El trabajador de Arratia, Hugo Antelmo Quintanilla Serrato, recibió contratos millonarios por al menos 300,000,000 pesos del Gobierno de Nuevo León desde que comenzó el sexenio de Samuel García. La empresa beneficiada, MTM Productos y Servicios, se convirtió en proveedor estatal y municipal, generando señalamientos de conflicto de interés por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Contratos Estatales Para Trabajador De Arratia
MTM Productos y Servicios fue fundada en noviembre de 2014, pero empezó a facturar para el Estado hasta noviembre de 2021, justo al inicio del gobierno de Samuel García. Durante este tiempo, la compañía acumuló 151.7 millones de pesos en contratos antes de que Quintanilla ingresara al municipio de Juárez como funcionario el 30 de septiembre de 2024.
Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, MTM recibió 147.9 millones de pesos adicionales, mientras Quintanilla ya ocupaba un cargo público. Este doble rol como proveedor y funcionario ha sido señalado como conflicto de interés por la ASE, generando críticas sobre la transparencia de la administración estatal.
Beneficios En Diversos Órganos Estatales
Desde que Quintanilla asumió su cargo municipal, la empresa ha obtenido cinco contratos importantes, incluyendo:
- Dos con Metrorrey para servicios diversos.
- Dos con el Instituto Estatal de Cultura, Física y Deporte.
- Uno con el Instituto de Movilidad, relacionado con transporte.
En la Cuenta Pública 2024, la ASE destacó que un contrato de 2 millones 861 mil 685 pesos otorgado a MTM para seguridad en las estaciones del Metro fue un conflicto de interés, ya que Quintanilla ya era funcionario al momento de la adjudicación.
Trayectoria De Arratia Y Cercanía Con Samuel García
Félix Arratia, alcalde emecista de Juárez, es uno de los funcionarios más cercanos a Samuel García, con trayectoria en la SAT estatal y en Secretaría del Medio Ambiente antes de asumir la Alcaldía en 2024. Quintanilla trabajó previamente en el despacho de Arratia y del propio gobernador, lo que refuerza la percepción de alianza cercana y manejo de contratos estratégicos entre compadres.
El vínculo entre la empresa MTM y la administración genera preocupación sobre transparencia y uso de recursos públicos, ya que la adjudicación de contratos a personas allegadas a funcionarios refleja prácticas cuestionables en la gestión pública.
Operaciones Financieras De Trabajador De Arratia
Documentos del Registro Público del Comercio indican que Quintanilla vendió formalmente sus acciones de MTM el 24 de enero de 2025 a Daniel Guadalupe Rivera Barboza, residente de la Colonia Arcadia en Juárez, aunque en su declaración patrimonial del 20 de mayo de 2025 aún aparecía como accionista de la empresa.
Estas inconsistencias ponen en evidencia la opacidad y posibles conflictos de interés, reforzando los cuestionamientos sobre cómo se manejan los contratos millonarios en la administración de Samuel García.
¡También Es Maestro!
Además de figurar como proveedor del Estado con contratos por casi 300 millones de pesos y ocupar un cargo municipal en Juárez, Hugo Antelmo Quintanilla Serrato mantiene activa una plaza como maestro estatal. De acuerdo con registros oficiales, esta plaza existe al menos desde 2015, lo que suma otro ingreso público a su perfil como funcionario y empresario vinculado al actual sexenio.
La información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia señala que Quintanilla aparece registrado como “maestro de grupo de primaria foráneo”, con una plaza asignada al plantel Profesor Abiel Mascareñas Valadez. Aunque los documentos no detallan el municipio donde se localiza la escuela, sí confirman que la plaza sigue vigente dentro de la nómina educativa estatal.
Según los datos más recientes publicados por la Unidad de Integración Educativa, el sueldo asociado a esa plaza asciende a 7 mil 534 pesos mensuales, al menos hasta septiembre pasado.
Piden A La Auditoría Investigarlo
Tras darse a conocer los contratos estatales por al menos 300 millones de pesos otorgados a la empresa MTM Productos y Servicios, vinculada a Hugo Antelmo Quintanilla Serrato, desde el Congreso local se anunció que se pedirá a la Auditoría Superior del Estado una revisión a fondo del caso.
El señalamiento central apunta a un posible conflicto de interés, al tratarse de un proveedor del Estado que, al mismo tiempo, forma parte de un gobierno municipal del mismo partido en el poder estatal, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
