La reciente denuncia del activista Ignacio Alvarado encendió las alertas entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, luego de acusar al gobierno de Samuel García y a funcionarios de Movimiento Ciudadano de utilizar el aparato estatal para intimidarlo con amenazas de cárcel, tras exhibir presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos para propaganda política.
Denuncias Por Propaganda Disfrazada De Campañas Sociales
Alvarado denunció formalmente ante la Fiscalía que al menos tres funcionarios públicos vinculados a Movimiento Ciudadano habrían utilizado un mismo número telefónico para canalizar supuestos “eventos sociales” del Estado. Sin embargo, de acuerdo con su acusación, estos contactos derivaban en actividades de autopromoción política y difusión de imagen personal de funcionarios.
El activista también señaló que, desde el área de Comunicación del gobierno estatal, encabezada por Glen Zambrano, se habrían destinado alrededor de 24 millones de pesos de recursos públicos a campañas digitales presentadas como acciones sociales, pero que en realidad funcionaban como propaganda política encubierta.
Amenazas De Cárcel Tras Presentar Denuncias
Luego de hacer públicas estas acusaciones, Ignacio Alvarado aseguró haber recibido advertencias de que podría enfrentar cargos por difamación y calumnias. Para activistas y abogados consultados por organizaciones civiles, estas acusaciones representan un intento de inhibir la denuncia ciudadana mediante figuras legales que han sido cuestionadas por su uso como mecanismos de intimidación.
El propio Alvarado ha reiterado que las denuncias no son personales, sino que buscan evidenciar el uso sistemático de recursos públicos para beneficiar proyectos políticos y personales ligados al partido en el poder estatal.
Uso De Recursos Públicos Y Empresas Fantasma
Entre los señalamientos más delicados se encuentra el presunto gasto de millones de pesos en empresas fantasma para inflar campañas de propaganda digital. Estas acciones, según el activista, habrían sido financiadas con dinero público y orientadas a mejorar la imagen de funcionarios estatales y operadores políticos de Movimiento Ciudadano.
Además, Alvarado destacó que sus denuncias lograron frenar la grabación y difusión de imágenes de niñas y niños en escuelas públicas con fines propagandísticos, una práctica que vulnera los derechos de la infancia.
Ignacio Alvarado: Llamado A Eliminar El Delito De Difamación
Como respuesta a esta situación, el activista anunció la presentación de una iniciativa para eliminar el delito de difamación, al considerar que se utiliza como arma política contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos del poder. Diversos colectivos coinciden en que el caso refleja un patrón preocupante de uso del aparato estatal para silenciar voces incómodas.
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