Han pasado seis meses desde que finalizaron las obras de rehabilitación del Par Vial Constitución-Morones Prieto, dañado por la tormenta ‘Alberto’, y el Gobierno de Nuevo León aún no ha liquidado la totalidad del pago a las empresas constructoras que ejecutaron los trabajos. De los 478 millones de pesos que costaron las reparaciones, apenas el 50% ha sido cubierto, mientras que algunas constructoras han recibido pagos parciales recientemente.

Constructoras esperan pagos pendientes tras Alberto
Ante la emergencia causada por ‘Alberto’, diversas empresas constructoras intervinieron para rehabilitar las vialidades afectadas bajo el compromiso de que el Gobierno del Estado cubriría los costos en cuanto obtuviera los recursos. Sin embargo, a medio año de concluidas las obras, el pago sigue incompleto. La falta de liquidez en la administración estatal ha dificultado la liquidación total, lo que genera incertidumbre entre los empresarios del sector.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha manifestado su preocupación por la situación, alertando que el retraso en los pagos podría impactar negativamente en futuros proyectos de infraestructura. Además, no se ha informado sobre la llegada de apoyo federal para la recuperación de desastres, lo que podría agravar el problema financiero del Estado.
Crisis financiera estatal
La falta de pago a las constructoras es solo un reflejo de la crisis financiera que atraviesa Nuevo León. Según expertos en economía, el Gobierno estatal ha enfrentado dificultades en la administración de recursos, lo que ha derivado en retrasos en diversos compromisos financieros. La deuda con las constructoras asciende a 239 millones de pesos, lo que representa un problema significativo en la gestión de infraestructura y servicios públicos.
Este problema ha generado críticas sobre la manera en que el Gobierno estatal maneja sus finanzas. Mientras algunos sectores señalan un abuso de confianza por parte de la administración al retrasar los pagos a empresas privadas, otros consideran que la situación responde a la falta de recursos federales. En cualquier caso, la incertidumbre crece entre los empresarios, quienes dependen de estos pagos para continuar con otros proyectos de construcción.