La indignación social en Nuevo León crece día con día tras la revelación de que al menos 70 perros perdieron la vida en el Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina. Asociaciones civiles, activistas y ciudadanos han exigido justicia y cárcel para el alcalde Jesús Nava, a quien responsabilizan de lo ocurrido en el centro que opera bajo su administración.
La presión pública se ha transformado en acciones concretas desde el Congreso local. Un diputado local presentó una serie de iniciativas para endurecer las penas contra los funcionarios públicos que sean responsables de maltrato animal o de ocasionar la muerte de seres sintientes bajo su resguardo. Estas propuestas buscan marcar un antes y un después en la legislación estatal y enviar un mensaje contundente: el abandono y la crueldad hacia los animales no quedarán impunes.
Señalan Falta De Transparencia Y Compromiso
Las acusaciones de colectivos animalistas surgieron tras la supuesta muerte de 70 perros y las malas condiciones de resguardo en el centro municipal. Vecinos y activistas exigieron transparencia y una investigación inmediata, sin embargo, la respuesta del gobierno de Nava fue cerrar el acceso a la información, provocando mayor indignación social.
La medida fue aprobada por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento, mediante el acuerdo CT/051/2025-A.R., fechado el 30 de septiembre, donde se argumentó que existen procesos administrativos en curso que podrían verse “afectados” si se divulgan los datos.
Para activistas, ese argumento no es más que una excusa para encubrir irregularidades. “Cinco años es demasiado tiempo. Lo que buscan es esconder lo que ocurrió y evitar rendir cuentas”, expresaron integrantes del colectivo Unidos por Ellos.
El diputado local Miguel Ángel García Lechuga, del PAN, fue quien realizó la solicitud de información sobre las actividades del Centro. Pidió datos sobre el número de animales atendidos, los sacrificios realizados y las bitácoras de ingreso y salida, pero su solicitud fue rechazada por el municipio.
Ante la negativa, el legislador acusó a Jesús Nava de fomentar la opacidad y de no tener interés en la protección animal.
“Nos quieren tapar la información a los ciudadanos. Lo que procede ahora es presentar otra denuncia ante las autoridades competentes”, declaró García Lechuga, calificando la postura de Nava como un intento por evadir la rendición de cuentas.
El caso contra Jesús Nava ha saltado a medios nacionales
Opacidad En El Gobierno De Jesús Nava
No es la primera vez que la administración de Jesús Nava enfrenta cuestionamientos por falta de transparencia. Colectivos y vecinos del municipio han señalado una tendencia a ocultar información y a minimizar denuncias públicas relacionadas con temas ambientales y de bienestar animal.
El silencio del alcalde ante esta nueva controversia ha aumentado la tensión. Hasta ahora, no ha ofrecido una declaración pública sobre las razones detrás de la reserva de los datos ni ha anunciado medidas para investigar las acusaciones de maltrato.
Para críticos y activistas, esta actitud refleja una gestión más preocupada por proteger la imagen del alcalde que por garantizar la vida y bienestar de los animales a su cargo.
Exigen Investigación Y Apertura De Datos
Las organizaciones civiles ya preparan acciones legales y nuevas solicitudes de transparencia para revertir la clasificación impuesta. Aseguran que el caso no puede quedar impune y que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que ocurre dentro del Centro de Bienestar Animal.
Además, solicitaron a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI) revisar el expediente y determinar si la reserva de cinco años se ajusta a la ley. De no hacerlo, advirtieron, se estaría sentando un precedente negativo que permitiría a otros municipios encubrir casos similares bajo el argumento de “procesos en curso”.
Reformas Contra El Maltrato Animal
Las reformas presentadas por el legislador incluyen cambios al Código Penal que contemplan sanciones de hasta seis años de cárcel por maltrato animal y hasta 12 años en casos que resulten en la muerte de los ejemplares. Para los servidores públicos responsables, las penas se duplicarían, alcanzando hasta 24 años de prisión.
Además, Lechuga propuso modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que incrementarían hasta en 20 años la inhabilitación para ejercer cargos públicos en quienes resulten responsables de este tipo de actos. Como complemento, planteó cambios a la Ley de Protección Animal, que obligarían a instalar cámaras de transmisión en vivo durante las 24 horas en todos los refugios y centros de resguardo, con el fin de garantizar transparencia en el trato a los animales rescatados.
Otra de las propuestas busca digitalizar los expedientes de cada ejemplar que ingrese a los centros de bienestar, con el objetivo de tener un registro confiable y evitar irregularidades. Con estas medidas, el legislador afirmó que se pretende recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que tragedias como la ocurrida en Santa Catarina no vuelvan a repetirse.
Les dejamos un hilo informativo sobre lo que sucede en Santa Catarina Nuevo León:
Jesús Nava y los 70 muertos (o más) que lleva sobre los hombros.
El legislador no se limitó a presentar iniciativas. También interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el Ayuntamiento encabezado por Jesús Nava, señalando directamente a la administración por los hechos de maltrato animal.
En paralelo, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que ciudadanos fueran reprimidos durante una protesta pacífica realizada a las afueras del Palacio Municipal. Según testigos, elementos de seguridad pública colocaron vallas y desplegaron policías con armas largas para contener la manifestación, lo que generó críticas por el uso de la fuerza contra personas que exigían justicia por la muerte de los animales.
La madre de familia, activistas y vecinos que participaron en la protesta lamentaron que, en lugar de respuestas claras, el gobierno municipal optara por la represión. Para muchos, este episodio refleja la falta de sensibilidad de las autoridades locales ante un tema que ha tocado profundamente a la sociedad.
Ciudadanía En Contra Del Alcalde Jesús Nava
Las acciones emprendidas por el diputado Lechuga encontraron eco en gran parte de la ciudadanía, que exige un juicio político contra Jesús Nava. La percepción general es que el alcalde no solo es responsable por omisión, sino que también ha permitido que se normalicen prácticas de maltrato animal en instalaciones bajo su administración.
“Esta es una rayita más al Tigre, un paso más adelante para que el alcalde Jesús Nava esté en la cárcel”, declaró el legislador, dejando en claro que la presión política y social se mantendrá hasta que haya consecuencias legales.
En la presentación de las iniciativas estuvo presente el activista Alex Ventura, quien respaldó las medidas y recordó que los animales son seres sintientes que merecen respeto y cuidado. La sociedad civil, por su parte, se ha mantenido activa en redes sociales y en las calles, organizando protestas y vigilias en memoria de los más de 70 perros fallecidos.
Maltrato Animal Y Falta De Respuesta De Jesús Nava
Más allá de las propuestas legislativas y las denuncias, el tema ha puesto en evidencia un problema estructural: la falta de políticas efectivas para proteger a los animales en Nuevo León. A pesar de los múltiples llamados de la ciudadanía, el silencio oficial ha prevalecido en torno al caso de Santa Catarina.
El maltrato animal es un delito que, en la mayoría de los casos, queda impune. Organizaciones señalan que la carencia de mecanismos de supervisión, sumada a la indiferencia de algunas autoridades, crea un ambiente donde la crueldad puede ocurrir sin que haya sanciones inmediatas. Por ello, la propuesta de cámaras de vigilancia permanente es vista como un paso fundamental hacia la rendición de cuentas.
La exigencia de que se castigue a funcionarios públicos con penas ejemplares busca sentar un precedente. La ciudadanía demanda que quienes ocupan cargos de poder no puedan evadir su responsabilidad cuando se trata de proteger a los animales que dependen de la administración municipal o estatal para sobrevivir.
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