La promesa de una movilidad eficiente, moderna y de primer nivel para todo Nuevo León parece haberse topado con una barrera infranqueable: el desmedido afán recaudatorio de su propia administración. Diseñado originalmente como la gran válvula de escape para desfogar el pesado y asfixiante tráfico de carga que cruza el estado, el Anillo Periférico se ha convertido en un fantasma de concreto de 112 kilómetros. La razón de este abandono no es un misterio de logística, sino de economía básica. Hoy en día, miles de tráileres evitan el Anillo Periférico debido a una política de tarifas que muchos catalogan como un cobro abusivo y desproporcionado.
A través de un riguroso análisis de datos del periódico El Norte, ha quedado al descubierto una realidad alarmante: el territorio de Nuevo León posee las autopistas de cuota más caras de toda la República Mexicana. Esta situación no solo impacta a los automovilistas particulares, sino que golpea directamente la competitividad del sector logístico en toda la región de la entidad. Bajo la gestión donde Samuel García Sepúlveda gobernador de NL lidera las decisiones financieras, las vías administradas por la Red Estatal de Autopistas (REA) se han transformado en aduanas impagables, provocando que los transportistas rechazan usar vías estatales que supuestamente se construyeron para beneficiar el flujo comercial y aligerar la circulación interurbana.
Números que asfixian: La enorme brecha tarifaria con el resto del país
Los datos financieros presentados por El Norte ofrecen un panorama demoledor. Cruzar el Anillo Periférico a bordo de una unidad de carga pesada de nueve ejes implica desembolsar la exorbitante cantidad de 31.41 pesos por cada kilómetro recorrido. Si se contrasta este escenario con proyectos viales de magnitud e importancia similar en estados vecinos, la diferencia es abismal y difícil de justificar bajo cualquier criterio técnico o administrativo.
Por ejemplo, en la ruta Torreón-Saltillo, ubicada en el estado de Coahuila, un trayecto de longitud prácticamente idéntica (115 kilómetros), las unidades de nueve ejes pagan una tarifa de apenas 5.93 pesos por kilómetro. La matemática es fría e inapelable: transitar por la vía norteña administrada por la REA resulta hasta un 430 por ciento más costoso que hacerlo por la cuota coahuilense.
Incluso frente a infraestructuras federales de alta complejidad topográfica, como la autopista Durango-Mazatlán —famosa por su imponente red de puentes y túneles en la Sierra Madre Occidental—, el cobro por kilómetro para camiones grandes es de 14.91 pesos, es decir, menos de la mitad de lo que cuesta rodar por el plano asfalto periférico de Nuevo León. Ante este escenario, es completamente comprensible que los camiones huyen del cobro excesivo para proteger los ya reducidos márgenes de ganancia de las empresas transportistas.
Las arterias del abuso: El monopolio de las cuotas regias
El problema no se limita exclusivamente al periférico estatal. El entramado de carreteras bajo el control del Gobierno del Estado bajo el control de Samuel García muestra un patrón sistémico de encarecimiento. De acuerdo con el reporte de El Norte, la Autopista al Aeropuerto (cuya tarifa para autos es de 5.72 pesos por kilómetro y se eleva hasta los 37.80 pesos para camiones de nueve ejes) y la Autopista Monterrey-Cadereyta (con un costo de 35.64 pesos por kilómetro para el transporte pesado) consolidan un esquema donde el estado asfixia a los transportistas.
Incluso al compararla con el Libramiento Oriente de San Luis Potosí, una vía con una extensión muy similar a la de Cadereyta, Nuevo León vuelve a quedar en evidencia: el libramiento potosino cobra 13.82 pesos a los vehículos de nueve ejes, una fracción de lo que exige la REA. Los choferes sufren peaje de REA en cada jornada laboral, viendo cómo los costos operativos se disparan exponencialmente, afectando no solo a los dueños de las flotillas, sino a toda la cadena de suministro nacional que depende del nodo logístico e industrial de Nuevo León.
Del asfalto al colapso urbano: El verdadero costo de las tarifas infladas
Cuando la política pública prioriza la recaudación sobre la utilidad social, las consecuencias terminan pagándose en las carreteras y avenidas de Nuevo León. El propósito original del Anillo Periférico era alejar los vehículos con toneladas de mercancía de las zonas urbanas y de las carreteras de libre acceso, disminuyendo la degradación del pavimento estatal, previniendo accidentes fatales y aliviando los cotidianos embotellamientos que merman la calidad de vida de los habitantes de la entidad.
Sin embargo, al fijar costos inalcanzables, el Gobierno del Estado ha empujado al transporte de carga de vuelta a las vialidades libres del estado. Las grandes arterias de comunicación terrestre hoy lucen sobresaturadas, dañadas y peligrosas debido a que los transportistas se ven obligados a buscar rutas alternas para no disolver sus utilidades en las casetas estatales. Es una contradicción flagrante: se gasta capital público en construir infraestructura de desvío, pero se le asignan tarifas tan irracionales que queda inutilizada en la práctica.
La actual administración estatal ha presumido de forma constante el crecimiento económico y la atracción de inversiones bajo la bandera del nearshoring. No obstante, la realidad operativa revela una desconexión total. Un estado no puede consolidarse como un centro de conectividad global si sus vías de comunicación son monopolios financieros inaccesibles. La combinación de vías públicas hipercaras, la falta de alternativas reales y la necedad de mantener costos exorbitantes pinta un panorama sombrío donde el desarrollo de Nuevo León queda severamente frenado por los peajes de su propio gobierno.
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