El gasto en comunicación social de Samuel García en el Gobierno de Nuevo León ha encendido nuevamente las alarmas sobre el uso de los recursos públicos. De febrero de 2024 a marzo de 2025, el Estado destinó casi 520 millones de pesos a este rubro, lo que equivale a más de 40 millones al mes y alrededor de 1 millón 330 mil pesos cada día. Aunque la función oficial de estas partidas es informar a la ciudadanía sobre campañas y acciones gubernamentales, la magnitud de los montos y la naturaleza de algunos contratos levantan serias dudas sobre su verdadero beneficio para la población.
Mientras los hogares luchan por ajustar sus presupuestos ante el incremento de precios y el costo de la vida, el desembolso millonario para publicidad, propaganda, encuestas y asesorías deja un sabor amargo. Para muchos habitantes, el ritmo y el volumen de este gasto en comunicación social no responde a una necesidad pública, sino a un ejercicio de autopromoción política.
$1'300'000 diarios pagamos los nuevoleoneses por la publicidad, imagen, propaganda, etc. de @samuel_garcias
— Xardiel Padilla (@xardiel) August 11, 2025
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Un gasto diario de Samuel García difícil de justificar
Los datos oficiales revelan que el Gobierno de Nuevo León canalizó recursos a cerca de 60 proveedores por conceptos relacionados con la difusión de su imagen. Entre estos servicios se incluyen espacios en medios tradicionales, anuncios en internet, estrategias de redes sociales, encuestas y asesorías de comunicación. Sin embargo, no todo se destina a mensajes de interés ciudadano.
Una parte importante de este presupuesto termina en empresas que no generan contenidos visibles para la población. Es decir, reciben millones de pesos sin que haya un impacto directo en la información que llega a los nuevoleoneses. Este esquema alimenta la percepción de que gran parte del dinero se invierte más en reforzar la imagen del gobernador que en mantener informada a la ciudadanía.
De hecho, hay mensajes útiles —por ejemplo, campañas de salud o prevención de desastres—, pero el volumen de recursos que se canaliza a otros fines sugiere que no son la prioridad. El problema se agrava porque el gasto en comunicación social es discrecional, sin mecanismos que obliguen a rendir cuentas con claridad sobre su ejecución.
La concentración del gasto en comunicación social en pocos proveedores
En lo que ha sido calificado como una “danza de millones”, diez empresas concentran dos tercios de todo el presupuesto asignado a este rubro, sumando alrededor de 343 millones de pesos. Lo sorprendente es que solo la mitad de estas firmas se dedica realmente a difundir mensajes al público a través de radio, televisión, portales o publicidad exterior.
El resto ofrece servicios como estudios de opinión, diseño de estrategias o elaboración de materiales, cuya utilidad para la ciudadanía es cuestionable. Un ejemplo es Aragón Estudios de Opinión Socio Demográficos, de Guadalajara, que cobró cerca de 2 millones de pesos mensuales por encuestas, acumulando más de 36 millones en un año.
Otra compañía, Nauka Comunicación Estratégica —también originaria de Jalisco— recibió casi 49 millones de pesos por servicios de estrategia digital, adquisición de publicidad y contratación de espacios en medios digitales. Llama la atención que, bajo su nombre oficial, no tiene presencia pública en redes sociales, operando bajo la marca Uzu Digital.
Para el ciudadano común, el beneficio tangible de estas operaciones es difícil de identificar. Mientras tanto, el gasto en comunicación social sigue drenando el presupuesto con cifras que para muchas familias representan una realidad inalcanzable.
La empresa consentida del gobierno
El caso más emblemático es el de Eu Zen Consultores, considerada la firma preferida del actual gobierno en este sector. Entre febrero de 2024 y marzo de 2025 recibió más de 75 millones de pesos, con un promedio mensual de 5 millones 700 mil. Su contrato establece que desarrollará estrategias de comunicación para el Gobierno del Estado, pero la descripción técnica resulta ambigua y recargada de un lenguaje burocrático que poco dice sobre el verdadero alcance de su labor.
Según el documento, la empresa debe difundir problemáticas y alertas para concientizar a la población. Sin embargo, al analizar la magnitud del personal contratado, surge la sospecha de que sus funciones van más allá de la comunicación institucional. Eu Zen instaló una oficina en Monterrey con 64 profesionales para atender de tiempo completo al gobernador, secretarías y organismos descentralizados. Una estructura de tal tamaño podría apuntar a un trabajo mucho más amplio que el estrictamente informado en la ficha técnica.
El hecho de que Eu Zen, Nauka y Aragón compartan origen en Guadalajara no pasa inadvertido. Para algunos analistas, esta coincidencia podría indicar vínculos políticos o redes de confianza más allá de criterios técnicos en la selección de proveedores.
Impacto político del gasto en comunicación social
La escala del gasto en comunicación social y la concentración en determinados proveedores plantean un debate sobre las prioridades del gobierno. Mientras problemas como la seguridad, el transporte público y la infraestructura demandan recursos, se destinan sumas millonarias a un sector cuya eficacia para mejorar la vida de los ciudadanos es difícil de medir.
Especialistas en transparencia señalan que el acceso a los contratos es complicado, debido a que la información se encuentra dispersa en portales oficiales y requiere un análisis detallado para comprender el destino del dinero. Sin herramientas tecnológicas o apoyo de organismos como el Instituto Estatal de Transparencia, el ciudadano promedio difícilmente podría rastrear el uso de estos fondos.
La pregunta central sigue siendo si este gasto responde a una estrategia legítima de comunicación pública o si, por el contrario, es parte de un proyecto de autopromoción con miras a futuros objetivos políticos. En cualquier caso, las cifras son claras: más de un millón de pesos diarios en comunicación, mientras áreas críticas siguen sin atenderse con la misma urgencia.
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