La voracidad fiscal de la administración encabezada por Samuel García sufrió un revés definitivo en el máximo tribunal del país. Lo que el Ejecutivo de Nuevo León promocionaba como un gravamen en favor de la ecología quedó al descubierto como un esquema recaudatorio improvisado e ilegal. Los ministros de la Suprema Corte frenaron de tajo las pretensiones económicas del mandatario regio al declarar inconstitucional el polémico cobro, asestando un golpe directo a la estrategia financiera del gobierno estatal.
- La clave de la votación Suprema Corte impuesto verde: Seis votos a favor de las pedreras
- Hugo Aguilar y Yasmín Esquivel, los dos ministros que votaron en contra
- Por qué la ministra Loretta Ortiz declaró inconstitucional el impuesto de Samuel
- La violación a la Ley de Hacienda explicada por Sara Irene Herrerías
- El debate en el Pleno: El ajuste de última hora que salvó al Estado de un pago millonario
El fallo del Pleno desnudó las deficiencias legales con las que el estado pretendía arrebatar atribuciones tributarias que no le corresponden, dejando en evidencia que la recaudación desmedida no puede ponerse por encima de la Carta Magna.
La clave de la votación Suprema Corte impuesto verde: Seis votos a favor de las pedreras
El desenlace de este litigio se definió a través de un bloque mayoritario que impuso la legalidad sobre la arbitrariedad local. En la votación Suprema Corte impuesto verde, una contundente mayoría integrada por seis togados coincidió en que la legislación impulsada desde el Palacio de Gobierno rebasaba los límites constitucionales.
Los votos a favor de otorgar los amparos a las empresas extractivas vinieron de Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero, Geovanni Figueroa, Irving Espinosa y María Estela Ríos. Este frente común frenó la intención del Ejecutivo estatal de mantener una tarifa mensual sobre una actividad cuya regulación pertenece estrictamente al ámbito federal.
Hugo Aguilar y Yasmín Esquivel, los dos ministros que votaron en contra
En la contraparte del debate, únicamente dos integrantes del Pleno manifestaron una postura distinta. Respecto al Yasmín Esquivel voto en contra, este se alineó con la postura del ministro Hugo Aguilar, siendo las únicas dos voces dentro del tribunal que desestimaron la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.
A pesar de su intento por validar la norma estatal, sus argumentos quedaron totalmente superados por el criterio de los otros seis juristas, quienes priorizaron la delimitación de facultades tributarias fijadas en el texto constitucional por encima de los intereses financieros de Nuevo León.
Por qué la ministra Loretta Ortiz declaró inconstitucional el impuesto de Samuel
Al analizar el expediente 596/2025 correspondiente a la firma Granix, la ministra Loretta Ortiz expuso con firmeza las razones que tumbaban el gravamen. En su exposición, detalló que la norma estatal violaba el Artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución, el cual reserva de manera exclusiva a la Federación la potestad de imponer contribuciones sobre el aprovechamiento de recursos naturales.
Ortiz enfatizó que la gestión regiomontana pretendía usurpar competencias del Congreso de la Unión, inventando un cobro local sobre materias amparadas en los párrafos cuarto y quinto del Artículo 27 constitucional. Esta extralimitación convirtió la medida en un acto totalmente arbitrario.
La violación a la Ley de Hacienda explicada por Sara Irene Herrerías
Por su parte, al abordar el Sara Irene Herrerías amparo impuesto (expediente 593/2025 referente a Triturados El Roble), la ponente centró su argumento en los vicios directos del texto legal local. Herrerías sostuvo que los Artículos 118 al 123 de la Ley de Hacienda del Estado incurrían en flagrantes violaciones a las garantías constitucionales.
La ministra concluyó que la estructura del cobro vulneraba los derechos de los contribuyentes, obligando al Poder Judicial a otorgar la protección federal y dejando sin efecto legal la exigencia impositiva del gobierno de García Sepúlveda frente a las empresas amparadas.
El debate en el Pleno: El ajuste de última hora que salvó al Estado de un pago millonario
Pese al descalabro jurídico para el gobierno regio, la sesión del Pleno incluyó un matiz crucial al cierre de la discusión. Aunque los proyectos originales planteaban ordenar la devolución inmediata de aproximadamente 2,500 millones de pesos cobrados con anterioridad, los ministros acordaron retirar el párrafo referente a la restitución de recursos.
Este ajuste de último minuto ofrece un respiro temporal a la Tesorería estatal, que se libró momentáneamente de un desembolso inmediato. Sin embargo, los litigantes advierten que el Estado sigue comprometido legalmente a reintegrar lo cobrado, por lo que el revés político y financiero para la gestión estatal continúa siendo devastador.
En resumen, los ministros de la Suprema Corte propinaron un duro revés a la gestión de Samuel García al invalidar su cobro ecológico por 6 votos contra 2, evidenciando una invasión de facultades federales. Aunque la Corte retiró a última hora el párrafo sobre la devolución inmediata de fondos, el fallo frena definitivamente la extorsión fiscal a la industria y deja al gobierno estatal al borde de enfrentar reclamos millonarios.
Lee más:
Corea del Norte disparó misiles balísticos hacia el Mar de Japón
Corriente de agua arrastra a un venado en Nuevo León
