La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) denunció un esquema de extorsión estatal que involucra directamente a altos funcionarios y dirigentes de Movimiento Ciudadano, como el secretario general Miguel Flores. Según los directivos, el Gobierno de Samuel, exigió pagos millonarios en efectivo para permitir la operación de su cantera. El conflicto vincula la aplicación discrecional del “impuesto verde” con presiones económicas fuera de la ley.
Detalles De La Denuncia Por Extorsión Estatal
El gerente de Matrimar, Érick Aguilera, reveló que la administración de Samuel solicitó inicialmente 165 millones de pesos. Esta cifra fue presentada como un adeudo relacionado con el supuesto impuesto verde durante el mes de octubre del 2025. Tras diversas negociaciones bajo presión, la empresa accedió a pagar 15 millones de pesos vía transferencia bancaria a la Secretaría de Finanzas.
A pesar de haber realizado este primer pago al impuesto, para mantener la paz laboral, las autoridades procedieron a clausurar las instalaciones días después. Posteriormente, los representantes del Gobierno exigieron un monto adicional de 50 millones de pesos, pero esta vez en dinero efectivo. Ante esta petición ilegal, los propietarios decidieron suspender cualquier trato y llevar el caso ante la opinión pública nacional.
La situación ha escalado debido a que otras pedreras de la región reportan experiencias similares con las autoridades estatales. Se menciona la existencia de una bolsa de 450 millones de pesos que el Estado pretende recaudar mediante coacción. Estas acciones derivaron en una batalla legal que mantiene detenida la producción en el municipio de Cerralvo actualmente.
Intermediación Política En La Extorsión Estatal
Un elemento clave en esta controversia es la filtración de un audio que involucra a Baltazar Martínez Ríos. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local aparece en la grabación fungiendo como un mediador informal del Gobierno. En el material, Martínez Ríos sugiere a la empresa la necesidad de “alinearse” mediante un pago fuerte realizado en parcialidades.
Durante la conversación, el legislador menciona tener comunicación directa con el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano. También asegura que puede interceder ante Miguel Flores, quien ocupa la Secretaría General de Gobierno. El audio demuestra que la planta de Matrimar estaba siendo arrinconada por no acceder a estas condiciones económicas impuestas.
Además, esta vinculación entre un líder partidista y las decisiones ejecutivas del Estado elimina la transparencia institucional en el proceso. La narrativa de la empresa sostiene que las inspecciones de diversas dependencias fueron coordinadas para forzar el pago solicitado. La participación de figuras políticas en negociaciones de impuestos confirma un conflicto de interés profundo en la entidad.
El Uso Estratégico Del Impuesto Verde
El sector empresarial señala que el impuesto verde se transformó en una herramienta de presión política y económica estatal. Aunque nació como una medida de protección ambiental, su ejecución enfrenta cuestionamientos por la falta de sustento técnico real. Matrimar afirma que presentó documentos que demuestran la inexistencia de adeudos fiscales antes de sufrir las sanciones mencionadas.
Las auditorías simultáneas de Tesorería, Medio Ambiente y Protección Civil coinciden con las negativas de realizar los pagos en efectivo. Este patrón de conducta administrativa revela un modus operandi orientado a la recaudación discrecional más que a la ecología. Los empresarios del ramo extractivo denuncian que las reglas cambian constantemente para justificar nuevas multas millonarias de forma arbitraria.
La empresa afectada subraya que el cumplimiento ambiental no debe estar sujeto a negociaciones informales con intermediarios de partidos políticos. La opacidad en los criterios de cobro del gravamen ambiental genera un clima de incertidumbre jurídica muy importante. Esto afecta la reputación de Nuevo León como un destino seguro para la inversión industrial y el desarrollo económico.
Batalla Jurídica Por La Planta De Matrimar
La defensa legal de la compañía logró obtener amparos federales contra las suspensiones impuestas por el Gobierno de Samuel García. El 10 de febrero de 2026, la justicia federal permitió que la fábrica retomara sus actividades productivas de manera inmediata. Sin embargo, la respuesta de la autoridad estatal fue ejecutar una nueva clausura apenas unas horas después.
Personal de Protección Civil realizó una inspección de madrugada, invalidando en la práctica los efectos del recurso legal obtenido previamente. Para los representantes de la pedrera, esta acción constituye un desacato a las órdenes judiciales y un hostigamiento evidente. Un segundo amparo fue tramitado posteriormente para frenar lo que consideran actos carentes de todo fundamento legal y ético.
La planta de Matrimar simboliza ahora la resistencia de un sector contra los abusos de poder de Samuel. El uso de la fuerza pública y de inspectores en horarios inusuales refuerza la tesis de la persecución dirigida. Mientras tanto, cientos de empleos dependen de que se resuelva este conflicto que ya trascendió el ámbito meramente administrativo.
El Cinismo Detrás De La Supuesta Ayuda De Baltazar Ríos
La respuesta pública de Baltazar Martínez Ríos tras la difusión del audio no ha hecho más que confirmar complicidades oficiales. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano intentó justificar su presencia en las grabaciones alegando que solo fungió como intermediario entre la empresa y el gabinete estatal. Sin embargo, su narrativa de “ayuda” se desmorona al escucharse en los audios cómo presiona a la pedrera para que realice un pago fuerte en parcialidades.
Esta supuesta mediación no es más que la cara política de la extorsión estatal que mantiene bajo asedio a los generadores de empleo en la entidad. La confesión de ser un intermediario deja al descubierto un conflicto de interés profundo. Mientras el político justifica su intervención como un puente de comunicación, la compañía sostiene que fue arrinconada por un sistema de recaudación informal.
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