El Gobierno estatal continúa bajo cuestionamientos por los desvíos de Samuel García, luego de que se revelara que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ha pagado 2 mil 900 millones de pesos al Estado bajo el concepto del impuesto verde. Este cobro, que debería destinarse a proyectos ambientales, ha generado preocupación por su falta de transparencia y su impacto financiero en la paraestatal.
Desvíos De Samuel García A Través Del Impuesto Verde
Entre 2023 y 2025, Agua y Drenaje de Monterrey ha destinado casi 3 mil millones de pesos al Gobierno estatal por el impuesto verde, un gravamen que penaliza la contaminación del aire, agua y subsuelo.
El impuesto fue creado con el argumento de financiar proyectos ambientales, pero en la práctica, los recursos no han sido aplicados con claridad, y su manejo ha despertado sospechas sobre los desvíos de Samuel García.
De acuerdo con información del Consejo de Administración de AyD, el Estado cobró al organismo 426 millones de pesos en 2022, monto que se devolvió temporalmente por la crisis hídrica. Sin embargo, en 2023 el pago aumentó a 900 millones de pesos, equivalentes al 45 % de la recaudación total estatal por ese impuesto.
En 2024, AyD aportó mil millones de pesos, representando el 55 % del total recaudado, mientras que para 2025 se prevé un nuevo pago de mil millones, consolidando su posición como el principal contribuyente del gravamen.
AyD, La Mayor Afectada Por Los Desvíos De Samuel García
A pesar de que Agua y Drenaje cumple funciones públicas esenciales, el Gobierno estatal continúa considerándola una de las “mayores contaminantes”. Esta clasificación ha permitido que se le impongan montos millonarios de pago bajo el impuesto verde.
El Consejo de Administración de AyD advierte que esta situación ha comenzado a comprometer las finanzas del organismo. Las actas internas muestran un debate constante sobre la urgencia de realizar inversiones en saneamiento y modernización para reducir el monto del impuesto.
“El debate refleja una preocupación compartida sobre la gestión de los ingresos del impuesto verde y la necesidad urgente de realizar inversiones efectivas en el sistema de saneamiento”, indica el acta del 22 de agosto de 2024.
Sin embargo, hasta ahora no existen reportes oficiales sobre la aplicación de los fondos recaudados. Para muchos, el impuesto verde se ha convertido en un pretexto para vaciar presupuestos y financiar proyectos de interés político.
Estado ha "exprimido" a AyD a través del pago del impuesto verde, pues le ha cobrado al organismo alrededor de 2 mil 900 mdp, entre 2023 y 2025.#ElNorteLocal https://t.co/YR7g083E0U
— EL NORTE (@elnorte) November 4, 2025
El Marco Legal Que Exenta A Agua Y Drenaje
Los integrantes del Consejo de Administración de AyD han recordado que el cobro del impuesto carece de sustento jurídico. La Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en su Artículo 12, establece que la institución “estará exenta del pago de cualquier clase de impuesto y derechos estatales o municipales”.
Por ello, varios consejeros han calificado el gravamen como una maniobra del gobierno para obtener recursos mediante vías indirectas.
“Es la manera de ordeñar la paraestatal a través de un mecanismo como el impuesto verde, y eso está haciendo que tenga déficit al estar endeudándose”, advirtió uno de los integrantes del Consejo.
El organismo no solo ha tenido que cubrir los pagos, sino que además ha reducido su margen operativo, afectando directamente su capacidad para atender los problemas de abasto y mantenimiento de infraestructura hídrica.
Desvíos De Samuel García Impactan En El Saneamiento Y La Transparencia
La falta de claridad sobre el destino de los fondos recaudados a través del impuesto verde ha desatado críticas dentro y fuera del organismo. Consejeros, trabajadores y especialistas en gestión pública coinciden en que no existe evidencia de proyectos ambientales financiados con los 2 mil 900 millones de pesos cobrados a AyD.
Por el contrario, los desvíos de Samuel García parecen dirigirse hacia un modelo de recaudación sin control, en el que los organismos públicos son tratados como fuentes de financiamiento político.
El impacto de estas medidas no es menor. AyD enfrenta una deuda creciente y una reducción significativa en su presupuesto operativo, lo que limita su capacidad de atender los problemas de agua y drenaje en Monterrey y su área metropolitana.
Mientras tanto, el Gobierno estatal sigue sin transparentar los informes financieros sobre el destino del dinero recaudado por este impuesto.
Presupuesto 2026: Más Pagos Y Menos Inversiones
El panorama para el próximo año no es alentador. Para el Presupuesto 2026 de Agua y Drenaje, el Estado proyecta un nuevo pago de 1,162 millones de pesos por concepto del impuesto verde.
Esta cifra representa un incremento sostenido en el cobro y deja en evidencia la falta de intención del gobierno de revisar la legalidad del gravamen.
Si la tendencia continúa, AyD podría perder más de 4 mil millones de pesos en total antes de que termine el actual sexenio. Recursos que, en lugar de destinarse a mejorar el abasto, saneamiento o mantenimiento de la red hidráulica, terminan desapareciendo bajo el argumento de la “sustentabilidad ambiental”.
El cuestionamiento que hoy se repite en las mesas técnicas y políticas del Estado es el mismo:
¿A dónde va realmente el dinero del impuesto verde?
