Recientemente, los usuarios del transporte público en Monterrey se vieron sorprendidos por un inesperado aumento en la tarifa de las rutas de los camiones verdes, aquellos que operan bajo el sistema de pago “Me Muevo” o Urbani. El aumento, que pasó de 12 a 15 pesos, fue implementado sin previo aviso, lo que desató el descontento entre los usuarios y generó una serie de reacciones tanto de la ciudadanía como de las autoridades locales.
La medida, que afecta directamente a miles de personas que dependen del transporte público para sus desplazamientos cotidianos, también ha sido objeto de controversia política, pues el Congreso de Nuevo León expresó su desacuerdo y prometió tomar acciones para revertir la decisión del gobierno estatal.
El aumento, que entró en vigor de un día para otro, no solo sorprendió a los usuarios, sino que también fue objeto de quejas. Esta situación generó incomodidad, sobre todo en un contexto en el que la economía local enfrenta retos importantes, y el transporte público sigue siendo una de las principales alternativas de movilidad para los regiomontanos.
Reacciones del Congreso de Nuevo León
La medida del incremento en las tarifas de los camiones verdes no pasó desapercibida por los legisladores del Congreso de Nuevo León, quienes, al igual que muchos ciudadanos, criticaron la falta de aviso y el modo en que se implementó el cambio. Ante la controversia generada, el Congreso local manifestó su preocupación y expresó su intención de buscar revertir la decisión del gobierno estatal.
Los legisladores señalaron que este tipo de aumentos, aplicados de manera unilateral y sin el consenso de los usuarios o del sector político, afectan principalmente a las clases más vulnerables, quienes dependen del transporte público para movilizarse a sus centros de trabajo, escuelas y otros destinos. Además, enfatizaron que la falta de una adecuada estrategia de comunicación y la ausencia de una justificación clara sobre el incremento genera desconfianza entre los usuarios y un mayor descontento con el sistema de transporte público.
La crítica al gobierno estatal también se centró en la falta de medidas claras para mejorar el servicio del transporte público antes de aplicar aumentos. Los legisladores señalaron que, en lugar de aumentar las tarifas, debería haberse enfocado en mejorar la calidad del servicio, la seguridad y la accesibilidad de las rutas de transporte, áreas que, según denuncian muchos usuarios, han sido problemáticas en los últimos años.
El aumento en el transporte solo afecta a las rutas con “Me Muevo” y “Urbani”
Ante las quejas, el Gobierno de Nuevo León explicó que el aumento en la tarifa de 12 a 15 pesos solo afectará a las rutas que operan bajo el sistema de pago “Me Muevo” o “Urbani”. Es decir, el ajuste tarifario no impactará a todas las rutas de transporte público en la ciudad, sino únicamente a aquellas que cuentan con este sistema tecnológico de pago digital, que permite a los usuarios utilizar tarjetas o aplicaciones móviles para abonar el costo del pasaje.
Por lo tanto, las rutas de transporte público que no forman parte del sistema Urbani seguirán operando con la tarifa de 12 pesos, sin experimentar cambios en el precio del servicio. Esto ha causado cierta confusión entre los usuarios, quienes no siempre tienen claro en qué rutas se aplica la nueva tarifa y cuáles seguirán con el precio anterior.
Además, el Gobierno estatal detalló que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) ha adquirido mil 100 validadores de pago para su instalación en autobuses del servicio tradicional, lo que permitiría integrar a más rutas al sistema “Me Muevo”. Estas medidas buscan mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el pago electrónico, pero algunos usuarios consideran que este proceso de actualización debería haberse realizado de manera más gradual y acompañado de un mejor programa de información y educación para los pasajeros.
Las rutas tradicionales y los requisitos para adherirse al sistema
Para que las rutas de transporte público tradicionales puedan adoptar el sistema de pago electrónico “Me Muevo” y “Urbani”, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades de movilidad. Estos incluyen la instalación de validadores de pago aprobados por Metrorrey, la cancelación del cobro en efectivo y la vinculación de los autobuses con el sistema GPS del Centro de Gestión de Movilidad. Además, se exige que las rutas implementen un programa de operación que garantice horarios y frecuencias adecuadas.
Preocupaciones sobre la falta de transparencia en el transporte público
Uno de los puntos más criticados por los usuarios y el Congreso es la falta de transparencia en el proceso de implementación del aumento de tarifas. A pesar de que las autoridades locales argumentan que el ajuste solo afectará a ciertas rutas, muchos usuarios aseguraron que en las unidades de transporte no se estaba informando de manera adecuada sobre el nuevo costo del pasaje.
Aunque algunos autobuses exhibieron el precio del pasaje en pantallas laterales, no se vio el precio claramente visible en el parabrisas, como debería ser de acuerdo con la normativa vigente. Esta falta de claridad generó confusión entre los pasajeros, quienes no sabían si se les estaba cobrando el precio correcto.
Impacto social y político
El aumento tarifario también refleja una cuestión de fondo sobre la accesibilidad al transporte público en Monterrey, especialmente para los sectores de la población con menores recursos. La decisión de aumentar las tarifas sin previo aviso y sin una justificación clara ha generado un malestar generalizado, que podría influir en la percepción pública sobre la gestión del transporte en la ciudad.
Si bien el gobierno estatal ha defendido la medida como parte de un esfuerzo por mejorar el sistema de transporte, las críticas continúan, y las autoridades locales deberán responder ante la creciente preocupación de los usuarios y los legisladores. El Congreso de Nuevo León se comprometió a seguir luchando por la reversión del aumento y a buscar una solución que contemple tanto la mejora del servicio como la protección de los intereses de los ciudadanos.
