En un panorama marcado por la penumbra fiscal, el gobierno estatal de Nuevo León ha hecho de su “Impuesto Verde” una caja negra de la que emanan preocupantes sombras. Esta tenebrosa tasa, que ya ha engullido la astronómica suma de 2 mil millones de pesos al año, se gestiona en las sombras, lejos de la prometida transparencia y del compromiso ambiental declarado en el 2021. Periodistas intentaron arrojar luz sobre la aplicación de estos recursos, pero la Tesorería estatal prefirió mantenerse en la penumbra del silencio.
El Secreto a Voces del Secretario de Medio Ambiente
En una confesión más que reveladora, el Secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, admitió la semana pasada que la Tesorería de Nuevo León tiene las riendas de estos ingresos. Sin embargo, la opacidad persiste, y la falta de respuesta a las preguntas deja entrever la reticencia del gobierno a desvelar los entresijos de este oscuro mecanismo de recaudación.
Fuentes oficiales informan que los impuestos por contaminar aire, agua o subsuelo se sumergen en las arcas estatales sin un destino específico, flotando en un limbo fiscal. Desde allí, “pueden” ser destinados a proyectos ambientales, pero al examinar el último informe financiero, la realidad es desoladora. Apenas un mísero 4.3 por ciento de la recaudación se dedica a programas ambientales, dejando en entredicho las nobles intenciones detrás de este impuesto “verde”.
Promesas del Gobierno de NL que se Desvanecen
Cuando el Gobernador Samuel García propuso la creación del “Impuesto Verde,” aseguró que estos recursos estarían firmemente atados a proyectos ambientales. Más de dos años después, esas promesas se desvanecen en el humo fiscal que oculta la falta de informes públicos detallados. La inclusión de este impuesto en la Ley de Ingresos desde 2022 no ha sido más que una cortina de humo para ocultar la falta de compromiso con la ecología.
Pésima Inversión en la Salud Ambiental en Nuevo León
El contraste entre las cifras es asombroso. El programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire lidera con una asignación de 61.3 millones de pesos, pero la realidad es que el resto de los programas ambientales quedan en la penumbra del abandono financiero, con partidas risibles que van desde 400 mil hasta 2 millones de pesos. Ni siquiera sumando el gasto operativo total de la Secretaría de Medio Ambiente se logra arrojar luz sobre una inversión representativa para justificar los estratosféricos 2 mil millones recaudados por estos impuestos “verdes”.
En conclusión, el “Impuesto Verde” se revela como una farsa fiscal y ambiental del gobierno de Nuevo León. La opacidad en su gestión, las promesas incumplidas y la pésima inversión en proyectos cruciales son señales inequívocas de una administración que prefiere sumirse en la oscuridad antes que rendir cuentas a la ciudadanía. En un momento crucial para la salud ambiental, esta sombra fiscal solo sirve para ennegrecer el futuro de nuestro entorno natural.
