corrupción en el uso de recursos públicos.
