El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) solicita una transferencia de 6,900 millones de pesos a la Tesorería estatal. Esta cifra contrasta con los 203 millones asignados en el presupuesto reconducido de 2023, el cual se aplica debido a la falta de acuerdos entre el Congreso del Estado y la Administración del Gobernador Samuel García.
El presupuesto solicitado representa un aumento del 172% en comparación con los 2,400 millones que el gobierno estatal transfirió al organismo en 2024. Este incremento responde a la expansión de la flota de transporte urbano, la cual alcanzó 1,800 unidades operadas por el IMA o por empresas privadas bajo el esquema de pago por kilómetro recorrido.
Expansión de flota y costos operativos de movilidad
En diciembre del año pasado, el IMA adjudicó 1,500 nuevas unidades, lo que incrementará la disponibilidad del transporte público en Nuevo León. Sin embargo, este crecimiento también ha derivado en un aumento considerable en los costos de operación.
“Incrementar la oferta también incrementa los gastos de operación”, explicó Abraham Vargas, encargado del IMA, al presentar el presupuesto ante la Junta de Gobierno.
Añadió que la Tesorería ha autorizado 203 millones, pero el organismo argumenta necesitar 6,900 millones de pesos para garantizar su funcionamiento óptimo.
Déficit financiero y evasión de ingresos
El diario El Norte reveló que la operación de las rutas estatales generó en 2024 un déficit de 1,220 millones de pesos, principalmente debido a:
- Baja ocupación de unidades.
- Evasión de ingresos por el cobro en efectivo que realizan algunos operadores.
El IMA estima que el costo total de operación de los camiones verdes superó los 4,700 millones de pesos el año pasado, una cifra que continúa en ascenso.
Inquietud del sector empresarial ante la crisis de movilidad
Durante la reunión de la Junta de Gobierno, representantes de cámaras empresariales cuestionaron la alta dependencia de recursos estatales para la operación del transporte público y expresaron preocupación por lo que podría ocurrir si la Tesorería no dispone de los fondos necesarios para cubrir las transferencias.
“La Tesorería nos pide que planeemos sobre 2,500 millones, y nosotros evaluaremos mes a mes los escenarios”, respondió Vargas. “Tenemos que tener un presupuesto base para poder operar, e iremos implementando medidas, ajustes y correcciones”.
A pesar de estas estrategias, apeló que el presupuesto solicitado sigue siendo insuficiente para garantizar la operatividad plena del sistema de transporte público.
Futuro incierto para el transporte público
Los cuestionamientos sobre la administración de los fondos y la falta de alternativas para reducir la dependencia de recursos estatales continúan generando debate entre legisladores, empresarios y ciudadanos.
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