La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) denunció un esquema de extorsión estatal que involucra directamente a altos funcionarios y dirigentes de Movimiento Ciudadano, como el secretario general Miguel Flores. Según los directivos, el Gobierno de Samuel, exigió pagos millonarios en efectivo para permitir la operación de su cantera. El conflicto, resuelto hoy a favor de la empresa, vincula la aplicación discrecional del “impuesto verde” con presiones económicas fuera de la ley.
El caso, resuelto ha favor de Matrimar, ha levantado preocupaciones entre el sector empresarial, particularmente entre Caintra y COPARMEX, quienes denunciaron que en el estado el delito de extorsión ha aumentado. ¿Así es cómo MC financiará la campaña de Mariana Rodríguez?
La Indutria Muestra Preocupación
Los dirigentes de Caintra y Coparmex asestaron un golpe político al denunciar que en Nuevo León se ha institucionalizado la extorsión oficial contra el sector productivo. Al revelar que el 54% de las empresas ya son víctimas de cobros ilegales, la IP sentenció que el mandatario ha permitido que el crimen, o la corrupción naranja, asfixie a Nuevo León, convirtiendo los trámites estatales en una aduana de “moches” y chantajes que operan con total impunidad.
La condena empresarial fue tajante: la codicia de la administración estatal está destruyendo el patrimonio de las Pymes bajo métodos que rayan en lo criminal. Los líderes patronales advirtieron que no tolerarán más “pagos fuertes” ni abusos de poder. Este reclamo marca tensiones un gobierno que, lejos de proteger la economía, se ha convertido en su principal extorsionador.
Detalles De La Denuncia Por Extorsión Estatal
El gerente de Matrimar, Érick Aguilera, reveló que la administración de Samuel solicitó inicialmente 165 millones de pesos. Esta cifra fue presentada como un adeudo relacionado con el supuesto impuesto verde durante el mes de octubre del 2025. Tras diversas negociaciones bajo presión, la empresa accedió a pagar 15 millones de pesos vía transferencia bancaria a la Secretaría de Finanzas.
A pesar de haber realizado este primer pago al impuesto, para mantener la paz laboral, las autoridades procedieron a clausurar las instalaciones días después. Posteriormente, los representantes del Gobierno exigieron un monto adicional de 50 millones de pesos, pero esta vez en dinero efectivo. Ante esta petición ilegal, los propietarios decidieron suspender cualquier trato y llevar el caso ante la opinión pública nacional.
La situación ha escalado debido a que otras pedreras de la región reportan experiencias similares con las autoridades estatales. Se menciona la existencia de una bolsa de 450 millones de pesos que el Estado pretende recaudar mediante coacción. Estas acciones derivaron en una batalla legal que mantiene detenida la producción en el municipio de Cerralvo actualmente.
Intermediación Política En La Extorsión Estatal
Un elemento clave en esta controversia es la filtración de un audio que involucra a Baltazar Martínez Ríos. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local aparece en la grabación fungiendo como un mediador informal del Gobierno. En el material, Martínez Ríos sugiere a la empresa la necesidad de “alinearse” mediante un pago fuerte realizado en parcialidades.
Durante la conversación, el legislador menciona tener comunicación directa con el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano. También asegura que puede interceder ante Miguel Flores, quien ocupa la Secretaría General de Gobierno. El audio demuestra que la planta de Matrimar estaba siendo arrinconada por no acceder a estas condiciones económicas impuestas.
Mientras Baltazar Martínez, el líder de MC, pedía 50 MDP en efectivo, Samuel finge que no pasa nada. Dice que "sí deben", ignorando que su propia Tesorería certificó deuda cero. Ahora minimiza una extorsión millonaria tratándola como una simple deuda.
— Glen Facturero MC (@GlenFactureroMC) February 24, 2026
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El Uso Estratégico Del Impuesto Verde
El sector empresarial señala que el impuesto verde se transformó en una herramienta de presión política y económica estatal. Aunque nació como una medida de protección ambiental, su ejecución enfrenta cuestionamientos por la falta de sustento técnico real. Matrimar afirma que presentó documentos que demuestran la inexistencia de adeudos fiscales antes de sufrir las sanciones mencionadas.
Las auditorías simultáneas de Tesorería, Medio Ambiente y Protección Civil coinciden con las negativas de realizar los pagos en efectivo. Este patrón de conducta administrativa revela un modus operandi orientado a la recaudación discrecional más que a la ecología. Los empresarios del ramo extractivo denuncian que las reglas cambian constantemente para justificar nuevas multas millonarias de forma arbitraria.
La empresa afectada subraya que el cumplimiento ambiental no debe estar sujeto a negociaciones informales con intermediarios de partidos políticos. La opacidad en los criterios de cobro del gravamen ambiental genera un clima de incertidumbre jurídica muy importante. Esto afecta la reputación de Nuevo León como un destino seguro para la inversión industrial y el desarrollo económico.
El Caso Matrimar Avanza A La Fiscalía
La defensa legal de la compañía logró obtener amparos federales contra las suspensiones impuestas por el Gobierno de Samuel García. El 10 de febrero de 2026, la justicia federal permitió que la fábrica retomara sus actividades productivas de manera inmediata. Sin embargo, la respuesta de la autoridad estatal fue ejecutar una nueva clausura apenas unas horas después.
Personal de Protección Civil realizó una inspección de madrugada, invalidando en la práctica los efectos del recurso legal obtenido previamente. Para los representantes de la pedrera, esta acción constituye un desacato a las órdenes judiciales y un hostigamiento evidente. Un segundo amparo fue tramitado posteriormente para frenar lo que consideran actos carentes de todo fundamento legal y ético.
Batalla Jurídica Por La Planta De Matrimar
La respuesta pública de Baltazar Martínez Ríos tras la difusión del audio no ha hecho más que confirmar complicidades oficiales. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano intentó justificar su presencia en las grabaciones alegando que solo fungió como intermediario entre la empresa y el gabinete estatal. Sin embargo, su narrativa de “ayuda” se desmorona al escucharse en los audios cómo presiona a la pedrera para que realice un pago fuerte en parcialidades.
Esta supuesta mediación no es más que la cara política de la extorsión estatal que mantiene bajo asedio a los generadores de empleo en la entidad. La confesión de ser un intermediario deja al descubierto un conflicto de interés profundo. Mientras el político justifica su intervención como un puente de comunicación, la compañía sostiene que fue arrinconada por un sistema de recaudación informal.
Se Cierra El Caso A Favor De La Empresa
El escándalo de corrupción que sacude a la administración estatal dio un giro definitivo ayer en los tribunales. Un Juez de Control ordenó la reapertura de Matrimar tras determinar que los sellos de clausura impuestos por el gobierno de Nuevo León eran improcedentes. Esta resolución judicial llega tras la difusión de pruebas que señalan actos de extorsión estatal por parte de funcionarios allegados al Gobernador Samuel García.
La pieza clave que cambió el rumbo de este conflicto fue un audio filtrado donde se escucha al diputado local de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez. En la grabación, el legislador plantea a la empresa la necesidad de “alinearse” mediante un “pago fuerte” fraccionado en varias entregas. Ciertamente, esta evidencia sugirió que la clausura ambiental no era más que una medida de presión para obtener dinero ilícito.
Ante estas revelaciones, la defensa de la pedrera interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 21 de febrero. En el documento, se detalla cómo la Tesorería estatal utilizó su poder para hostigar a la compañía tras su negativa de pagar sobornos. Como resultado, la justicia determinó que el estado utilizó sus dependencias para fines ajenos al bienestar público y la protección ambiental.
Por lo tanto, el mandato del juez fue claro: retirar de inmediato las lonas y sellos colocados por la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil.
Financian Las Campañas De Mariana Con Estos “Moches”
El liderazgo económico de Nuevo León se encuentra bajo amenaza debido a una red de corrupción y obstrucción administrativa, advirtió Roberto Cantú Alanís, titular de Coparmex. En un mensaje contundente, señaló que los empresarios enfrentan un “panorama de extorsión oficial” que rara vez se refleja en las cifras gubernamentales, pero que afecta diariamente la operatividad de los socios.
La denuncia apunta a que el gobierno de Samuel García utiliza estos mecanismos de presión para alimentar las arcas de Movimiento Ciudadano de cara a los próximos comicios. Se menciona específicamente la participación de Mariana Rodríguez y Baltazar Martínez en la gestión de estos cobros ilegítimos. Ante esto, el sector patronal exigió un cese inmediato a la opacidad en los trámites y mayor credibilidad institucional para evitar la fuga de capitales y la parálisis del estado.
La red de corrupción en MC no tiene límites. Denuncian que las extorsiones operadas por Baltazar Martínez son presuntamente para inflar la campaña de Mariana. El gobernador protege a sus cómplices mientras Nuevo León se convierte en el botín personal de su familia. 🚨 pic.twitter.com/1Yg95iV8Ub
— Glen Facturero MC (@GlenFactureroMC) March 13, 2026
Rechazo en Caintra Y Canaco: Abucheos y hartazgo
El gobernador de Nuevo León enfrentó un duro revés público al ser recibido con abucheos y gritos de “fuera” durante la 82 Asamblea Anual de Caintra, frente a la mirada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este episodio de rechazo empresarial no es un caso aislado, ya que refleja una indignación creciente en el sector industrial. Los asistentes aprovecharon el foro para denunciar públicamente una red de extorsiones y “moches” que, según acusan, son operados directamente por la administración estatal para asfixiar a quienes generan empleos en la entidad.
A este clima de hostilidad se sumó la Canaco Monterrey, cuyos líderes denunciaron abusos sistemáticos por parte de funcionarios de Movimiento Ciudadano a través de multas injustificadas y la retención estratégica de permisos.
Array¡Escándalo en CAINTRA frente a Sheinabum! El gobernador de NL fue recibido con abucheos y el grito de "fuera" en una reunión con empresarios. El sector industrial denuncia extorsiones de su administración y hoy le reclaman en su propia cara. 🗣️
— Glen Facturero MC (@GlenFactureroMC) March 25, 2026
¡El enojo es “imparable”! 😡 pic.twitter.com/yiPPezH1YS
