El velo de modernidad y frescura política que intentó vender Movimiento Ciudadano en Nuevo León terminó pulverizado frente a los tribunales federales. La Auditoría Superior de la Federación presentó formalmente una acusación penal ante la Fiscalía General de la República contra la gestión de Samuel García, acusando la sustracción y desvío de más de 7 mil 200 millones de pesos del presupuesto estatal.
No se trata de fallas de trámite ni de observaciones subsanables: el órgano auditor acreditó un andamiaje premeditado de operaciones simuladas diseñado para que contratistas del estado rebotaran el dinero público hasta depositarlo en las cuentas privadas del bufete que el mandatario comparte con su padre, Samuel Orlando García.
El testimonio técnico del auditor Aureliano Hernández confirmó ante los legisladores federales que el gobierno de Nuevo León funcionó prácticamente como una caja chica familiar. A través de prestanombres, proveedores favorecidos y dispersiones encubiertas, los recursos destinados a infraestructura, salud y servicios públicos terminaron financiando el vertiginoso crecimiento patrimonial del clan gobernante.
Cuatro tuberías para abastecer al despacho de los García
La carpeta judicial entregada por los auditores detalla con precisión quirúrgica el recorrido del dinero. De la bolsa global saqueada, la ASF documentó que 928.13 millones de pesos llegaron íntegros al negocio personal de Samuel García mediante cuatro circuitos financieros:
- El gran canal de la obra pública: El estado adjudicó 5 mil 851 millones de pesos a una empresa constructora. Ésta movió 5 mil 154.6 millones a una segunda entidad mercantil, la cual se encargó de aterrizar 385.3 millones de pesos directamente en la cuenta bancaria de la firma jurídica familiar.
- La intermediación comercial: Se canalizaron 964 millones de pesos a una comercializadora comodín. Desde ahí se dispersaron 237 millones hacia una empresa del sector alimentario, que procedió a ingresar 202.9 millones de pesos al despacho de García, distribuyéndose el dinero restante entre tres personas físicas.
- La fachada de asesorías y servicios: El gobierno autorizó un pago de 243 millones de pesos a una firma prestadora de servicios. Dicha compañía turnó 65.5 millones a una consultora, la cual retuvo 2.6 millones por concepto de comisión y envió los restantes 62.9 millones al negocio privado del mandatario y su progenitor.
- El giro de suministros: Finalmente, 154.2 millones de pesos salieron hacia un proveedor que pagó 144.4 millones a un consorcio de insumos, culminando la operación con una transferencia final de 77.03 millones directo a las arcas del bufete.
Predios millonarios mientras el estado enfrenta carencias
El expediente pericial vincula de manera directa este desvío masivo con la escandalosa adquisición de un terreno exclusivo valorado en mil millones de pesos a nombre del titular del Ejecutivo local. Mientras la ciudadanía de Nuevo León enfrentaba severas crisis en el abasto de agua potable, un sistema de transporte colapsado y una ola creciente de violencia, el círculo íntimo del gobernador acumulaba bienes inmobiliarios de ultralujo con recursos presuntamente extraídos del erario.
La conexión con el esquema de corrupción en Sinaloa
Las pesquisas de la fiscalización federal subrayan que este mecanismo no operó de forma aislada, sino que replicó el modelo detectado en Sinaloa bajo la administración de Rubén Rocha Moya. En aquel estado, dependencias gubernamentales entregaron contratos de obra pública a una constructora vinculada a los hijos del exmandatario, empresa que captó recursos desproporcionados a sus obras asignadas, realizó transferencias opacas entre sus propias cuentas y distribuyó sumas millonarias a los familiares tras su salida formal de la directiva, además de pagar supuestas deudas a mandos de finanzas estatales.
En resumen, la denuncia penal interpuesta por la ASF derrumbó la imagen mediática de Samuel García al exhibir cómo orquestó una red de transferencias por más de 7 mil 200 millones de pesos para canalizar casi mil millones de pesos públicos a su despacho familiar y amasar propiedades extravagantes, enfrentando ahora acusaciones federales ineludibles por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
¿Crees que este golpe judicial de la Federación marcará el final de la carrera política de Samuel García y su círculo cercano?
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