- Una Imagen Cuidada… Y Muy Costosa
- Piden Aclarar El Origen De Los Recursos De Samuel y Mariana
- Un Gobierno Que Se Promueve Más De Lo Que Actúa
- ¿Qué Seguirá Para Samuel Y Mariana?
El discurso de austeridad del Gobierno de Nuevo León choca con la realidad digital de su pareja gobernante. Mientras el estado lidia con problemas de transporte, seguridad y contaminación, Samuel y Mariana Rodríguez destinan millones a construir su imagen en redes sociales. El gasto, de más de 8.5 millones de pesos, ha encendido la indignación pública y política.
Una Imagen Cuidada… Y Muy Costosa
Detrás de cada video de TikTok y de cada historia en Instagram hay una inversión millonaria.
Según datos publicados por El Norte, el Gobernador Samuel y Mariana Rodríguez desembolsaron 8.5 millones de pesos en tres meses para promocionar su imagen en redes.
La cifra equivale a 100 mil pesos diarios y los coloca entre los políticos con mayor gasto digital del país.
La noticia generó un eco inmediato entre ciudadanos y legisladores que cuestionan el origen de los recursos.
¿De dónde sale el dinero, si ambos aseguran que no cobran sueldo del erario?
Esa es la pregunta que persiste en el aire y que, hasta ahora, el Gobierno no ha respondido con claridad.
Piden Aclarar El Origen De Los Recursos De Samuel y Mariana
En Nuevo León demandaron al matrimonio aclarar el financiamiento de su estrategia digital y comprobar que el dinero no proviene de fondos públicos.
“Si no perciben salario, no se entiende cómo pueden gastar cien mil pesos al día solo en redes sociales”, cuestionó un legislador.
Para la diputada Berenice Martínez, de Morena, el asunto va más allá del dinero: se trata de una cuestión de ética pública.
“El Gobernador debe explicar cómo se costea esa promoción, porque el mensaje que se manda es que los recursos del estado se usan para mantener su popularidad”, advirtió.
La Brecha Entre El Discurso Y La Realidad
El contraste entre la narrativa oficial y las condiciones del estado se ha vuelto cada vez más visible.
El Gobernador Samuel García presume avances en movilidad y austeridad, pero las cifras del propio Instituto de Movilidad muestran un sistema de transporte colapsado.
Mientras tanto, los recursos fluyen hacia la construcción de una marca personal en lugar de políticas públicas efectivas.
En redes, las críticas se multiplican. Los ciudadanos comparan los 100 mil pesos diarios en promoción con la precariedad de los servicios públicos:
“El transporte no mejora, pero las fotos sí”, escribió un usuario.
La frase resume el sentimiento de frustración que predomina en la conversación digital.
Samuel Y Mariana: Más Imagen Que Gestión
Analistas políticos advierten que esta estrategia mediática responde a un modelo de gobierno basado en la popularidad inmediata y no en la gestión de resultados.
“El problema no es que se comuniquen, sino que confunden comunicación con propaganda”, explicó un especialista en comunicación pública.
Según el reporte, el gasto de 8.5 millones de pesos en redes no tiene precedente en la administración estatal.
Aunque el matrimonio asegura que se trata de una inversión privada, el contexto político y electoral en el que ocurre genera sospechas.
Un Gobierno Que Se Promueve Más De Lo Que Actúa
El escándalo por la inversión digital no es un caso aislado.
Desde el inicio de su gestión, Samuel García ha convertido las redes sociales en su principal herramienta de gobierno.
Cada obra, cada anuncio y cada evento son empaquetados como contenido visual, mientras los indicadores sociales del estado siguen estancados.
Lo mismo ocurre con Mariana Rodríguez, quien ha hecho de su perfil en redes una extensión de la oficina pública que encabeza.
Ambos han logrado mantener una presencia constante en el debate público, pero ahora enfrentan su propio dilema: cuando la imagen consume más recursos que la realidad, la popularidad se convierte en un riesgo.
¿Qué Seguirá Para Samuel Y Mariana?
El caso de Samuel y Mariana Rodríguez representa un fenómeno creciente en la política mexicana: gobiernos que invierten más en construir narrativas que en resolver problemas.
Aunque defienden su derecho a informar, los números no mienten: 8.5 millones de pesos en tres meses es una cifra difícil de justificar en un estado donde el transporte colapsa, la seguridad se deteriora y los ciudadanos pagan el precio del abandono.
Al final, la polémica no gira en torno a la publicidad, sino al mensaje que envía: en el “nuevo” Nuevo León, la transparencia cuesta más que los filtros de Instagram.
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