El Consejo de Administración de Metrorrey aprobó un esquema de aumentos mensuales en la tarifa del Metro que se extenderá hasta mayo de 2030. Según un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, cada viaje aumentará 10 centavos al mes, pasando de los actuales 9 pesos a 15 pesos al término del periodo.
Para el cierre de la actual administración, en octubre de 2027, el costo será de 11.9 pesos, lo que representa un aumento del 164% en comparación con los 4.5 pesos que costaba el viaje al inicio del sexenio de Samuel García.
Aprobación discreta y sin difusión pública
El acuerdo, aprobado el 20 de diciembre, no fue comunicado públicamente y se dio a conocer hasta su publicación este domingo en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado. A diferencia de aumentos anteriores, no se difundieron videos ni actas de la sesión del Consejo de Administración de Metrorrey, lo que ha generado críticas de activistas como Jorge Rodríguez, de la organización Integración Legal y Justicia, quien cuestionó la transparencia del proceso.
Justificación: operación y expansión del servicio de Metro
El documento justifica el incremento como una medida para garantizar el mantenimiento, operación y expansión del sistema de transporte.
“Este organismo requiere sufragar los costos de administración y mantenimiento de las Líneas de Metro y Transmetro, asegurando la continuidad del servicio en condiciones de seguridad”, señala el acuerdo.
Vinculación con aumentos en otros servicios
En la misma publicación, se anunció un alza en las tarifas de camiones y taxis, vinculando las decisiones a la gestión del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. Ambos acuerdos llevan la firma de Abraham Vargas, quien figura como director de Metrorrey en uno y como encargado de despacho del Instituto en otro.
Críticas por la falta de transparencia en aumento a tarifa de Metro
Las críticas hacia el manejo del tema no se han hecho esperar. Usuarios y activistas han señalado que el alza en las tarifas no necesariamente se traduce en mejoras visibles en el servicio. Además, la falta de comunicación oportuna y la ausencia de registros públicos de la sesión alimentan dudas sobre la forma en que se aprobó esta medida.
La comunidad exige mayor claridad y acciones que garanticen un transporte eficiente, accesible y acorde a las necesidades de los usuarios.
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