El Gobierno de Nuevo León no cumplió con la publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) de las tablas de valores catastrales aprobadas por el Congreso local para cinco municipios, lo que pone en riesgo el cobro del Impuesto Predial en 13 municipios del estado. El plazo legal para realizar esta publicación venció el pasado domingo 15 de diciembre, sin que se cumpliera la obligación establecida.
La falta de publicación afecta directamente la actualización de los valores catastrales necesarios para calcular el Impuesto Predial que debe comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año. Con ello, el gobierno estatal suma ya 14 decretos omitidos, los cuales abarcan municipios importantes como San Pedro, García, Juárez, Pesquería y Marín, además de otras localidades como Monterrey, Guadalupe, Escobedo, Apodaca, Santiago, Allende y Montemorelos.
La presidenta del Congreso local, Lorena de la Garza, señaló que esta omisión por parte del Ejecutivo representa una clara violación a los procedimientos establecidos en la Ley de Gobierno Municipal, además de generar incertidumbre para los municipios afectados. Según la legisladora, el Congreso podría enviar en breve un oficio formal ordenando la publicación inmediata de los decretos pendientes.
Municipios afectados y plazos incumplidos
Los municipios de San Pedro, García, Juárez, Pesquería y Marín son los más afectados por la falta de publicación de las tablas de valores catastrales, ya que dichas actualizaciones incluyen zonas residenciales e industriales que son clave para el cálculo del Impuesto Predial. Estas tablas permiten a los gobiernos municipales ajustar los valores catastrales conforme a las necesidades y realidades del desarrollo económico y urbano en sus respectivas localidades.
El caso más reciente de incumplimiento no es el único. De acuerdo con los registros, el gobierno estatal ya había omitido la publicación de dos decretos relacionados con valores catastrales de San Nicolás y otros municipios de la zona metropolitana, como Monterrey, Guadalupe y Apodaca. La presidenta del Congreso advirtió que el incumplimiento del gobernador Samuel García no solo retrasa los procesos administrativos, sino que también compromete la estabilidad financiera de los municipios, quienes dependen del Impuesto Predial como una de sus principales fuentes de ingresos.
A pesar de que la ley obliga al Ejecutivo a publicar las tablas al día siguiente de que el Congreso lo ordena, la situación sigue sin resolverse. El plazo original para la publicación de las tablas en los primeros municipios venció el 9 de diciembre, y hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna acción por parte del gobierno estatal.
La respuesta del gobierno de Nuevo León
Por la tarde del lunes, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que justificó el retraso en la publicación de los decretos, argumentando que las tablas catastrales continúan en análisis. Según el Ejecutivo, se requiere revisar los presupuestos de ingresos de los municipios afectados para verificar si contemplan o no el incremento de valores catastrales aprobado por el Congreso.
El comunicado hace referencia a los artículos 175 y 176 de la Ley de Gobierno Municipal, donde se establece que los presupuestos municipales deben ser revisados en relación con las actualizaciones de valores catastrales. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas y legisladores, estos artículos no mencionan ninguna intervención del Ejecutivo en el proceso de publicación, lo que hace que el argumento presentado por el gobierno estatal carezca de fundamento legal.
Lorena de la Garza criticó la postura del gobierno y reiteró que el incumplimiento de los plazos legales afecta directamente a los ciudadanos de los municipios involucrados. “El Ejecutivo está obligado a publicar los decretos aprobados por el Congreso, y no hay ninguna disposición legal que permita retrasar este proceso bajo pretextos administrativos”, declaró la legisladora.
La falta de publicación de las tablas podría traer consecuencias económicas graves para los municipios, quienes dependen del Impuesto Predial para financiar obras públicas, programas sociales y otros servicios esenciales para la población.
Riesgos financieros y posibles soluciones
La omisión en la publicación de las tablas de valores catastrales no solo representa un desafío legal, sino también un riesgo financiero para los municipios afectados. El Impuesto Predial es una fuente vital de ingresos para los gobiernos locales, ya que permite mantener la infraestructura urbana, financiar programas de servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin la actualización de los valores catastrales, los municipios podrían enfrentarse a un déficit presupuestario significativo a partir del próximo año.
Ante esta situación, el Congreso local evalúa la posibilidad de enviar un oficio formal al Periódico Oficial del Estado (POE) para exigir la publicación de los decretos pendientes. De no cumplirse esta orden, los legisladores podrían tomar acciones legales adicionales para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley.
Además, especialistas en materia fiscal y legislativa sugieren que los municipios afectados deberían trabajar en planes alternativos para asegurar el cobro del Impuesto Predial en los primeros meses del año, mientras se resuelve el conflicto con el Ejecutivo. Esto incluiría la aplicación de valores catastrales vigentes o la adopción de medidas provisionales autorizadas por el Congreso local.
La situación también ha generado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes cuestionan las razones detrás del incumplimiento del gobierno estatal. Algunos habitantes de los municipios afectados expresaron su preocupación por posibles aumentos en las tarifas o recortes en los servicios públicos debido a la falta de recursos derivados del Impuesto Predial.
