El reciente aumento en las tarifas del transporte público en Nuevo León, aprobado por el gobierno estatal y publicado en el Periódico Oficial del Estado, ha generado inconformidad entre la población joven. Según Maday Cantú Cantú, directora del Instituto de la Juventud Regia, alrededor de 126 mil jóvenes que estudian y trabajan en diversos municipios de la entidad se ven afectados directamente por este incremento.
Institutos de juventud alzan la voz por tarifazo al transporte
En respuesta a esta problemática, los institutos de la Juventud de Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Santiago presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). El objetivo principal es que se emita una recomendación para mejorar el servicio de transporte público y abordar las necesidades específicas de los jóvenes.
“Representamos a los jóvenes del área metropolitana de Monterrey y buscamos que se hagan recomendaciones específicas para garantizar un transporte más accesible”, señaló Cantú.
Asimismo, destacó que, aunque el Instituto de Movilidad y Accesibilidad incluye en su junta a representantes de varios sectores, no se consideraron medidas para mitigar el impacto del aumento en los jóvenes.
Problemas con las tarjetas Me Muevo
Otra queja recurrente entre los usuarios es la falta de disponibilidad de las tarjetas Me Muevo, necesarias para el pago electrónico en el transporte público. Aunque Metrorrey había prometido su distribución para el 3 de enero, y posteriormente pospuesto al 10 de enero, los plásticos siguen sin estar disponibles en las estaciones del metro ni en las tiendas Oxxo, donde los validadores de saldo tampoco están operativos.
Los institutos de la juventud y sus representantes buscan no solo una solución inmediata a los problemas logísticos, como la distribución de tarjetas, sino también un compromiso del gobierno estatal para implementar políticas que beneficien a los sectores más afectados por el aumento de tarifas, especialmente los jóvenes.
Esta iniciativa busca visibilizar las dificultades que enfrentan los usuarios y garantizar que sus derechos sean tomados en cuenta en la toma de decisiones relacionadas con el transporte público.
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