El presidente Donald Trump, conocido por su postura firme a favor de la pena de muerte para traficantes de drogas, ha dado un giro que pocos esperaban. El Departamento de Justicia decidió no buscar la ejecución contra algunos de los capos más poderosos de México, incluyendo a Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.
Este cambio marca un contraste con su discurso de campaña, cuando prometió mano dura contra el narcotráfico. Ahora, los acusados enfrentan solo dos opciones: negociar un acuerdo o ir a juicio, algo que podría tardar hasta 2026 o 2027.
El gesto se produce días después de que The New York Times revelara que la Casa Blanca instruyó al Pentágono a usar la fuerza contra cárteles extranjeros. Sin embargo, el mensaje de clemencia enviado por el Departamento de Justicia cambia el panorama judicial de estos casos de alto perfil.
Los abogados de los capos celebraron la decisión. Frank Perez, defensor de El Mayo, calificó la medida como “un paso importante hacia una decisión justa”. Kenneth Montgomery, abogado de Carrillo Fuentes, dijo que su cliente está “profundamente agradecido”.
Quitó La Pena De Muerte Y Marca Un Cambio En La Línea Dura
Este movimiento rompe con la narrativa del trumpismo sobre la pena de muerte. En 2022, Trump prometió una ley para ejecutar a todos los traficantes de drogas, alegando que sus acciones matan a cientos de personas durante su vida criminal. Incluso, en su retorno al poder, firmó órdenes ejecutivas para reforzar la pena capital en casos federales, especialmente contra quienes asesinaran a policías.
Uno de esos casos es el de Caro Quintero, acusado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Durante décadas, Estados Unidos lo ha perseguido, y su captura fue considerada una victoria clave en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, con esta decisión, la ejecución queda fuera de la mesa.

La última ejecución federal en Estados Unidos fue en enero de 2021, cuando Dustin John Higgs murió por inyección letal. Con Joe Biden, se impuso una moratoria y se conmutaron sentencias de varios presos del corredor de la muerte. Trump buscaba revertir esto, pero este giro muestra una estrategia más pragmática.
El Caso De El Chapo Guzmán
Mientras algunos capos reciben señales de clemencia, Joaquín “El Chapo” Guzmán vive una realidad muy distinta. El exlíder del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua, denunció esta semana que las autoridades del penal de máxima seguridad de Florence, Colorado, le impiden comunicarse con su nuevo abogado.
En una carta manuscrita al juez Brian Cogan, Guzmán asegura que lleva meses sin poder recibir llamadas ni correspondencia de su defensa. Pese a sus quejas, el juez respondió que no puede intervenir y lo instó a dirigirse al Buró Federal de Prisiones.
En paralelo, sus hijos negocian con el Gobierno estadounidense. Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, se declaró culpable el mes pasado, mientras que Joaquín Guzmán López continúa buscando un acuerdo. La caída de la pena capital podría abrirles la puerta a sentencias más reducidas.
Disputa Legal De Los Capos Mexicanos En Estados Unidos
La batalla judicial contra los 29 capos entregados por México a Trump comenzó con fuerza, pero hoy se mueve entre la presión política y los acuerdos estratégicos. La decisión de retirar la pena de muerte contra figuras como El Mayo, Caro Quintero y El Viceroy no significa su libertad, pero sí redefine el tipo de castigo que podrían recibir.
Este viraje podría estar motivado por el valor que tienen como fuentes de información. Sus testimonios pueden ayudar a trazar un mapa sin precedentes sobre la estructura del narcotráfico y su relación con el poder político en México. El Departamento de Justicia parece inclinarse hacia obtener inteligencia más que ejecutar sentencias ejemplares.
Aun así, el cambio de postura deja en entredicho las promesas electorales de Trump y evidencia que, en el terreno judicial, las estrategias pueden cambiar según convenga al interés del Gobierno. El caso de estos capos podría convertirse en un precedente para futuras negociaciones con figuras del crimen organizado.
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