Aunque el Gobernador Samuel García atribuye la falta de recursos estatales a la no aprobación del Presupuesto 2024 por parte del Congreso local, y demanda la aprobación de su iniciativa de Ley de Ingresos enviada desde noviembre, la situación es más compleja de lo que parece. El gobernador ha incumplido con la “nueva Constitución” que él mismo impulsó y reformó en 2022, la cual estipula claramente que el Paquete Fiscal, compuesto tanto por la Ley de Egresos como por la Ley de Ingresos, debe ser enviado completo para su análisis y aprobación por el Congreso.
Interpretación Selectiva de la Constitución
Samuel García defiende su decisión de no enviar un Presupuesto de Egresos argumentando que necesitaba primero la aprobación de los Ingresos. Sin embargo, el texto constitucional reformado, que el mismo Mandatario promociona como uno de sus grandes logros, especifica que la proyección de egresos debe entregarse a más tardar el 20 de noviembre de cada año. Esta obligación, claramente establecida en el Artículo 125 (Fracción XIX) de la Constitución actual, fue incumplida, repitiendo un patrón similar al del año anterior.
Historial de Cumplimiento y Cambio en 2022
Históricamente, todos los gobernadores, incluido el propio Samuel García al inicio de su gestión en 2021, cumplieron con enviar al Congreso las leyes de Ingresos y Egresos, así como las otras leyes que componen el paquete fiscal. No obstante, en 2022, la administración estatal adoptó la postura de enviar únicamente los ingresos, una decisión que marca un precedente cuestionable y que fue aceptada tras negociaciones con el Legislativo en enero de 2023.
Tensión y Amenazas en la Política Fiscal
La tensión escaló en diciembre del pasado año, cuando el gobernador advirtió a los diputados que cualquier modificación a su iniciativa de ingresos resultaría en la no entrega del presupuesto de egresos, incluso amenazando con retener completamente los fondos. Este tipo de amenazas complican aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, afectando potencialmente la gestión de los recursos estatales.
Reacciones y Reclamaciones Actuales
El reclamo más reciente surgió cuando diversos organismos del Estado, incluidos el Legislativo y el Judicial, enfrentaron retenciones en el pago de nóminas debido a la falta de un presupuesto aprobado. La respuesta del Estado fue exigir la aprobación del presupuesto o que estos organismos utilizaran sus reservas financieras, lo cual ha sido calificado de ilegal.
Una Gestión Fiscal Cuestionable
El escenario descrito no solo representa un desafío en términos de legalidad constitucional, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la transparencia, la gestión responsable de los fondos públicos y la estabilidad política y económica del estado. En un año electoral, estas tensiones y la falta de un presupuesto adecuado podrían tener repercusiones significativas en la administración pública y en la confianza ciudadana hacia sus gobernantes.
