El reciente aumento en las tarifas del transporte público en Nuevo León ha desatado una oleada de críticas tanto de los usuarios como de los legisladores. El gobierno estatal, encabezado por el gobernador Samuel García, enfrenta cuestionamientos por incumplir su promesa de no elevar los costos, una afirmación que había sido reiterada durante su campaña y en los primeros años de su administración. Este “tarifazo”, como lo llaman los detractores, no solo ha generado descontento entre los regiomontanos, sino que también ha puesto en el ojo del huracán al secretario de Movilidad, Hernán Villarreal.
Legisladores exigen explicaciones claras
El Congreso de Nuevo León no ha tardado en manifestar su inconformidad. Legisladores de diversas bancadas han señalado la falta de transparencia con la que se tomó la decisión de aumentar la tarifa del transporte público. En particular, la diputada Claudia Caballero criticó duramente la medida, señalando que el incremento de la tarifa de los camiones verdes, de 13 a 15 pesos, se realizó sin previo aviso y sin considerar su impacto en la economía de las familias de Nuevo León.
Caballero destacó que este incremento no solo afecta a los ciudadanos de forma directa, sino que se suma a la eliminación de beneficios como los descuentos para usuarios frecuentes. Esto, afirmó, refleja una falta de sensibilidad por parte de las autoridades al no evaluar las repercusiones que estas decisiones tienen en los sectores más vulnerables. “Esta administración prometió que no se incrementarían las tarifas de transporte, y lo hizo de la forma más arbitraria y dudosa posible”, subrayó la legisladora.
El Congreso ha solicitado explicaciones al secretario de Movilidad, exigiendo que detalle las razones detrás de esta medida y, sobre todo, que presente una justificación clara y precisa. Hasta el momento, la respuesta oficial ha sido insuficiente para los diputados, quienes consideran que las acciones del gobierno estatal contradicen sus promesas de campaña.
Gobierno defiende el aumento como “necesario”
Por su parte, el gobierno estatal ha salido a justificar la medida, argumentando que el incremento en las tarifas era inevitable debido a la insostenibilidad financiera del sistema de transporte público. Según el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, mantener las tarifas anteriores habría puesto en riesgo la operación de los camiones verdes, un servicio esencial para miles de usuarios en la entidad.
“Sabemos que no es una medida popular, pero era absolutamente necesaria para garantizar la continuidad del servicio”, declaró Villarreal en una reciente comparecencia. El funcionario también señaló que el aumento se encuentra dentro de los márgenes razonables y aseguró que el gobierno está trabajando en estrategias para mejorar el transporte público, incluyendo la modernización de unidades y la ampliación de rutas.
Sin embargo, estas declaraciones no han convencido ni a los legisladores ni a los usuarios. Los críticos argumentan que la falta de transparencia en el proceso de decisión, así como la eliminación de beneficios para usuarios frecuentes, no solo afecta la economía de los ciudadanos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones estatales.
A pesar de las protestas y el descontento generalizado, ni Villarreal ni el gobernador García han dado indicios de que la medida será revisada o revertida. Esto ha llevado a los ciudadanos a cuestionar la capacidad del gobierno para atender las necesidades reales de la población.
Impacto en los ciudadanos y reacciones
El aumento en las tarifas ha golpeado especialmente a las familias de ingresos bajos y medios, quienes dependen del transporte público para sus actividades diarias. Los ciudadanos han expresado su indignación en redes sociales, calificando la medida como un golpe injusto a su ya de por sí limitada economía. “Es increíble que, en lugar de ayudarnos, nos estén quitando lo poco que tenemos”, comentó una usuaria afectada.
Además del incremento en las tarifas, la eliminación de descuentos para viajes guardados ha generado críticas adicionales. Estos descuentos representaban un alivio económico para los usuarios frecuentes, quienes ahora deben afrontar un gasto considerablemente mayor para trasladarse por la ciudad.
La indignación ciudadana también se ha visto reflejada en diversas manifestaciones y protestas organizadas en diferentes puntos de la ciudad. Los manifestantes exigen que el gobierno revise la medida y presente alternativas que no perjudiquen directamente a los usuarios. Hasta ahora, estas acciones no han recibido una respuesta contundente por parte de las autoridades.
¿Qué sigue para el transporte público en Nuevo León?
El incremento en las tarifas del transporte público y la falta de transparencia en el proceso de decisión han generado una crisis de credibilidad para el gobierno estatal. A pesar de las explicaciones ofrecidas, la percepción de que las autoridades no están cumpliendo con sus compromisos sigue ganando terreno entre los ciudadanos.
Por otro lado, los legisladores han advertido que seguirán presionando para que se esclarezcan los motivos detrás de esta medida y para que se reestablezcan los beneficios eliminados. Incluso se han planteado posibles auditorías al sistema de transporte público para garantizar que los recursos recaudados se utilicen de manera adecuada.
Mientras tanto, la población de Nuevo León continúa enfrentando las consecuencias de esta decisión, cuestionando si realmente existen soluciones viables para mejorar el sistema de transporte sin afectar a los usuarios.
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