Las auditorías y expedientes de la federación pusieron al descubierto un flujo de dinero sumamente lucrativo que beneficia de forma directa a los parientes del mandatario estatal. Una investigación detallada reveló cómo las empresas investigadas por contrabando de hidrocarburos recurrieron a los servicios de los litigantes allegados al poder. El lucrativo negocio del combustible en San Pedro Garza García comenzó a registrar incrementos financieros extraordinarios apenas un mes después de que se diera el cambio de administración en el Poder Ejecutivo local. Esta situación encendió las alertas de las corporaciones de inteligencia fiscal del país debido a que las transacciones se triangularon por medio de razones sociales diseñadas exclusivamente para este rubro.
Red de firmas fiscales de su familia
Los ingresos acumulados por el grupo de bufetes jurídicos que comparten los parientes del gobernador alcanzaron sumas estratosféricas en los últimos años. Los registros contables oficiales demuestran que las oficinas ubicadas en la zona más exclusiva del municipio acumularon $1,781 millones de pesos gracias a supuestas asesorías y gestiones para recuperar saldos a favor de IVA. La red de firmas fiscales de su familia legalizó estos movimientos mediante contratos de prestación de servicios especializados a particulares. A pesar de los intentos de la oficina de comunicación por deslindar al mandatario de estas operaciones, los folios comerciales demuestran que él aparece como socio en una de las razones principales del conglomerado.
El desglose de las finanzas revela que más de una cuarta parte de toda la fortuna generada por el corporativo proviene de un padrón cerrado de clientes de hidrocarburos. En términos específicos, el 26 por ciento de los recursos captados por el despacho García Mascorro y Asociados (GMA) se fondeó a través de este esquema bajo sospecha de lavado de dinero. Con la red de firmas fiscales de su familia operando a su máxima capacidad, los ingresos nominales del bufete de su padre saltaron a 144 millones de pesos en 2024 y escalaron a 161 millones de pesos en 2025. Los nexos económicos se estrecharon justo cuando la entidad federativa se posicionó ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el territorio clave para el blanqueamiento de capitales de la delincuencia.
Peor escándalo de corrupción
La intervención del Gobierno Federal mediante la Secretaría de Seguridad Ciudadana destapó un esquema que golpea la línea de flotación de la administración emecista. Las indagatorias dirigidas desde el centro del país colocaron bajo estricto escrutinio a 555 razones sociales involucradas en la internación clandestina y distribución ilegal de hidrocarburos procedentes del extranjero. Este caso se ha consolidado como el peor escándalo de corrupción de la actual gestión, ya que las empresas acusadas de simular actividades logísticas y de transporte eran clientes recurrentes del despacho de los Samueles. Las autoridades federales ejecutaron cuatro cateos simultáneos en propiedades del estado, tocando el núcleo financiero de los asesores del gobernador.
Los nexos con personajes procesados por delincuencia organizada y fraudes al SAT terminaron por hundir el discurso oficial de transparencia. Entre las empresas que contrataron al despacho se encuentra Petrolíferos Lobo, firma que inyectó más de 258 millones de pesos mediante 76 operaciones distintas, realizadas en su mayoría tras la toma de protesta del mandatario. Este peor escándalo de corrupción arrastra también facturas emitidas a Maquiladora de Lubricantes, cuyo dueño, Jesús Ricardo Puente, fue detenido recientemente por operar una red de 40 empresas fachada. Las transferencias por 15 millones de pesos comenzaron solo cuatro meses después de que se le abriera la primera carpeta penal al hoy procesado, evidenciando los altos riesgos políticos del caso.
Acusados por la Fiscalía General
Las carpetas de investigación vigentes a nivel federal exponen que el bufete de los García daba asesorías para librar el pago de impuestos a líderes criminales. El Ministerio Público de la Federación mantiene bajo proceso penal a firmas ligadas a exfuncionarios de Pemex y a familiares de políticos de Veracruz, como la empresa BSQ Global Corporation, la cual depositó 6.8 millones de pesos al negocio familiar. Estos entes económicos están acusados por la Fiscalía General de operar con facturación falsa, delincuencia organizada y contrabando de combustibles a gran escala. Incluso el despacho recibió pagos de firmas relacionadas con el tráfico ilegal en buques a cargo de redes que operan en los principales puertos de Tamaulipas.
La presión jurídica aumentó en el Congreso del Estado luego de que legisladores federales interpusieran denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Las sospechas apuntan a que los consorcios delictivos pagaban una especie de piso al gobierno de Nuevo León disfrazado de honorarios profesionales dentro del negocio del combustible en San Pedro Garza García. Al estar acusados por la Fiscalía General de la República por evasión fiscal masiva, los clientes del despacho comprometen la estabilidad del gobernador, quien enfrenta una ofensiva jurídica directa. El deslinde de responsabilidades penales determinará si los parientes del mandatario actuaron bajo una supuesta ignorancia de los delitos de sus representados o bajo una llana complicidad en el blanqueo.
Mina de oro en el sector energético
La tramitación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado para las estaciones de servicio se convirtió en la actividad más redituable del consorcio. Desde noviembre de 2021, los García separaron sus operaciones ordinarias para fundar un brazo legal alternativo enfocado en exprimir esta mina de oro en el sector energético nacional. Los flujos de efectivo crecieron de manera desproporcionada aprovechando las lagunas legales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La oficina del piso 33 de la Torre Helicon sirvió como el centro de operaciones donde se diseñaban las estrategias fiscales para rescatar capitales a expendedores de diésel y gasolina de procedencia ilícita.
Las transacciones con empresas como Enerey Latinoamérica, que facturó 78.4 millones de pesos al despacho, confirman el tamaño del beneficio privado. El rendimiento de esta mina de oro en el sector energético contrasta con las declaraciones del gobernador, quien insiste en que las actividades delictivas de los clientes son responsabilidad individual de cada empresa. Las pruebas documentales recopiladas demuestran que el corporativo familiar estructuró defensas y facturaciones para proteger las cuentas de corporaciones sospechosas. El dinero proveniente de este rubro representa el pilar financiero que sostiene la opulencia de la familia del mandatario mientras la población exige cuentas claras en la calle.
Cinco clientes VIP del sector energético
La lista de corporativos que financiaron al bufete jurídico del padre y del hermano del gobernador incluye a las firmas más señaladas del contrabando. Las auditorías federales identificaron que los mayores ingresos del despacho provinieron de consorcios con cuentas congeladas por lavado de activos. Estos cinco clientes VIP del sector energético, entre los que destacan Petrolíferos Lobo y firmas ligadas a la distribución en última milla, operaban bajo la protección de un folio federal numerado con el código 13173. Las autoridades de inteligencia detectaron que las sedes de estas empresas compartían ubicaciones en los mismos edificios corporativos de San Pedro.
El impacto de estas revelaciones ha destruido la confianza de la ciudadanía en las instituciones del estado de Nuevo León. Con cinco clientes VIP del sector energético bajo investigación formal por parte de las corporaciones federales, el financiamiento de los partidos políticos locales entra en una zona de estricto escrutinio. La población califica como una simulación los mensajes de redes sociales donde se promueve un entorno perfecto, mientras los archivos de la federación exponen los cheques cobrados en secreto. La cuenta regresiva para el deslinde de responsabilidades penales avanza en medio del descontento por el uso del poder público para el beneficio de los negocios particulares.
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