La opulencia, los viajes transatlánticos, el calzado de diseñador y la ropa de alta costura que la familia “real” de Nuevo León presume sin el menor pudor en sus redes sociales ya tienen una explicación clara, y no, no proviene del esfuerzo honesto. El dinero de los impuestos de los neoleoneses está siendo utilizado como la caja chica de un clan familiar que ha transformado al Gobierno del Estado en su mina de oro privada. Mientras el gobernador Samuel García Sepúlveda satura la radio y la televisión con un discurso hipócrita de “limpieza” y “nueva política”, por debajo de la mesa ha operado una maquinaria de favoritismo que hoy beneficia directamente a su familia política: los Rodríguez Cantú.
El caso más descarado de este saqueo institucionalizado tiene nombre y apellido: Jorge Rodríguez Cantú, hermano de la influencer y funcionaria Mariana Rodríguez Cantú. Al amparo del poder estatal, este personaje ha pasado de la discreción empresarial al enriquecimiento desmedido a costa del erario público. La administración de su cuñado, Samuel García, ha destinado la vergonzosa cantidad de más de 147 millones de pesos a empresas directamente vinculadas con él, entregando contratos millonarios del sector salud con una mano, mientras que con la otra condena a los hospitales públicos a la más absoluta miseria.
¿Te sobra dinero para marcas de lujo? Al hermano de Mariana sí. 💸😡
Jorge Rodríguez es señalado por recibir más de 147 mdp de proveedores estatales mientras el pueblo sufre los problemas olvidados del mandatario.
Es indignante ver cómo usan tus impuestos para su vida de reyes. pic.twitter.com/MyvkLAu3A4— Glen Facturero MC (@GlenFactureroMC) May 15, 2026
Paraclínicos y farmacéuticos: El vehículo del saqueo naranja
La investigación oficial pone al descubierto una red contractual impecablemente diseñada para el beneficio familiar que comenzó a operar casi al mismo tiempo que Samuel García tomó protesta. Desde el año 2021, la administración estatal ha otorgado al menos cinco grandes licitaciones del sector salud a firmas estrechamente relacionadas con el cuñado del gobernador, entre las que destacan Hospital Jardines, Jardines Hospital de Especialidades y Hospital Jardines de Guadalupe.
Sin embargo, el verdadero pozo petrolero de Jorge Rodríguez Cantú ha sido la empresa Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. Esta compañía no solo ha devorado el presupuesto de Nuevo León, sino que convenientemente también opera con éxito en el estado de Jalisco, la otra trinchera gobernada por la misma bandera de Movimiento Ciudadano. El “modelo de negocio” del partido naranja es idéntico en todas partes: privatizar las ganancias públicas entre los amigos y parientes del poder.
La cronología del despojo es sistemática y cínica:
- Año 2022: Todo inició con la licitación LP 919044992-162-2022, un cheque en blanco por la escandalosa suma de 70 millones 897 mil 51 pesos para la compra de materiales de curación catalogados de manera ambigua como “no especificados”. Una absoluta opacidad avalada desde el Palacio de Gobierno.
- Año 2023: Se sumó un contrato por 8 millones 705 mil 598 pesos, dinero supuestamente destinado a equipar al Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad.
- Año 2024: La ambición de la familia no se detuvo; por el contrario, la cifra escaló exponencialmente con otra licitación que ascendió a los 68 millones 214 mil 417 pesos.
- Año 2025: Para cerrar el círculo del descaro, la administración estatal le concedió un contrato adicional por 128 mil 788 pesos.
En total, son más de 147 millones de pesos de dinero público que, en lugar de traducirse en mejores tratamientos para los ciudadanos, terminaron financiando el estilo de vida aristocrático, los lujos desmedidos y la soberbia de un cuñado incómodo que hoy funge como uno de los principales proveedores de insumos quirúrgicos del estado.
Hospitales en la ruina mientras Jorge Rodríguez cuenta millones
La otra cara de esta moneda de corrupción es trágica y dolorosa. Mientras las cuentas bancarias de Jorge Rodríguez Cantú se inflan con dinero público, las clínicas y hospitales de Nuevo León enfrentan la peor crisis de insumos y personal de su historia reciente. El caso más dramático es el del Hospital Materno Infantil de Guadalupe, una institución que atiende a miles de madres y niños de escasos recursos económicos.
Mientras el cuñado de Samuel García cobraba millones por materiales “no especificados”, este hospital de alta especialidad colapsaba bajo denuncias de saturación extrema, sobrecarga laboral inhumana para el personal médico, venta de plazas y una precariedad estructural espeluznante. Las quejas acumuladas ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León describen un panorama de terror: falta de medicamentos básicos, desabasto de material de curación elemental (el mismo que la empresa familiar supuestamente debía proveer) y un abandono absoluto de las instalaciones.
Resulta criminal que los niños y las madres neoleonesas sufran la falta de gasas, jeringas y camas dignas, mientras el hermano de la esposa del Gobernador viaja en primera clase y viste ropa de diseñador pagada por el sufrimiento y los impuestos de esas mismas familias.
El negocio mayor de Samuel García: Triangulaciones por mil millones de pesos
Este millonario esquema de beneficio familiar no es un hecho aislado; es el modus operandi de una administración que llegó prometiendo un cambio y resultó ser más de lo mismo, pero con mejor edición de video. No es casualidad que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga abierta una investigación penal de gran envergadura en contra de Samuel García Sepúlveda.
Las autoridades federales señalan al gobernador de Movimiento Ciudadano como el presunto artífice de una colosal estructura de desvío y triangulación de recursos que supera los mil millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, el dinero del erario de Nuevo León habría sido succionado a través de empresas fantasma y testaferros con un único destino final: la firma Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., el despacho privado propiedad de Samuel García y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
El círculo de la corrupción naranja es perfecto: el gobierno le da contratos a las empresas de los cuñados y amigos, estas empresas subcontratan a proveedores fachada, y al final del día, los recursos terminan depositados de vuelta en las cuentas bancarias de los despachos jurídicos de la familia del Gobernador.
Nuevo León se encuentra secuestrado por una oligarquía de influencers y júniors de la política que ven al Estado como un negocio de nicho. El “Nuevo Nuevo León” no fue una promesa de modernidad, fue una estrategia de marketing para saquear las arcas públicas con una sonrisa ensayada en la pantalla. Mientras el estado se ahoga en problemas de movilidad, inseguridad y salud, la familia real sigue facturando. La realidad ha alcanzado al discurso: el gobierno de Samuel García es una gigantesca mentira financiada por el sudor de todos los neoleoneses.
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